El compromiso del gobierno para reconocer la posesión de la tierra a quien la ocupa es un gran paso adelante en la ampliación de derechos a los sectores más postergados. Sin embargo, problemas crónicos que atraviesa la economía argentina y mundial podrían obturar una decisión política que quedaría renga si no se facilita el acceso al pleno empleo y de calidad a vastos sectores sociales que viven en villas y asentamientos.
Mediante el decreto 358, el gobierno nacional le dio vida al Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana. El compromiso oficial es entregar certificados de vivienda familiar a 500 mil hogares.
Son unos 2 millones de personas que viven en villas y asentamientos, sin servicios básicos como el agua potable y las cloacas. Según datos oficiales, existen 4.100 villas y asentamientos en todo el país. El 40 por ciento están en la provincia de Buenos Aires. Y a su vez, la gran mayoría, el 75 por ciento, se concentran en el conurbano bonaerense y en la ciudad de La Plata.
Las organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y la organización TECHO, apoyaron la iniciativa. Y remarcaron: «Nuestros barrios, las villas y asentamientos de la Argentina, no figuran en el mapa: somos una mancha. Hay casas, calles, familias, pero no hay ninguna ley nacional ni organismo público que reconozca nuestra existencia. Al menos, hasta ahora».
Semejante pronunciamiento es sin dudas un respaldo a la decisión del gobierno de Mauricio Macri. Y especialmente a la voluntad de tener un mapa preciso de cómo, dónde y en qué condiciones vivimos los argentinos, gracias a un relevamiento nacional. Un registro que contó con el invalorable aporte de las propias organizaciones sociales.

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Uno que tiene casa o que alquila tal vez no tenga dimensión de lo que significa vivir en la nada. De estar en un lugar que no es de nadie, o es de alguien y no es precisamente de uno. Pero es uno el que habita ese lugar y es el que ejerce derechos por su posesión, ya sea un terreno fiscal o una propiedad privada abandonada.
Vivir en la nada no sólo implica no tener una vivienda digna. Representa no poder contar con derechos, ni más ni menos. Tener un certificado que diga que somos los titulares de al menos un pedazo de tierra permite tener acceso, en definitiva, a ser ciudadanos igual que los demás, con derechos a:

• red pública de agua
• cloacas
• electricidad

Además, poder reclamar:

• transporte
• alumbrado público,
• escuelas,
• hospitales,
• recolección de residuos,
• un centro cultural
• un campo de deportes.

Las propias organizaciones sociales lo dicen con total claridad: Tener derecho a una porción de tierra, es un camino a dejar de ser ciudadanos de segunda categoría. Y aclaran que la batalla no termina allí. Porque detrás de un terreno, hay un techo por tener de manera digna y un empleo para mantener todo lo anterior.
Tierra, Techo y Trabajo; las tres T que el derrotado candidato Daniel Scioli pregonaba en la campaña presidencial de 2015, más por slogan que por convicción. Son las tres T que, en realidad, cristalizó en su discurso y pensamiento el Papa Francisco.

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Hoy el gobierno de Cambiemos da este primer y fundamental paso para millones de argentinos que viven en villas y asentamientos que cayeron allí como resultado de décadas de deterioro social. El kirchnerismo apenas si fue una aspirina para atacar la enfermedad de la pobreza y la exclusión en la Argentina.
Desde mediados de la década del 70, la Argentina se viene poniendo cada vez más pobre y más desigual para repartir sus ganancias. Los más serios estudios socioeconómicos sobre la desgracias de nuestro país destacan como punto de quiebre el año 1974. Fue ese año en el que los indicadores sociales y económicos comenzaron a deteriorarse sistemáticamente hasta nuestros días. A partir de ese momento, el país del pleno empleo y de las grandes extensiones sociales de clase media comenzaba a evaporarse, lenta pero inexorablemente. Los avatares políticos desde entonces no fueron más que el marco para que dentro de él nuestra Argentina se vaya degradando.
Por tomar sólo un ejemplo: La ciudad de Buenos Aires es habitada más o menos por 3 millones de personas desde mediados del siglo XX hasta estos días. Desde aquellos años, el aumento de villas en la ciudad fue significativo. El crecimiento, dentro de nuestra ciudad, fue de un 50 por ciento más de barrios de emergencia, mientras el resto de la población se mantuvo estable en cuanto a cantidad. Sólo hubo un descenso en el número de villas entre 1966 y 1976, como consecuencia de la decisión de los gobiernos, especialmente las dictaduras, se encargaron de expulsar por la fuerza a los habitantes de villas y asentamientos. Pero una vez que la fuerza se transformó en violencia y terrorismo de Estado puesta sobre los grupos armados de la guerrilla, los barrios precarios volvieron a crecer.
Volviendo a la ciudad de Buenos Aires, sumamos otro dato elocuente. Como decíamos: si bien el número de habitantes en la ciudad de Buenos Aires se mantiene estable desde hace décadas, el número de ocupantes de villas creció el 50 por ciento. De los 107.000 de 2001 se pasó a los 163.000 personas a 2010. Incluso la organización TECHO, una de las impulsoras del reconocimiento del derecho de propiedad a los argentinos que viven en villas y asentamientos, señala que, al 2016, en territorio porteño había 82.000 familias en 42 asentamientos.
Tantos argentinos y argentinas viviendo en la postergación en la ciudad más próspera del país.

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Como conclusión digamos que el paso que da el gobierno de Macri al reconocer derechos sobre la tierra que ocupan a millones de personas es un deber postergado durante décadas.

Si tomamos el período 1974-2017, tendremos 43 años de demora, de los cuales 23, durante un poco más de la mitad discurrieron gobiernos peronistas. Pero los demás años, 20 años, tuvimos gobiernos dicatoriales y democráticos bajo el signo del radicalismo. Parece que de poco cuenta el signo partidario o si el gobierno es democrático o no.

La Argentina tiene una deuda que, en general, la dirigencia política no quiso, no pudo o vio necesario saldar. Semejante déficit, sólo puede ser afrontado con políticas de Estado.

Pero tengamos presentes las tres T: Tierra, Techo y Trabajo.

El plan anunciado promete reconocer tierras. Las familias beneficiadas, en todo caso, serán las que se las deban arreglar para levantar un techo. Pero, ¿y el trabajo?

El deterioro económico de los últimos años y el agravamiento de la situación en tiempos de Cambiemos no constituye el mejor escenario para la esperanza de esos mismos argentinos que recibirán el reconocimiento sobre la tierra que ocupan. El Trabajo, justamente, es el que hoy está en el centro del debate económico. La pérdida de puestos laborales es alarmante en algunos sectores, mientras en sólo en algunos hay recuperación. Ver productos importados en las góndolas de los supermercados es una mala señal sobre la preservación de la industria nacional y el empleo local.

Pareciera que en la Argentina siempre andamos de gobierno rengo en gobierno tuerto. Siempre a medias.

Los 12 años de kirchnerismo, como decíamos, llevaron dinero a los bolsillos de los argentinos pero no soluciones de fondo para sus problemas estructurales, como es al vivienda. En tiempos de Cambiemos, hay promesas en ese sentido pero la economía doméstica se recientes y más y más.

Paradojas argentinas, que de tanto en tanto, nos alumbran el entendimiento con total descaro.