Un informe elaborado por un grupo de especialistas independientes da cuenta de serias violaciones a los Derechos Humanos, ocultamiento de información y protección a efectivos de seguridad involucrados en hechos delictivos.
El nuevo informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revela la determinación del gobierno mexicano de esconder la tragedia de Iguala «debajo de la alfombra».
El documento, que contradice la versión oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y señala serias deficiencias en la investigación, «representa una nueva mancha en el atroz historial de derechos humanos del gobierno mexicano», indicó Amnistía Internacional (AI)
Los especialistas nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) criticaron al gobierno por no seguir líneas de investigación clave, manipular evidencia, proteger a oficiales sospechosos de participación en las desapariciones y de torturar a presuntos sospechosos para obtener confesiones.
Según la directora para América de AI, Erika Guevara-Rosas, «Las autoridades mexicanas están enviando el peligroso mensaje que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto. la respuesta oficial a este caso es la trágica ilustración de la actitud que tiene (el Presidente) Enrique Peña Nieto frente a los derechos humanos: Esconder o ignorar los hechos y esperar que las acusaciones simplemente se esfumen».
Para la responsable de Amnistía, la conducta del gobierno mexicano «es una cachetada en la cara de los familiares que, tras casi dos años, continúan esperando respuestas» sobre lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a presuntos miembros de un cártel.
Según la versión de la Procuraduría General de la República de México, los 43 jóvenes o una buena parte de ellos fueron asesinados e incinerados en un basurero del municipio de Cocula, lo que fue rechazado por los familiares, el GIEI y el equipo de forenses argentinos en virtud de que no hay evidencias científicas de ello.
