Las postales de la inseguridad protagonizada por la delincuencia cubren tupidamente las últimas décadas de la Argentina. Desde los 90 que venimos llenando álbumes entero de víctimas del delito. Las recurrentes olas delictivas salpicaron a miles de familias argentinas. Las modalidades fueron muchas, desde el robo a mano armada, pasando por el secuestro extorsivo y hasta la entradera violenta.

Muchas fueron las voces que se alzaron advirtieron sobre este fenómeno. Una de ellas fue la de Juan Carlos Blumberg, quien allá por 2004 gritó fuerte por el final de los secuestros que terminaron con la vida de su hijo Axel. Blumberg pedía castigo y cárcel para los asesinos de su hijo. Y pedía endurecer las penas, como finalmente accedió el entonces presidente Néstor Kirchner. Por entonces, hace casi 10 años atrás, Juan Carlos Blumberg también hablaba de los menores y de la necesidad de darles más castigo, más penas.

Pasan los años y seguimos hablando de los delincuentes y la ola de inseguridad que agitan. Pasan los años y continuamos con el debate por la imputabilidad de los menores. Como en aquel entonces cuando el caso de Axel Blumberg sacudía al gobierno de Kirchner, hoy el caso de Brian Aguinaco golpea a las puertas de la gestión de Mauricio Macri.

Pero lo hace con algunas diferencias. Por entonces Néstor Kirchner atendió lo reclamos de ese padre desesperado ante una presión pública que hoy, con el episodio del chico baleado en el auto de su abuelo, no se advierte con tanto peso y con tanta interpelación al gobierno actual. Los vecinos destrozando una comisaría exigiendo justicia apenas si conmovieron a las autoridades.

En coincidencia con este episodio y por motivos que más adelante vamos a analizar, la actual gestión decidió reinstalar el debate por la imputabilidad de los menores.

Lo que les proponemos nosotros es analizar el asunto con los números sobre la mesa

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Primero digamos que la cantidad de menores que comete delitos es ínfima. En ese sentido, los números de UNICEF son clarificadores:

Según el informe 2015 sobre menores detenidos, se contabilizaron 3.908 menores infractores y presuntos infractores a la ley penal de hasta 17 años, alojados o incluidos en distintos programas en toda la Argentina. ¿Cuánto representan del total de los jóvenes argentinos de esa edad? Muchísimo menos del uno por ciento: el 0,14% de todos los pibes que viven en la Argentina y que tienen entre 14 y 17 años.

Otro dato: casi todos los menores detenidos por un delito tienen entre 16 y 17 años. Y representan la mayoría de los denominados pibes chorros: 48,7 por ciento, contra el 41 de los que ya son mayores de 18 años pero que aún son considerados jóvenes. ¿Y cuánto representan los menores alojados en cárceles especiales e institutos con menos de 16 años Apenas el 10,5. Quiere decir que el problema del delito juvenil en la Argentina, al menos en cuanto a detenidos, está concentrado entre los pibes de 16 años en adelante.

En cuanto a los delitos cometidos, la mayoría de los menores detenidos en la Argentina cometieron algún delito contra la propiedad, el 55 por ciento. Y en un 26% fueron detenidos por homicidio o intento de matar a alguien, como en el caso de Brian, el chiquito que murió por el balazo en la cabeza que le dio otro menor.

Otro dato revelador es que la mayoría de los pibes detenidos lo están por delitos por los cuales podrían ser condenados pero aún no tienen sentencia: el 80 por ciento. Y los menores detenidos que no son punibles por su minoridad es de apenas del 14 por ciento. Los problemas pueden estar en la calle, pero es la Justicia la que acá vuelve a aparecer como corresponsable de que, justamente, no haya justicia eficiente, en tiempo y forma.

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Al hablar de cómo tratar penalmente a los menores que delinquen, instituciones como UNICEF aceptan el argumento del actual gobierno. La actual normativa es de tiempos de la última dictadura militar.

Como pasó con la Ley de Medios en 2009, que una propuesta de nueva ley se achaque al oportunismo del gobierno de turno no quiere decir que el fondo del asunto no tenga razones para debatirse. Si coincidimos que por entonces el kirchnerismo planteó la discusión por una nueva ley para los medios de comunicación en medio de la guerra con Clarín, bien podríamos pensar que hoy el macrismo instala la discusión en las puertas de un año electoral, en el que estos temas suelen agitarse con el sentido del beneficio electoral.

Pero no nos detengamos ahí: el consenso es que hay que discutir un nuevo régimen penal para los jóvenes argentinos que delinquen.

Como bien advierte UNICEF, esta discusión debe encuadrarse en la adhesión de la Argentina a la Convención sobre los Derechos del Niño. Sus artículos 37 y 40 refieren a los derechos y garantías puntuales que tienen los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Dicha normativa señala entre otras cosas: que debe considerarse a la privación de la libertad de un niño, niña y adolescente como una medida de último recurso.

Pasando en limpio este debate, digamos que de aquellos reclamos de Blumberg a hoy quedó claro que el endurecimiento de las penas no redundaron en un combate efectivo de la delincuencia. Esto nos lleva a pensar que hoy, bajar la edad de imputabilidad de menores, por sí sola tampoco redundará en que haya menos pibes chorros, robando casas o asaltando gente por la calle. Bajar a 14, 13, 12, 11 o 10 años la edad de imputabilidad poco efecto podrá lograr entre los menores que cometen delitos si, primero, no hacemos algo con los que ya están detenidos.

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Las actuales condiciones de detención, tanto de pibes como de adultos, son un verdadero trampolín para volver a delinquir. ¿Ustedes saben que tipo de reeducación y resocialización están haciendo las cárceles e institutos que alojan a grandes y chicos que cometieron un delito?

Lo poco o mucho que sepamos hablar de que cárceles e institutos de menores, al menos los argentinos, claramente no están a la altura de semejante desafío. Como señala el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos humanos advierte que no se puede volver a bajar la edad de imputabilidad.

¿Ustedes sabían que la Argentina tuvo imputabilidad a los 14 años en la década de 1920? El CEPOC advierte que no se puede regresar una normativa a lo que fue en su momento. También remarca que, detrás de que se bajen las edades de imputabilidad de menores, está el deseo a veces oculto y a veces no de que al que delinque se lo ponga a la sombre sin más. Que no se lo vea, aunque esté alojado injustificadamente y en condiciones deplorables.

Es cierto que los pibes que delinquen violan la ley. Pero también hay que pensar qué tanto cumplió la legislación el propio Estado para garantizarles derechos básicos a esos chicos.

¿Conocen alguna estadística que hable de las condiciones de vida de los menores que delinquen? Los números son claros: no todos los pobre son delincuentes, pero la gran mayoría de los pibes que salen a robar reúnen condiciones de marginados sociales, por no tener acceso a agua segura, cloaca, vivienda digna, educación de calidad, no acceden a actividades recreativas, no se van de vacaciones… su futuro no existe.

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Una pregunta oportuna que se hace el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos humanos es: Si hoy el Estado no se puede hacer cargo de los centro de detención alojamiento de menores, ¿cómo se hará cargo de los nuevos lugares que habrá que disponer para alojar a pibes de 15 y 14 años detenidos?

Para concluir digamos que, como en el caso del narcotráfico, en materia de delito se da una situación similar. Porque mientras en la Argentina se sigue persiguiendo al que tiene droga para el consumo personal, grandes bandas de narcotráfico se armaron, crecieron y coparon territorio e instituciones policiales. En el caso de la delincuencia en general, tanta energía para castigar a los más chicos no parece equilibrada por dar con quienes los reclutan para el delito. ¿Por qué, entonces, en vez de más penas para menores, no decidimos darle más duro con la cárcel a los que reclutan menores? Tal vez si desalentamos a los vivos que usan a pibes para robar, no tengamos que darle un chirlo judicial a un chico que fue a robar como nosotros íbamos a hacer los mandados cuando nuestros padres nos hacían ir de compras al almacén. En esos años, ¿quién era el responsable de que vayamos a comprar el pan y la leche? ¿Nosotros o nuestros viejos?

Al menor que mató de un balazo a Brian Aguinaco, seguramente lo instigó directa indirectamente su padre narco. Si a ese padre, una mula de los narcos peruanos quien purgó condena por traficar droga, la ley le hubiese hecho entender lo mal que está delinquir, tal vez su hijo no hubiese delinquido. O por lo menos lo hubiese entregado, en vez de ayudarlo a escapar.

Si vamos a discutir, hagámoslo con los pies en la tierra y no haciendo la vertical.