El Presidente firmó el DNU con el objetivo de formalizar el acuerdo sin requerir la aprobación de ambas cámaras del Congreso.

El presidente Javier Milei firmó el lunes un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo de formalizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin requerir la aprobación de ambas cámaras del Congreso. La medida, anunciada el jueves anterior por el Gobierno mediante un comunicado, buscó obtener «de modo urgente» el respaldo parlamentario necesario para facilitar los desembolsos del organismo internacional de crédito, en un contexto de escasez de divisas y con la prioridad de combatir la inflación y eliminar el cepo cambiario.

Según lo establecido en el DNU, «las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas tendrían un plazo de amortización de diez años con un período de gracia de cuatro años y seis meses». Los fondos se destinaron a la cancelación de «las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central» y «las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 cuyo vencimiento operara dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo». Se especificó que la operación incluiría el pago de intereses y cargos conforme a los plazos y tasas establecidas por el FMI, así como la devolución del capital dentro del plazo indicado.

Según el decreto, el Gobierno decidió «no comprometer su política económica de déficit cero», por lo que «los fondos recibidos deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional, con el Banco Central y deudas con el FMI». En cuanto a la decisión de emitir un DNU, la administración nacional argumentó que «la competencia que corresponde al Congreso no es la de aprobar los términos y las condiciones de un acuerdo celebrado con el FMI, sino la de aprobar la operación de crédito público mediante la sanción de una ley».

Desde el Ejecutivo sostuvieron que el nuevo acuerdo no representaría un incremento en la deuda del país, ya que implicaría un canje de «deuda vieja por deuda nueva», lo que además fortalecería al Banco Central. «Dicho acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central», comunicó la Oficina del Presidente el jueves.

Al tratarse de un DNU, bastó con que una de las dos cámaras no lo rechazara para que entrara en vigencia. La comisión bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el senador libertario riojano Juan Carlos Pagoto, fue la encargada de revisarlo. Una vez firmado, el Gobierno tuvo un plazo de diez días para enviarlo al Congreso, y la comisión contó con otros diez días para su tratamiento. Si no se alcanzara un dictamen en ese período, el debate se trasladaría a los recintos de Diputados y el Senado.