El parlamento aprobó la normativa que establece la obligación del deber de vigilancia para las empresas matrices y subcontratantes en la materia.
El Parlamento francés aprobó la ley que establece la obligación del deber de vigilancia para las empresas matrices y subcontratantes. Se ven afectadas alrededor de 100 grandes compañías francesas. Esta legislación que adopta Francia supone un avance importante para la Responsabilidad Social Empresarial/Corporativa (RSE/RSC), ya que significa un mayor nivel de protección y respeto de los derechos humanos y el medio ambiente por parte de las corporaciones
Esta norma solo se aplicará a las empresas francesas de mayor tamaño, pero establece para ellas la necesidad de analizar y abordar los impactos adversos que sus actividades provocan en las personas y en el planeta, al tiempo que deberán publicar anualmente planes de vigilancia. Estos incluyen los impactos relacionados con sus propias actividades, con aquellas de las compañías bajo su control directo y los de proveedores y subcontratas, con quienes tengan una relación comercial establecida.
Según informa el Observatorio de RSC, dicha ley establece que en caso de que las empresas no cumplan con esta obligación, se incentive a las víctimas y otras partes afectadas a denunciar el hecho ante la justicia. Así, se prevé que se puedan aplicar multas de hasta 10 millones de euros cuando las empresas no publiquen esos planes. Las multas podrán ascender a 30 millones si la no publicación y la no existencia de planes derivan en daños que de otra manera pudiesen hacer sido evitados.
Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil argumentan que el texto de la ley podría haber sido más ambicioso. Se debe a que consideran que el alcance de la ley es limitado, ya que afecta solamente a alrededor de 100 grandes empresas. Además, la carga de la prueba a la hora de determinar que la empresa falló en su obligación recae todavía sobre las víctimas –quienes habitualmente no cuentan con los medios para reclamar justicia- lo que supone una acentuación del desequilibrio de poder entre las grandes empresas y las víctimas de abuso.
Del mismo modo, si los daños ocurren a pesar de que la empresa matriz hubiese implementado un plan de vigilancia adecuado, la empresa no será responsable. La ley tampoco requiere que las empresas garanticen resultados, sino simplemente que demuestren que han hecho todo lo que estaba en sus manos a fin de evitar los daños.
En otros países, también
No sólo Francia avanza con legislación para imponer más controles a las empresas en materia de RSE. Por ejemplo, en Suiza el año pasado fueron entregadas al gobierno las firmas necesarias para establecer un referéndum en relación con la debida diligencia en materia de derechos humanos. Y este mismo mes, el Parlamento holandés  aprobó la propuesta de ley sobre debida diligencia en relación con el Trabajo Infantil. Si finalmente se aprueba por el Senado holandés, la ley requerirá a las empresas que identifiquen si existe trabajo infantil a lo largo de sus cadenas de suministro y –si ese es el caso- que desarrollen un plan para evitarlo.
fuente: Diario Responsable