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Paraguay: "La erradicación de la violencia sólo podrá lograrse volviendo visibles los casos"

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura investiga los abusos en las cárceles, donde 8 de cada 10 presos carecen de condena. Este índice ubica el país en el primer puesto de América y el cuarto del mundo en el ámbito de las detenciones arbitrarias.

por Lucio Casarini
«Unos diez policías hacían una especie de túnel donde los detenidos eran golpeados al ingreso de ese lugar; luego los hacían tirarse al suelo y si miraban o levantaban la cabeza eran pateados, golpeados con tonfas o recibían culatazos; después de un largo tiempo eran registrados y llevados».
Dante Leguizamón, abogado y miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la República del Paraguay, relató de esta forma a la prensa las agresiones cometidas por las fuerzas estatales contra personas desarmadas, indefensas y en actitud pasiva. El episodio ocurrió el 1° de abril de 2017, en Asunción, la capital, después de una protesta frente al Congreso, durante el debate parlamentario sobre la reelección presidencial.
La narración refiere un escándalo que conmovió la opinión pública y todos los poderes, pues puso en evidencia cómo ocurre el ingreso al sistema de privación de la libertad; un camino incierto que puede derivar en el calabozo, la cárcel y otros dispositivos de encierro; la enorme mayoría de las veces sin un juicio de por medio; por tiempo indeterminado; en condiciones que suelen volverse inhumanas.


 
El Mecanismo de Prevención de la Tortura, una institución autárquica del Estado creada en 2011 y con sede central en Asunción, tiene el desafío de investigar, denunciar y prevenir la violencia en ese y otros contextos. El funcionamiento de la entidad está basado en el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
«La población penitenciaria se ha duplicado en la última década», calcula Elizabeth Flores, igualmente abogada e integrante del MNPT, en el Informe Anual de Gestión publicado recientemente en la página oficial (Mnp.gov.py). «Los hechos punibles contra la propiedad y el microtráfico de estupefacientes encabezan el ranking de las transgresiones sometidas al confinamiento».


De los 14.326 paraguayos, hombres y mujeres, privados actualmente de su libertad, unos 11.000 carecen de veredicto judicial; esto significa que el 77 por ciento, prácticamente 8 de cada 10, es inocente en términos legales. Tales cifras sitúan el país en el primer puesto de América y el cuarto del mundo por la cantidad de detenciones arbitrarias, según el Instituto de Investigación sobre Política Criminal de la Universidad de Londres (Icpr.org.uk). Esta aberración se conoce en el lenguaje jurídico como abuso de la prisión preventiva.
Otro problema grave es el hacinamiento. Los 14.326 paraguayos presos están alojados en instituciones con capacidad para 9.511 individuos. De los 18 penales del país, el 90 por ciento registra exceso de internos: un 65 por ciento padece sobrepoblación crítica y un 25 por ciento sobrepoblación —a secas—.
«La erradicación paulatina de los casos de tortura y malos tratos solo podrá lograrse volviéndolos visibles, transparentando la opacidad que rodea los hechos observables», dice José Antonio Galeano, igualmente abogado y miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el Informe mencionado. «Son necesarias acciones que ya no se centren solo en la cultura del encierro, sino que persigan y articulen sistemas más creativos», sugiere, por otra parte.


El infierno de las cárceles paraguayas tiene como marco la violencia de la sociedad, que hereda una historia nacional en la que se destacan, entre infinidad de episodios, dos guerras y una dictadura. La llamada Guerra contra (o de) la Triple Alianza, ocurrida entre 1865 y 1870, es considerada el conflicto bélico más mortífero de América Latina. Se calcula que Paraguay, que fue derrotado, disminuyó de 500 mil a unos 150 mil habitantes como consecuencia de las matanzas, el hambre y las enfermedades. Otra contienda atroz fue la Guerra del Chaco, librada contra Bolivia entre 1932 y 1938. La dictadura del general Alfredo Stroessner, finalmente, que se extendió desde 1954 hasta 1989, participó del llamado Plan Cóndor, que ensangrentó el continente.
«Llevar adelante un sistema de visitas a lugares de privación de libertad, elaborar informes que aporten elementos relevantes para la prevención, identificando factores de riesgo, fallas del propio sistema y elementos de vulnerabilidad, y proponiendo, a través de recomendaciones, las acciones posibles para revertir estos elementos», sintetiza Lourdes Barboza, otra abogada e integrante del MNPT, respecto de los desafíos de esta institución.

Vigilar y castigar

Amnistía Internacional denuncia que las cárceles paraguayas incumplen los estándares mínimos y están en condiciones «deplorables». Las atrocidades que menciona la organización con sede central en el Reino Unido incluyen violencia, hacinamiento, personal inadecuado y mal capacitado, infraestructura deteriorada, hábitat insalubre, inseguridad alimentaria, y atención médica y psicológica inadecuada.
Amnistía comprobó además que en las cárceles paraguayas los presos suelen estar armados, las muertes bajo custodia son frecuentes, existe un sistema de sobornos para quienes visitan a los reclusos, lo mismo ocurre para obtener ventajas entre convictos y, como afirman el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la Universidad de Londres, un alto porcentaje de los detenidos carece de fallo judicial en su contra.


«La mayoría de los errores en la administración de este entramado de vigilar y castigar, al decir de Michel Foucault, vienen repitiéndose de manera consecutiva desde tiempos inmemoriales», dice la nombrada Elizabeth Flores, «sin encontrar reparos en las críticas, denuncias o recomendaciones de los que pueda ser objeto».
El filósofo e historiador francés contemporáneo Michel Foucault se volvió famoso mundialmente, entre otras obras, por su ensayo Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Se trata de un estudio acerca de los cambios en los sistemas penales de Occidente durante los últimos siglos. Plantea, por ejemplo, entre varias discusiones, por qué aunque proliferan las cárceles los delitos continúan, por qué las prisiones se convierten en fábricas de criminales o por qué quienes salen del encierro habitualmente tienen dificultades para integrarse a la sociedad.
«Prevención de la vulneración de derechos humanos fundamentales de quienes pueden considerarse las personas más desprotegidas de nuestro país», es, según el mencionado José Antonio Galeano, el fin del MNPT. «Optimizar procesos que hagan posibles proyectos educativos y de crecimiento personal de quienes están privados y afectados en su libertad», es una de las prioridades que destaca, conectada con esta otra: «Modificar tanto la percepción como el juicio que generalmente se realiza acerca de las personas privadas de su libertad o afectadas en su ejercicio».
 


Entre 2013 y 2016, las cárceles paraguayas registraron 159 muertes bajo custodia; 97 se debieron a supuesta omisión en el derecho de salud; el 50 por ciento involucró a menores de 35 años; igual cantidad afectó a personas que llevaban menos de dos años encarceladas.
«Si vamos a entrenar gente para perseguir la delincuencia, no podemos convertir a esa gente en delincuentes», dijo recientemente a la prensa Soledad Villagra, también integrante del MNPT, sobre otro aspecto esencial del problema. «Es un contrasentido que para perseguir a quien no cumple la ley, se le permita incumplir la ley a la fuerza pública».
El Departamento de Estado norteamericano ha descripto la policía de Paraguay como «mal formada, con fondos insuficientes, generalmente corrupta y protegida por la impunidad». La misma fuente ha denunciado que los miembros de las fuerzas estatales cometen secuestros, detienen a civiles para chantajearlos y conspiran con agentes judiciales para cometer crímenes. Por ejemplo, ha informado «incidentes rutinarios de participación policial en homicidios, tráfico de armas y drogas, robo de automóviles, robo en general, extorsión y secuestro en todo el país, con casos especialmente extendidos en Ciudad del Este y otras áreas fronterizas con Brasil».
«La prevención requiere la identificación de las causas, el diagnóstico de aquellos factores capaces de favorecer la transgresión y el abordaje sistémico de todos estos aspectos a través de acciones multidireccionales que implican una suma de esfuerzos institucionales», agrega la nombrada Lourdes Barboza. «Solo será posible [inhibir la violencia en las cárceles] en la medida en que [el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura] siga realizando afanosamente las visitas a cada centro de privación de libertad del país, recomendando cuanto sea necesario».

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Director de Voz por Vos. Locutor, periodista y docente. Conductor de "Ventana Abierta", lunes a viernes de 12 a 14 (FM Milenium -FM 106.7-). Columnista de temas sociales en Radio Ciudad y docente en la escuela de periodismo ETER.
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