El diario El País de España analiza los cambios en el paradigma migratorio de nuestro país. Un análisis de Pablo Gentili que remarca el cambio de paradigma en el ingreso de extranjeros, que pasó de ser un «derecho humano» a uno de «control y exclusión» asociado «al delito y la inseguridad ciudadana».
El periodista Pablo Gentili en el diario El País de España hace un minucioso análisis de los cambios en la política migratoria argentina, a partir de la asunción del gobierno de Mauricio Macri.
La ley de migraciones sancionada en Argentina en el 2003 fue un gran avance para dejar atrás la perspectiva «securitiva» de la inmigración como agente del delito. La legislación se transformó en una referencia internacional, al reconocer la migración como un derecho humano y garantizar a los inmigrantes derechos educativos, sanitarios y laborales sin importar la condición reglamentaria en que se encuentren.
Sin embargo, con la llegada al poder del gobierno de Cambiemos esos logros se vieron severamente afectados. En ese sentido, organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideraron el nuevo decreto presidencial “una iniciativa que no respeta los derechos humanos” y lo calificaron como una “política regresiva”.
Pablo Gentil en el País remarca:

La reforma impuesta por el presidente argentino dilata el plazo necesario para acceder a la ciudadanía nacional, amplía las causas de denegación y de cancelación de residencia en el país, así como amplía las de expulsión, debilita el derecho de defensa, y extiende o acelera notablemente las posibilidades de detención de migrantes sujetos a un trámite de expulsión.

Los argumentos del gobierno de Macri apuntaban a darle celeridad al trámite de expulsión de extranjeros con estos argumentos:

Apeló en sus argumentos a delitos graves transnacionales, aunque, en rigor, la reglamentación puede afectar a cualquier migrante que, por ejemplo, no pueda probar la “legalidad” de su ingreso y permanencia en el territorio nacional. En algunas jurisdicciones, puede implicar que una mera contravención policial justifique la expulsión o la prohibición del ingreso, aumentando el poder de la policía. Ya no será necesario que un delito haya tenido “condena firme” para ser considerado causa suficiente para impedir el ingreso o dictaminar la expulsión de una persona.

Además, el periodista Pablo Gentili recuerda otros fundamentos del gobierno argentino para endurecer la política migratoria:

El nuevo decreto destaca “el crecimiento del crimen organizado internacional” y enumera delitos como el terrorismo, el tráfico de armas, de personas, de órganos o tejidos y de estupefacientes, el lavado de dinero y la trata de personas, entre otros. Aunque no indica fuentes ni estudios que fundamenten una relación entre el delito y la migración, el decreto indica que la población carcelaria de personas con nacionalidad extranjera ha aumentado hasta alcanzar más del 21%. Organismos nacionales e internacionales indicaron que el dato utilizado por el gobierno del presidente Macri para fundamentar una política migratoria más rigurosa y restrictiva, carece de sostén y que la población carcelaria extranjera no supera el 5%, coincidente con el porcentaje de población sin nacionalidad argentina que vive en el país.

Los cambios en la política migratoria en la Argentina tienen resonancia de otras latitudes, especialmente en países gobernador por expresiones ideológicas «conservadoras» como lo remarca Gentili en El País de España:

En sintonía con algunas de las políticas migratorias llevadas a cabo por los gobiernos conservadores del resto del mundo, el cambio de la ley supuso modificar radicalmente el marco de comprensión del fenómeno migratorio, de un paradigma de derechos a uno de seguridad nacional y de control de las fronteras. Dos días antes de la sanción del mencionado decreto, reforzando esta posición, el gobierno de Mauricio Macri creó la Comisión Nacional de Fronteras y los Centros de Frontera, insistiendo en la necesidad de una “lucha integral” contra el delito internacional y un “mejor control fronterizo”.

«Minority Report»
Al indagar en las razones ideológicas del endurecimiento de la política migratoria argentina, el periodista remarca que ahora se prioriza no la prevención del delito sino la culpa sobre quien, se supone, puede cometerlo:

El control supone, entonces, no solo (o, incluso, no tanto) controlar estos delitos, sino identificar su presunto origen y enfocar hacia allí la solución de los mismos. La operación mezcla el razonamiento del Minority Report y el del chivo expiatorio. Como en el film de Hollywood –luego transformado en serie de TV– se pervierte la prevención de delitos, previendo no ya su realización, sino la culpa de quien se supone que lo irá a realizar. Como en la figura bíblica, se busca hacer culpables de un fenómeno (en este caso las injusticias de un sistema socioeconómico) a quienes no solo no lo son, sino que son quienes más soportan sus desigualdades. Se trata de dos torsiones: primero, las incertidumbres y desasosiegos que la actual política económica genera se codifican como “inseguridad” asociada a determinados delitos transnacionales; y, segundo, se propone que los responsables de esos delitos son quienes circulan transnacionalmente.

Recuerdos del menemismo
Yendo hacia las raíces históricas de esta «penalización» de la inmigración, Gentili recuerda qué sucedía en la década del 90, en tiempos de Carlos Menem presidente:

En los años noventa, el presidente Carlos Saúl Menem (1989-1995 / 1995-1999) responsabilizó a la inmigración del desempleo, de las crisis en el campo de la salud y la educación y, por supuesto, de la inseguridad. Unos años más tarde, cuando el actual presidente era entonces jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con gran ayuda mediática, explicaba la crisis habitacional urbana y la demanda por viviendas, atribuyéndoselo a la “inmigración descontrolada”.
En una línea convergente, algunos periódicos dieron a conocer recientemente otro proyecto que consolidaría aún más la política de control migratorio propuesto por el gobierno de Mauricio Macri. Con el argumento de “descentralizar el país, se desarrollaría un “ambicioso plan para trasladar a los inmigrantes extranjeros y a los argentinos del interior que viven en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal” hacia diferentes provincias.

fuente: El País