La Justicia de la provincia de Córdoba aceptó que la Fundación Centro de Protección Familiar sea parte del proceso, bajo argumentos jurídicos tanto del ámbito nacional como internacional.
Un fiscal de Córdoba admitió por primera vez que en un caso de femicidio sea querellante una ONG. Martín Bertone consideró que ese delito, además de afectar directamente a la víctima de la causa, trasciende al resto de la sociedad. Para el fiscal de Instrucción de Cosquin, la intervención de la organización asegura el acceso a la Justicia, la transparencia del proceso, la prevención y a la asistencia de potenciales víctimas.
Bertone investiga el femicidio de Yamila Candela Garay (21), quien fue hallada asesinada, con una soga alrededor del cuello, en una cantera situada entre la localidad de Huerta Grande y la ciudad de La Falda.
Por el delito de «homicidio calificado agravado por relación de pareja sin mediar convivencia», fue detenido su ex novio, Lucas Di Giovanni (28), de quien se había separado.
Una de las razones que reforzaron la decisión de que la ONG se presente como querellante en el juicio es que nadie de la familia de joven asesinada se presentó, por lo que la acusación es impulsada por el fiscal Bertone, quien ahora admitió para ese rol a la Fundación Centro de Protección Familiar que, de no mediar oposición de la defensa, actuará también para avanzar en la causa.
En diálogo con Diego Corbalán en FM Milenium, la presidente de la entidad, Karina Lucero, se mostró conforme con la decisión: «Estamos muy contentos, es la primera vez que una organización no gubernamental se va a constituir como querellante en una causa por femicidio».
Además, remarcó sobre la necesidad de que la Justicia amplíe los criterios para considerar femicidio aquellos asesinatos por cuestión de género: «Estamos viendo que son pocos los casos judiciales en los que se dictan condenas por femicidio, en general se aplican otras figuras penales y nosotros queremos que la Justicia empiece a reconocer en los fallos los femicidios».
Otro de los argumentos para permitir que la ONG sea querellante radican en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, de la ONU, que indica que hay «seis componentes esenciales y relacionados entre sí -justiciabiliad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, rendición de cuentas y suministro de recursos a las víctimas-, todos necesarios para asegurar el acceso a la justicia».
