El ataque a periodistas que cubrían las protestas contra el proyecto del gobierno desnuda el estado de indefensión de los profesionales de la comunicación y pone en riesgo la plena libertad de expresión, uno de los valores más preciados desde la recuperación democrática en 1983.
Los tristes sucesos registrados recientemente en la Argentina desnudan una realidad de violencia que subyace en nuestro país.
Es un clima violento, en estado líquido atrapado entre las capas de lo poco que queda de terreno firme de instituciones democráticas. Ese magma ardiente está llegando a la superficie. Su calor abrasivo fue percibido con toda crudeza en el agitado debate por la reforma previsional.
El proyecto apurado por el oficialismo no hizo más que exacerbar dicho humor violento que explotó frente al Congreso. Y fueron justamente grupos violentos, foquistas pero no menos agresivos, que hicieron de las suyas y arremetieron contra las fuerzas de seguridad, las cuales matizaron la violencia con represión inusitada y con preocupantes violaciones a los ya endebles protocolos de represión en caso de protestas callejeras.
Un cuadro dantesco con pinceladas criollas.
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La Argentina ocupa el puesto número 54 del ranking mundial de libertad de expresión que elabora Reporteros Sin Fronteras. Afortunadamente nuestro país no ostenta estadísticas de periodistas muertos o detenidos. Pero en estas tierras se vienen dando hechos como los registrados en 2016 contra medios como Tiempo Argentino y Radio América, cuando una patota irrumpió para desalojar a los trabajadores que sostenían una cooperativa ante la fuga del empresario Sergio Spolski. Hace un año, además las oficinas de las revistas Anfibia y Cosecha Roja fueron robadas y su mobiliario destrozado.
Sin embargo, este año la violencia dio un paso más contra los periodistas.
El colega Julio Bazán fue recientemente agredido de manera artera por manifestantes anti gobierno. Otros periodistas también fueron atacados durante las marchas, como el fotógrafo del diario Ámbito, Ignacio Penuchi, con balazos de goma de la policía, uno en su cabeza y el cronista Mauro Fulco, de C5N con el impacto de una bomba de estruendo en su cabeza. También fueron atacados Sebastián Domenech de la señal TN, en tanto que el cronista Mariano Rinaldi, de Radio Latina y dos fotógrafos de Página/12 recibieron sendos balazos de goma por parte de las fuerzas de seguridad
Es cierto: los periodistas no somos el ombligo del mundo; no fuimos los únicos violentados; pero cuando en un país los profesionales de la comunicación salen a la calle a cumplir su tarea y vuelven golpeados o baleados, algo no anda bien.
Difícilmente los periodistas nos amedrentemos por la violencia en las calles. Nuestra tarea se va a seguir haciendo y la vamos seguir poniendo el cuerpo.
La pregunta es por la violencia, expresada de múltiples maneras y generalmente de menor a mayor. No estamos en una crisis ni económica ni política, créanme. No estamos en 2001 ni en 1989; pero sí estamos en tiempos violentos, en un clima de odio verbalizado que no se había expresado abiertamente en lo físico; hasta ahora.
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Ante este escenario, cabe preguntarse por las responsabilidades el asunto. De parte de los violentos, no quedan muchas dudas: el que viola la ley que pague ante la justicia.
Ahora bien: ¿Qué le queda a los poderes públicos? Sin dudas, le cabe la máxima responsabilidad. Lamentablemente, las fuerzas de seguridad vienen protagonizando numerosos episodios de violencia, con excesos flagrantes en ejercicio de tareas de prevención y represión. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por «el uso desproporcionado de la fuerza».
Ya en el año 2013, Reporteros Sin Fronteras denunciaba amenazas y agresiones de las policías provinciales contra periodistas en las provincias de Santa Fe, Tucumán, Jujuy, Neuquén, La Rioja y Santiago del Estero.
Ese mismo año, en tiempos del kirchnerismo para todos y todas, una redada de la Gendarmería irrumpía en la revista La Garganta Poderosa, en la villa Zabaleta. También en 2013, una violenta represión de la entonces policía Metropolitana cargó contra periodistas y legisladores porteños, durante el intento de desalojo de los terrenos del hospital Borda. Asimismo, hubo efectivos de esa fuerza, hoy absorbida por la Policía de la Ciudad, que estuvieron involucrados en el grave desalojo de la Sala Alberdi del Teatro San Martín, hecho durante el cual tres reporteros gráficos resultados heridos con balas de plomo.
Demás está decir que, mientras se daban estos ataques físicos contra periodista, la Gendarmería de tiempos del kirchnerismo ponía en marcha el nefasto Proyecto X de espionaje multidimensional, escudriñando los aparatos tecnológicos de periodistas y opositor de todo pelaje.
Si hoy queremos juzgar a la Gendarmería por Santiago Maldonado y por la represión en el Congreso, no podría quedar de lado esta serie de datos de historia reciente sobre una de las fuerzas que mejor está al servicio de los gobiernos de turno, especialmente obsesionada con la prensa.
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Nada de lo dicho justifica a los violentos del Congreso, los del lado de afuera y lo del recinto. Pero lo señalado debe servir para saber quién los enfrenta en nombre del Estado y con qué legitimidad. En tiempos violentos, las responsabilidades deben multiplicarse.
Para hablar de estos tiempos violentos criollos hicimos foco en los periodistas y vuelvo a pedir disculpas por la autorreferencia. Es que cuando nuestra profesión y nuestra integridad está amenazadas, muestra mucho de ese a veces invisible odio social; invisible pero presente. Ese mismo que se alimentó durante el kirchnerismo, con campañas difamatorias contra los periodistas que criticaban a aquel gobierno, por ejemplo, por la Ley de Medios.
Lo violento, aunque sea verbal y simbólico, es susceptible de pasar a ser una agresión física, como lamentablemente acabamos de observar con pavor, amargura y preocupación.
El ataque contra el periodismo es una agresión contra la libre expresión de la sociedad, no solo de los periodistas.
Cuando José Luis Cabezas fue asesinado hace 20 años por la maldita policía bonaerense, quedaba en claro el estado de indefensión en el que el periodismo desplegaba su tarea ante un poder político y empresario omnipresente y asesino.
A dos décadas de aquel trágico suceso, hoy nuestra profesión vive su propia enfermedad. El cierre de medios, la precarización laboral y la crisis del periodismo como verdadero vehículo de revelación de la verdad, hace que nuestra profesión hoy esté en serios problemas, salpimentados por la violencia física contra los trabajadores de prensa.
Proteger al periodismo de estas amenazas no será un simple gesto solidario sino un verdadero acto de responsabilidad democrática que tanto los poderes políticos como la sociedad deben entender como acción necesario, para no quedar privados de la verdad ante una realidad que es necesario indagar y revelar.
