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Nora y Eduardo Iglesias: «Esperamos que eleven la causa a la Corte Interamericana»

Nora y Eduardo Iglesias: «Esperamos que eleven la causa a la Corte Interamericana»

Marcela Brenda, la única hija del matrimonio, tenía seis años en 1996, cuando murió aplastada por una escultura expuesta ilegalmente en un paseo público de la ciudad de Buenos Aires.

por Lucio Casarini

«Hace 23 años una escultura gigante, mal soldada y emplazada en un espacio público, sin controles de la galería de arte ni municipal, le quitó la vida», dicen Nora y Eduardo Iglesias sobre Marcela Brenda, su única hija, que tenía seis años en el momento de la tragedia.

«Razones de salud nos impiden realizar este año el acto en su homenaje, pero superado este inconveniente seguiremos como siempre».

«La causa fue admitida en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esperamos que la traten prontamente y la eleven a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica».

«Porque Marcela, con sus pocos años y su gran amor nos marcó el camino de la lucha por la justicia», continúa el matrimonio.

«Casos similares siguen sucediendo aquí y en otras partes; hoy en Málaga un niño dentro de un pozo profundo [drama ocurrido en España], nos produce un dolor que nos traspasa el alma».

Las palabras de Nora y Eduardo fueron difundidas por la Asociación Civil Madres del Dolor, a la que pertenecen.

Los esposos hasta ahora recordaron a su hija cada aniversario en el lugar del hecho acompañados por familiares, amigos, vecinos, miembros del sector civil —en primera fila las Madres del Dolor y los Amigos del Lago de Palermo—, legisladores porteños y otros.

El 5 de febrero de 1996, Marcela Brenda Iglesias paseaba con un grupo de la colonia infantil del Banco Hipotecario Nacional por el entonces llamado Paseo de la Infanta, junto a uno de los viaductos ferroviarios que cruzan el Parque Tres de Febrero de la ciudad de Buenos Aires, cuando una escultura de hierro de 270 kilos se derrumbó y la mató. Otras dos niñas, Lucía Acosta Ryan y Antonella Zazarino, sufrieron heridas leves.

Diana Lowenstein —dueña de la galería responsable, Der Brucke— y el escultor Danilo Danziger, considerados guardadora y autor de la obra de arte, fueron imputados por homicidio y lesiones culposos. Tres miembros de la Policía Municipal fueron señalados por idénticos cargos más la omisión de sus deberes como agentes estatales: Héctor Torea, abogado, director del cuerpo; Fernando Antonio Mazzitelli, responsable de Inspecciones de Rutina, segundo del anterior; y Juan Carlos Favale, jefe de la Zona Tres, subalterno de ambos. Un cuarto funcionario, Marco Pasinato —arquitecto, secretario de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente— habría cometido abuso de autoridad: firmó un permiso trucho.

En simultáneo, fueron indagados Alfredo Lowenstein —marido de Diana y titular de Panter SRL, concesionario del Paseo de la Infanta—, Nelly Perazzo —coordinadora del evento que instaló las esculturas—, Liliana Bernaldo de Quirós —ejecutiva de Panter— y tres directores gubernamentales sospechados de incumplir sus obligaciones: Leonardo Juan Perrota —Espacios Verdes—, Raúl Rave —abogado, Certificaciones y Seguridad Metropolitana— y Mauricio Sánchez —ingeniero industrial, Fiscalización de Obras y Catastro—.

Misteriosamente, el caso rebotó por todas las instancias tribunalicias durante más de una década y el juicio nunca se realizó.

«Esta demora, que parece como incomprensible en vistas a la escasa complejidad probatoria del hecho», argumentó en 2007 Esteban Righi, procurador general de la Nación, al elevar el expediente a la Corte Suprema, «está impidiendo el derecho de los familiares de la víctima a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables».

«Los jueces deben dirigir los procesos y deben disponer los límites para ciertas defensas que solo tienen la apariencia de tales», dijo meses después en su fallo Ricardo Lorenzetti, presidente del máximo tribunal, «porque están animadas de un propósito dilatorio, a fin de obtener la extinción del proceso por prescripción».

Lorenzetti dictaminó que el juicio debía hacerse. Pero el resto de la Corte —Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay— votó por la prescripción y declaró el caso «insustancial y carente de trascendencia».

Nora y Eduardo Iglesias apelaron en 2008 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, situada en Washington, Estados Unidos, que recién una década más tarde, en 2018, declaró la admisibilidad del expediente y la chance de que sea elevado a la Corte Interamericana, con sede en San José de Costa Rica.

«Corrupción e impunidad»

«Esta admitida en la Comisión Interamericana después de tanto tiempo de esperar», dijo Nora Iglesias sobre la causa a Voz por Vos tras conocer la decisión de la CIDH; «ya la dábamos por perdida; ahora esperamos que la manden a la Corte Interamericana; el reclamo es contra el Estado argentino».

«Estamos esperando que la eleve a la Corte Interamericana», confirmó Eduardo, «para que sancione al Estado argentino en cualquier gobierno, porque esto va a demorar otro tiempo; estamos en esa empresa, esperando que esto resulte; esta es la buena nueva, que después de diez años de presentar el recurso se haya cristalizado y después de 22 años del hecho».

«Nosotros tenemos la idea de que siga esto y que podamos ir a la Corte Interamericana, en Costa Rica», reiteró Nora a Diego Corbalán por FM Milenium, «y que se reabra el caso».

«Los culpables, si bien está probado el crimen, quedaron tapados por la impunidad», dijo también Nora a Voz por Vos; «hay mucha corrupción e impunidad en el caso de Marcela; sabemos que son culpables aunque nunca se llegó a un juicio, nunca pudimos sentarlos en el banquillo de los acusados; les dieron 117 apelaciones y recusaciones, hasta una ley, la 25.990, que acortaba los tiempos de prescripción, así quedaron todos los juicios en la nada, junto con los casos Bulacio, soldado Carrasco y muchos otros en los que se conocen los culpables pero no están condenados».

«Es frustrante, porque uno desea por lo menos algo de justicia; para nosotros nada, para ellos todo», dijo además Nora en Milenium; «entonces decidimos [seguir reclamando], porque somos perseverantes».

«Mientras vivamos vamos a luchar para tener un poco de justicia», continuó; «que si ella [Marcela] nos ve desde donde esté, que vea que sus papás [siguen reclamando] y la sociedad en general; todos se preguntan por qué por Marcela no hubo justicia si se conocían todos los culpables y todo; mientras vivamos vamos a seguir reclamando justicia».

«Reclamar sin descanso es la manera de no salir del eje», dijo Eduardo a Voz por Vos; «uno tiene que mantenerlo, que es muy difícil, no derivar en otros temas que no tienen nada que ver con la muerte del familiar; cada uno tiene su opinión o sus ideas sobre otros temas, pero en esto los familiares tenemos que estar todos juntos, la única manera de que esto se vaya solucionando es hacer un llamado de atención a la justicia integrada por el gobierno de cada momento».

«Siempre que miramos la foto de Marcela», dijo Nora en diálogo con Diego Corbalán, «ella está en una hamaca tomada de las cadenas; nosotros decimos que con la mirada nos marca ese camino para seguir y la sonrisa nos gratifica y el hecho de que este tomada de las cadenas nos da esa fuerza y firmeza para luchar por la justicia y la defensa de la vida, porque lo hacemos por ella, pero también por un montón de otros chicos que vienen detrás muriendo en forma injusta, o prevenir».

«Hablamos directamente de corazón a corazón», dijo la mujer sobre su trabajo en la Asociación Civil Madres del Dolor, «porque vivimos la misma experiencia; yo en seguida me puse a acompañarlas y tratar de esforzarme para que las personas que venían se fueran con un abrazo o encontraran una oreja dispuesta, escucharlas en todo su dolor; me sería difícil ahora dejar, si bien son muchos años y una a veces esta cansada, pero siempre hago lugar para estar con las madres; así como yo acompaño, a nosotros en el caso de Marcela siempre nos han acompañado».

«Pareciera que no nos escuchan», agregó; «hay un montón de muertes evitables, por eso uno se va acompañando, se va encontrando en marchas, en misas, en homenajes; tenemos un hilo conductor, hay poca justicia».

«Nosotros primero luchamos para tener a Marcela», siguió Nora, «porque no fue fácil, y una vez que llegó Marcela sentimos que teníamos el hogar completo, un hermoso hogar habíamos formado, pero tuvimos la desgracia de perder a Marcela; estamos siempre los dos juntos, la recordamos, siempre luchamos los dos codo a codo en todo lo que nos toco en la vida».

«Trato discriminatorio»

En 2007, poco antes de que la Corte Suprema cerrara el caso, se produjo una de las mayores victorias simbólicas de los Iglesias frente a la complicidad privada y estatal para ocultar el homicidio. La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, en voto unánime, bautizó con el nombre de la hija de Nora y Eduardo el escenario de la iniquidad. De esta forma, nació el Paseo Marcela Brenda Iglesias, que abarca, por ambos flancos, a lo largo de 250 metros, las veredas y terrazas paralelas al viaducto, más la superficie del arco número siete —de los 20 que tiene ese tramo del trazado ferroviario—.

El Paseo de la Infanta continúa hoy en manos de Panter SRL aunque con otro nombre, Polo Gastronómico Arcos de Buenos Aires. La concesión incluye locales de comida, bares, cafés, gimnasios y otros establecimientos, algunos de aura cosmopolita, que rebosan de público todo el año y a toda hora.

La muerte de Danilo Danziger, ocurrida en 2013 por causas naturales, frustró definitivamente la posibilidad de que el escultor, uno de los actores centrales del drama, diera su versión de lo ocurrido ante un tribunal.

El expediente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declaró la admisibilidad lleva el número 173/17 y fue firmado el 29/12/2017 por todo el cuerpo: Francisco Eguiguren —presidente, peruano—, Margarette May Macaulay y Esmeralda Arosemena Bernal de Troitiño —vicepresidentas, jamaiquina y panameña, respectivamente—, José de Jesús Orozco Henríquez —mejicano—, Paulo Vannuchi —brasileño—, James Cavallaro —estadounidense— y Luis Vargas Silva —colombiano—.

«En vista de los elementos de hecho y de derecho expuestos por las partes», dice la resolución sobre el caso 13.506, que es el de la hija de Nora y Eduardo, «y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la Comisión considera que, de ser probados los alegados relativos al fallecimiento de la presunta víctima en la vía pública producto del derrumbe de una escultura, así como la demora en la realización del proceso penal que habría derivado en la declaración de prescripción de la causa y alegada impunidad, los hechos podrían caracterizar posibles violaciones a los artículos 4, 8, 19 y 25 de la Convención Americana en perjuicio de Marcela Brenda Iglesias».

«Ocurrimos por la presente a solicitar que el organismo supranacional disponga someter el mismo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos», dice la respuesta formal que Nora y Eduardo Iglesias, patrocinados por los abogados Laura del Cerro y Daniel Stragá, enviaron a la CIDH el 17 de mayo de 2018, de acuerdo con los plazos previstos. «Fundamos nuestro interés, en cuanto quedó confirmada la violación del artículo 1.1 de la Convención Americana en virtud de los derechos a que era acreedora nuestra hija Marcela Brenda Iglesias no fueron respetados por el Estado Argentino. Esta Conculcación de derechos ocurrió tanto al momento del infortunio que provocó la prematura muerte, comprometiendo el artículo 5° del Pacto de San José de Costa Rica y especialmente al momento de procederse al juzgamiento de las personas penalmente responsables».

«El Poder Judicial de la Nación, bajo el pretexto del derecho de defensa en juicio abusó de sus facultades con clara vulneración al principio de igualdad ante la ley, contribuyó a la prescripción de la acción penal, habiendo quedado con ese accionar impune el homicidio».

«Nuestra hija y los prescriptos como querellantes fuimos damnificados», continúa la contestación de los padres de Marcela a la CIDH, «por un trato discriminatorio con probable fundamento en las diferencias de posición social entre los agresores involucrados y la víctima, que favoreció las mal llamadas posiciones defensistas en detrimento de los derechos de la víctima. No fue garantizado nuestro derecho a la protección de la ley, frente al abuso constante de las defensas que contaron con el beneplácito del Poder Judicial de la República Argentina».

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