La conducción eclesiástica advirtió que «nadie por haber delinquido, pierde su condición de persona».

La Iglesia manifestó su preocupación por la realidad carcelaria del país. La Conferencia Episcopal Argentina destacó en un documento que «Nadie por haber delinquido, pierde su condición de persona, de Hijo de Dios y de miembro de la familia humana».

«El anhelo de construir una Argentina en «paz y justicia», exige abordar esta realidad, buscar un cambio de mentalidad y generar acciones concretas en favor de la dignidad de las personas privadas de libertad y particularmente de quienes pertenecen a los sectores sociales más vulnerables», dice el texto.

«En una sociedad donde lamentablemente se multiplican los hechos delictivos, unidos muchas veces a la violencia y a la muerte, estamos convencidos que la solución oportuna para resolverlos no se alcanza simplemente con penas más duras y más cárceles», sostiene el documento a la vez que llama a «concretar y profundizar más políticas de inclusión que, buscando el bien común, ofrezcan igualdad de oportunidades a todos los miembros de la sociedad, para su justo y debido desarrollo integral».

«Estamos convencidos que la solución oportuna para resolverlos no se alcanza simplemente con penas más duras y más cárceles».

Asimismo, la Conferencia Episcopal hizo un enérgico llamamiento, al señalar: «El respeto a la dignidad humana no sólo debe actuar como límite de arbitrariedades y excesos, sino como criterio de ordenación de todas las acciones y estructuras. Nunca se debe subordinar el respeto de la dignidad de la persona a ninguna otra finalidad como, por ejemplo, la correctiva o la restauradora del daño producido», enfatiza el texto.
Por otra parte, señala que «los bienes esenciales a toda persona: la alimentación, la vivienda digna, la atención de la salud, la educación, el trabajo, la religiosidad, los vínculos familiares, la recreación y el arte, en muchas ocasiones no son garantizados a todos los que están privados de libertad». Sobre esta situación, considera que «ningún preso debe carecer de estos bienes y de los derechos y garantías constitucionales de todo ciudadano, cualquiera sea su condición social, o la razón de su detención».
El documento destaca que «lamentablemente, parte de los recursos económicos presupuestados por el Estado para satisfacer esas necesidades básicas, se desvían con actos corruptos y no llegan a los presos». En tanto, promueve «una apertura institucional que genere convenios y acciones articuladas con otras organizaciones estatales y privadas que aporten su saber y esfuerzo: universidades y casas de estudios terciarios, cámaras empresariales, de comercio, organismos diversos, ONG, fundaciones con fines culturales o recreativos, e Iglesias».
En ese marco, destaca una frase que el papa Francisco dijo en Bolivia: «Reclusión no es lo mismo que exclusión -que quede claro-, porque la reclusión forma parte de un proceso de reinserción en la sociedad».

El texto también destaca que «es necesario prevenir y erradicar toda forma de violencia institucional». En este sentido, sostiene que «la completa imposibilidad de comunicarse y la falta de contacto con otros seres humanos, provocan sufrimientos físicos y psíquicos muy graves que aumentan la tendencia al suicidio». Por eso el documento señala que «es inadmisible la existencia de celdas de «aislamiento total» dentro de las prisiones» y que «se ha de favorecer todo encuentro del preso con su familia

El documento sostiene que la «sobrepoblación existente hoy en la mayoría de las cárceles» dificulta e impide proporcionar «los medios, las posibilidades y las propuestas formativas que debe tener todo detenido para su recuperación y futura inserción positiva en la sociedad». Sobre este punto, el texto llamar a tratar la problemática de la existencia de presos sin condena, la «ausencia de proyectos y programas que reduzcan al mínimo el período de detención», los casos de personas a las que se les debería dar «un tratamiento penal alternativo fuera de la cárcel, dado que padecen enfermedades graves o terminales, o son mujeres embarazadas, o personas con capacidades diferentes, o de adultos de edad avanzada previstos en la ley», las «personas con problema de droga, en su gran mayoría jóvenes, que necesitan un ambiente distinto a lo que le ofrece la cárcel».