El nuevo sistema que impulsa el gobierno argentino puede ser un obstáculo para la fiscalización de los comicios, está en duda que logre eliminar el clientelismo electoral y, aunque el conteo provisorio puede ser más rápido, se debe garantizar su total transparencia.
por CECREDA
Desde el Gobierno se promueve una reforma política que tiene como elemento principal la implementación del sistema de boleta única electrónica (BUE), como el que se utilizó en las Elecciones de la Ciudad de Buenos Aires de 2015. Con la intención de instalar la tecnología por primera vez en elecciones nacionales, con el impulso del oficialismo se estableció la discusión en la Cámara de Diputados, con el objetivo final que en las elecciones legislativas de 2017 se realice el voto electrónico.
Los promotores del sistema de voto electrónico, con el Gobierno a la cabeza, lo presentan como un sistema que nos ayudará a mejorar la democracia desde el desmantelamiento del aparato partidario y el punterismo, hasta el fomento de la participación ciudadana, siendo la inclusión de tecnología una herramienta de la modernidad necesaria al sistema político actual.
Richard Stallman, uno de los principales activistas del software libre, sostiene que votar con computadoras es abrir una puerta grande al fraude, ya que la computadora ejecuta un programa y el programa puede ser cambiado o reemplazado. Agregando que no se puede dar por supuesto que el fabricante del sistema informático instalado para votar es honesto, ni que la autoridad es honesta, ni que los dos conspiran juntos. Sosteniendo que el único sistema confiable es votar con papel.
Por el lado de los defensores del sistema de voto electrónico, se presentan una serie de afirmaciones que muestran las virtudes del mismo, como ser: una mayor transparencia del acto electoral; la eliminación del clientelismo político; la rapidez e infalibilidad del conteo; el menor costo de cada elección; y la mayor participación ciudadana. A continuación detallaremos los riesgos que presentan cada una de estas afirmaciones.
En primer lugar, lejos de aportar transparencia, la urna electrónica obstaculiza la capacidad de la mayoría de los ciudadanos de fiscalizar la elección. Problema común en las urnas electrónicas, mientras la verificación de su confiabilidad depende exclusivamente de comprobar que funciona bien y ésta se encuentra en manos de una élite tecnológica a la que el resto de la población no tiene más remedio que creerle. En cuanto a la tradicional elección en papel, para corromper la fiscalización es necesario contar con fiscales corruptos en un número importante de mesas, mientras que en el caso de las urnas electrónicas basta con sobornar o extorsionar a un grupo pequeño de personas fácilmente identificables.
Otro de los argumentos se encuentra en la eliminación del clientelismo político, sin embargo este radica en su origen como un problema social, económico y educativo que no se soluciona con tecnología. Por ejemplo, mientras las urnas normales son contenedores pasivos de información, los circuitos de la urna electrónica emiten radiación electromagnética. Experimentos realizados en Holanda demostraron que estas emisiones hacían posible detectar por quién votaba una persona desde una distancia de 25 metros, usando solo dispositivos disponibles comercialmente.
Una de las escasas ventajas promocionales que podría ser verificable es la rapidez en el conteo. De hecho, cuando todo sale bien, los resultados pueden ser inmediatos, sin embargo, la rapidez sin confianza ni seguridad no sirve para mucho en un proceso electoral. Esta es un área en la que la eficacia (hacerlo bien) debe primar por sobre la eficiencia (hacerlo rápido). Por lo tanto, ¿es imprescindible tener los resultados de la elección de manera inmediata?
El argumento del menor costo que tendría la elección bajo el sistema de voto electrónico ha sido refutado por auditores independientes que la pusieron a prueba. Según el informe de la organización “Save Our Votes”, publicado en febrero de 2008, el cambio de tecnologías implicó un aumento promedio de 179% del costo total por votante.
El último argumento presentado por los defensores del voto electrónico tiene que ver con que este brindaría una mayor participación ciudadana. Sin embargo, es importante destacar que la incorporación de urnas electrónicas tiene efectos claramente contrarios al objetivo de mejorar la participación ciudadana. Sobre todo en las personas poco afines con los sistemas computacionales, quienes serán los primeros excluidos: adultos mayores o personas de escasez de recursos, personas con dificultades visuales o con bajísimo nivel educativo que hoy día no requieren mayor preparación para elegir una boleta, ponerla en una urna y emitir su voluntad política; de esta manera, se verán enfrentados a un sistema mucho más complejo para votar.
Además de estos argumentos, el mayor de los problemas es que aquellos que hoy auditan las elecciones en nuestro nombre (maestras de escuela, empleados públicos, fiscales de partidos políticos) se verán incapaces de auditar eficazmente un sistema de esta naturaleza. Si bien no existen sistemas perfectos, la diferencia de impacto es sustancial; una mesa de votación tradicional puede registrar inconvenientes y ser anulada. El impacto sobre los resultados globales será mínimo, sin embargo, un error mínimo en un sistema de votación electrónica puede alterar el resultado de una elección.
Para finalizar, otro punto de vital atención a la hora de pretender implementar el voto electrónico es que, en la gran mayoría de los casos, los proveedores de las urnas electrónicas son empresas privadas cuya composición accionaria deberíamos conocer en detalle antes de confiarles un proceso público y ciudadano como es la emisión del voto.
Toda esta información debe ser tenida en cuenta a la hora de analizar si el sistema de voto electrónico y la incorporación de tecnología en la votación es sinónimo de democracia, transparencia y modernización, en especial en un acto tan importante como fundamental en los ciudadanos, como es la elección de los representantes encargados decidir los destinos de la sociedad.