El documento será entregado a las partes en formato digital. Se insinúa extenso y describirá minuciosamente lo que los jueces creen que quedó probado a lo largo del juicio.

El tribunal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos difundirá hoy los fundamentos de una extensa sentencia, en la que explicará las razones que los llevaron a considerar a la vicepresidenta responsable del delito de defraudación contra la administración pública por favorecer al Lázaro Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso tienen previsto notificar a la fiscalía a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, y los abogados de los acusados, subiendo el documento a la plataforma digital donde se vuelca el expediente a primera hora de la mañana, según anticiparon fuentes judiciales.

Los jueces creen que existió “un beneficio ilegítimo a favor de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez”;  también un “interés manifiesto sobre el plan criminal”· por parte de la vicepresidenta, quien participó “en los beneficios económicos producto del delito”.

La condena se limitó al delito de administración fraudulenta y excluyó la figura de la asociación ilícita (el juez Basso se había inclinado por condenar también por esa figura, lo que hubiera significado una pena mayor).

La “maniobra fraudulenta” –según los jueces, en coincidencia con los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola–  “perjudicó los intereses de la administración pública”.

El fallo es apelable ante la Cámara Federal de Casación Penal y, eventualmente, también ante la Corte Suprema de Justicia, de modo tal que la decisión que será fundamentada hoy aún  no tiene fuerza de cosa juzgada.

Los puntos más fuertes de los fundamentos de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

• “La magnitud de la empresa criminal aquí investigada supuso una planificación y sofisticación magnífica, en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad”.
• “Se ha acreditado la intervención en la maniobra de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.
• “Hemos visto una promiscua y absoluta confusión entre ambas esferas, marcada por acuerdos espurios entre las personas interesadas -con claras notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial y visos propios de los delitos económicos- tendientes a asegurar los beneficios pecuniarios a favor de los nombrados de acuerdo a su naturaleza y entidad”.
• “La falta de sanción judicial de esas prácticas corruptas parece ser una función deseada del sistema y su sostenimiento en el tiempo con un claro fin: garantizar la impunidad”.
• “Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva”.
• “Los ejemplos evidencian la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial”.
• “Ha sido dirimente la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, puesto de relieve a través de su participación en los beneficios económicos -producto del delito- obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”.
• “Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiendo órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional”.
• “Se han acreditado dentro de la maniobra diversos aspectos a través de los cuales se concretó un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas durante el período analizado”.
• “El tribunal ha podido determinar dos ámbitos claramente mensurables con relación al perjuicio económico producido por la maniobra delictiva subrepticiamente implementada so pretexto de la política pública vial. El primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado, producto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio. El segundo concepto está dado por la existencia de sobreprecios en al menos tres de las cinco obras viales peritadas”.
• “La prueba ha evidenciado que durante al menos parte del período investigado (los informes producidos identifican obras viales por provincia con certificación de enero de 2010 en adelante), la provincia de Santa Cruz fue la principal receptora de inversiones en materia de obra pública vial”.