El fomento del Comercio Justo es una poderosa y necesaria herramienta para garantizar que productos básicos para la alimentación lleguen a valores lógicos a quienes los necesitan, mediante la educación del consumidor, el fomento de esta práctica en las empresa y el compromiso del Estado sobre su implementación en las contrataciones públicas.
El grito de “ we want trade, not aid” (“queremos comercio, no ayuda”) empezó a oírse con fuerza en los años ochenta. Los trabajadores y trabajadoras de lo que entonces se conocía como Tercer Mundo reivindicaban políticas comerciales justas que les garantizaran igualdad de condiciones en las reglas del comercio internacional. Reclamaban, en definitiva, la oportunidad de salir de la pobreza a través de su propio trabajo.
Según Julián Donoso en el diario.es, no sólo se desoyeron esas reivindicaciones, sino que desde entonces hasta hoy se instauraron normas injustas en el juego del comercial internacional. Se condena así al más pequeño a la pobreza, mientras que las grandes empresas crecen de tamaño y acumulan cada vez más riqueza y poder. Sirva como ejemplo decir que el 70% de la comercialización de alimentos del mundo está en manos de apenas diez empresas.

El rol de Estado en el fomento del Comercio Justo

En su artículo, Donoso repasa las acciones que llevan adelante los países europeos para impulsar el Comercio Justo como alternativa al comercio tradicional y ayudar así a que las y los productores del Sur tengan la oportunidad de salir de la pobreza por sus propios medios.

Los ejes de acción de las instituciones europeas se centran en sensibilizar y educar al ciudadano, regular el Comercio Justo para facilitar su venta y facilitar la compra de estos productos por parte de entidades públicas. En este sentido, el Parlamento Europeo aprobó una nueva Directiva en 2014 sobre compra pública que permite incorporar criterios de Comercio Justo en las contratas de los Estados Miembro.

Gobiernos de distintos países europeos obsevaron que, a través del Comercio Justo, pueden promover políticas e iniciativas que ya impulsan desde otros ámbitos: desarrollo, medio ambiente, consumo responsable y educación en valores.

En Francia, por ejemplo, la creación en 2007 de la Comisión Nacional del Comercio Justo sirvió como marco de garantías al consumidor acreditando oficialmente a las organizaciones de Comercio Justo. Desde 2013 el Plan de Acción Nacional de Comercio Justo estimula su consumo doméstico, ampliando el número de productoras y productores beneficiados y duplicando los puestos de trabajo en el sector en Francia.

Por su parte, en Reino Unido el apoyo de instituciones públicas ha tenido un gran impacto en las ventas, pasando de 37 millones en 2002 a 1.700 millones de euros en 2012. El Comercio Justo llega a la gran distribución de la mano del departamento para el Desarrollo Internacional. Creado en 1997 por el gobierno central tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre temáticas de desarrollo, al tiempo que apoya el programa Ciudades por el Comercio Justo. Esta iniciativa pone al Ayuntamiento (o administración similar) como eje impulsor del consumo de Comercio Justo en cada localidad a través de administraciones, comercios, empresas y asociaciones. Desde pequeñas localidades rurales hasta grandes capitales como Londres, París o Bruselas ya se han convertido en Ciudades por el Comercio Justo.

Mientras que el gasto anual medio por habitante en Comercio Justo de la Unión Europea es de 10.74€ por habitante, en España es apenas de 0,71 céntimos, según el último informe de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Esto pone a ese país a años luz de sus vecinos como Italia, con un 16.63 € o Suiza, que tiene el gasto medio más elevado con una media de 43.94€ por persona/año.

A diferencia de otros países europeos donde el apoyo por parte de los gobiernos centrales es claramente de impulso de ventas, de difusión y de educación a la ciudadanía, en España el respaldo de las instituciones nacionales al Comercio Justo se queda en el plano de la educación para el desarrollo y las buenas intenciones.

Las instituciones locales españolas también tienen la oportunidad de impulsar el Comercio Justo a través del programa Ciudades por el Comercio Justo. Y así lo hacen 13 ayuntamientos que han conseguido cumplir con todos los criterios exigidos. Por mencionar algunas: Córdoba, León, Madrid…

Los ejes para el éxito del Comercio Justo

La receta para lograr buenas prácticas en el comercio debe hacer en tres acciones:

Educar al consumidor para darle criterios a la hora de decidir una compra que vaya más allá del análisis calidad/precio. Se trata de que tenga en cuenta otras referencias como, por ejemplo, el cuidado del medioambiente o las consecuencias sociales de producción.

Dar un marco oficial de referencia al consumidor y a las empresas para que conozcan qué es el Comercio Justo, tengan garantías de una producción justa y sepan identificar estos productos con sellos y certificados claramente definidos.

Incluir criterios de Comercio Justo en los pliegos de contrataciones de las administraciones públicas es especialmente importante. El elevado volumen de contrataciones que se realizan en la Administración supone una diferencia  notable en las ventas, la visibilidad y la confianza que se genera tanto en las empresas  como en los consumidores.

Se trata, en definitiva, de hacer valer la cercanía que ahora nuestros políticos reclaman tener con su pueblo y dar una respuesta decidida a la solidaridad que se  exige desde la ciudadanía a las instituciones.