En el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, distintas instituciones, entre ellas Amnistía Internacional, expresaron su «profunda preocupación» por  la «violencia institucional y discriminación por motivos de género» en causas penales y en cárceles de la Argentina.

En el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, un colectivo de organismos de defensa de los derechos humanos puso de manifiesto sus principales preocupaciones en torno a la «violencia institucional y discriminación por motivos de género» en causas penales y en cárceles de la Argentina contra las mujeres.
Con la firma de entidades como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Ministerio Público de la Defensa de la Nación y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), entre otros, el documento advierte sobre la vulneración de los derechos de las mujeres:
Criminalización de mujeres por aborto

• La criminalización del aborto impacta en especial en las mujeres más vulnerables, que son las que se exponen a prácticas inseguras y pueden presentar complicaciones post aborto. Estas mujeres en ocasiones son denunciadas por los profesionales que las atienden en violación al secreto médico, lo que desalienta la búsqueda de asistencia sanitaria y genera severos riesgos para su seguridad, salud y vida. En muchos casos, se trata de abortos no punibles, pero las mujeres acuden a prácticas clandestinas por los obstáculos que persisten para acceder a ellos. El aborto inseguro en el país constituye una de las principales causas de muerte materna y un enorme problema de salud pública y de derechos humanos.

Criminalización de mujeres en el ejercicio de la  prostitución

• Los códigos contravencionales y de faltas (de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires) operan como herramientas de criminalización de mujeres y trans en prostitución. Estas normas permiten el ejercicio de formas de violencia institucional y policial contra ellas, incluida la violencia física, sexual y económica. Por otra parte, generan intervenciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad, que habilitan la imputación de delitos de mayor entidad, como la resistencia a la autoridad o la tenencia y comercialización de estupefacientes.

La desproporcionada criminalización de mujeres por delitos de drogas

• De manera frecuente, las mujeres constituyen los eslabones más expuestos y vulnerables dentro de las estructuras de criminalidad económica. La aplicación de políticas antidrogas generó una importante tasa de encarcelamiento y la imposición de severas sanciones que afectaron desproporcionadamente a las mujeres.
• En la Argentina, el 37 % de las mujeres encarceladas están detenidas por delitos de drogas, mientras que en la población penitenciaria masculina, esos delitos representan el 10 %.
• Estas políticas tienen un enorme impacto en las personas trans, en especial en las extranjeras. En general, se les imputa acciones de menor entidad y suelen ser fácilmente reemplazables en la estructura criminal. En consecuencia, esas políticas, además de discriminatorias, son altamente ineficientes para combatir el narcotráfico.

La desproporcionada criminalización de mujeres en la persecución de la trata de personas

• El daño agravado que genera la trata de personas a nivel trasnacional impulsó diferentes reformas legales para prevenirla, investigarla y sancionarla. En su enorme mayoría, las víctimas de este delito son mujeres. Paradójicamente, cerca del 40% del total de personas condenadas por trata de personas también son mujeres.

La criminalización de mujeres en contextos de violencia de género

• Si bien el Código Penal incorpora causales generales de justificación o eximición de pena por el ejercicio de la legítima defensa, las interpretaciones legales androcéntricas suelen excluir de sus alcances a las mujeres que, en defensa propia o de sus hijos, resisten los ataques de sus agresores. La criminalización de estos casos, además de configurar un tratamiento discriminatorio, envía un mensaje a la sociedad de que no es legítimo defenderse de la violencia de género, y coloca a las mujeres en el dilema entre preservar su vida y su integridad, o la cárcel.

La criminalización de mujeres por daños ejercidos por sus parejas contra sus hijos/as

• Es usual que se impute o se investigue a las mujeres por los delitos que sus parejas o ex parejas cometieron sobre sus hijos/as, por considerar que omitieron prestar deberes de cuidado “propios de su condición de madres”, incluso cuando ellas mismas también son o han sido víctimas de la violencia intrafamiliar. Muchas veces estas imputaciones revelan distintos estereotipos de género, que afectan el derecho de las mujeres a un juicio justo e imparcial.

La falta de aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad

• Si bien las “Reglas de Bangkok” de las Naciones Unidas llaman a los Estados a disponer medidas alternativas a la privación de la libertad en caso de mujeres en conflicto con la ley penal, en la práctica esta herramienta se subutiliza. Por el contrario, la tendencia al encarcelamiento de las mujeres es cada vez mayor.

Los obstáculos para acceder y mantener el arresto domiciliario

• En nuestro país, la ley 26.472 habilita el acceso al arresto domiciliario para las mujeres embarazadas o con hijos/as menores de cinco años o personas con discapacidad a su cargo. Sin embargo, su aplicación enfrenta numerosos obstáculos, como las interpretaciones restrictivas de la norma, los estereotipos respecto de la capacidad parental de las mujeres en conflicto con la ley penal o la falta de condiciones materiales necesarias para acceder al derecho. Asimismo, la falta de políticas públicas para posibilitar o mantener el arresto domiciliario, hace que la medida solo sea viable para quienes cuentan con recursos económicos y sociales para satisfacer sus necesidades y las de su grupo familiar.

La violencia en el encierro carcelario

• El marcado crecimiento de la población penitenciaria femenina no fue acompañado de una revisión de las estructuras carcelarias que, como regla, se presentan hostiles a las necesidades propias del género, al desempeño de los roles de cuidado y al mantenimiento de los lazos familiares. En el caso de las mujeres y de las personas trans, se advierte una fuerte desproporción entre el daño social que provocan las conductas que en general se les imputan y el castigo formal e informal que reciben dentro de los establecimientos penitenciarios. Por otra parte, prevalecen prácticas como los registros corporales vejatorios, las sanciones disciplinarias que derivan en aislamientos y la privación de contacto con familiares, que impactan con especial crudeza en estos colectivos. En el caso de las personas trans, se verifican asimismo políticas de alojamiento inapropiadas y una afectación general al derecho a ser consultadas al respecto y a que su opinión sea valorada.

La falta de acceso a políticas de salud, trabajo y educación en las cárceles

• En las unidades penitenciarias también se encuentran múltiples obstáculos de acceso a la salud en general, y a la salud sexual y reproductiva en particular, en especial en la prevención y tratamiento de enfermedades que afectan principalmente a las mujeres, o en la atención de la salud integral de personas trans. Asimismo, un porcentaje ínfimo de la población carcelaria accede a actividades educativas y laborales, la oferta educativa es deficiente, la propuesta laboral reproduce los estereotipos sociales de género y constituye una alternativa inapropiada para el desarrollo personal y la obtención de recursos.

Finalmente, las organizaciones firmantes del documento despliegan una serie de recomendaciones a fin de «eliminar las prácticas de violencia institucional y a garantizar el acceso a la justicia sin discriminación». (para acceder al documento completo, click acá)
La violencia contra las mujeres, en números
Según números oficiales, en la Argentina «se registra un femicidio cada 37 horas», mientras que distintas organizaciones no gubernamentales estiman que entre 2012 y este año, 2812 hijos perdieron a sus madres«.
De acuerdo a registros sobre el funcionamiento de la línea gratuita 144, por día, unas 200 mujeres que sufren violencia llaman para pedir ayuda».
En este contexto, en julio pasado, el gobierno argentino presentó el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. La iniciativa busca que todas las provincias adhieran para así adoptar medidas de amplio alcance a fin de abordar la problemática con acciones múltiples y simultáneas.
Desde el Ministerio de Desarrollo a cargo de Carolina Stanley, destacan que el plan fue acompañado con un aumento del 30 por ciento en el presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres, con una ampliación del «50 por ciento en la capacidad de atención de la línea 144», además de la puesta en valor de un total de 25 Hogares de Protección Integral varias provincias argentinas y la promesa de construcción «de 36 más durante los próximos 3 años».

 Además, la misma cartera destacó que «junto con el Ministerio de Modernización se creó el sitio www.argentina.gob.ar/atencionmujeres, para contener y asistir a todas las mujeres del país que son víctimas de violencia de género o maltrato».

El sentido de un día que «duele»

Según Naciones Unidas (ONU), el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se justifica por las múltiples consecuencias que la violencia ejerce sobre la realidad de las mujeres en todo el mundo.

En ese sentido, el organismo puntualiza que la violencia contra la mujer…

… es una violación de los derechos humanos

… es consecuencia de la discriminación que sufre, tanto en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razón de género

… afecta e impide el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la seguridad.

Para Naciones Unidas, «la violencia contra las mujeres y las niñas se puede evitar. La prevención es posible y esencial» y advierte: «La violencia contra la mujer sigue siendo una pandemia global. Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida«.

Sobre la lucha contra este flagelo generalizado, ONU remarca que «una de las principales dificultades para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo es la marcada insuficiencia de fondos».

La importancia de la eliminación de la violencia contra las mujeres es además un capítulo destacado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales «incluyen la meta específica de poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas».