La irrupción de docentes en las aulas aleccionando a los alumnos sobre la responsabilidad del Estado en el caso y la inacción pública para poner una solución al conflicto por las tierras reclamadas por los pueblos originarios muestran cómo la ineficiencia y/o ausencia del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones desdibuja su centralidad institucional y «anarquiza» a una sociedad cada vez más desmembrada.
El caso de Santiago Maldonado viene dejando múltiples discusiones de época. Primero claro, su desaparición: el hecho de que se cumpla un mes sin tener rastros de él nos recuerda que en democracia, también hay desaparecidos. Lo son Julio López, lo es Migue Bru, lo es también Florencia Penacchi, lo es Sofía Herrara y tantos otros. Según datos oficiales, desactualizados, para variar, hay más de 6.000 personas desaparecidas a 2015. La mayoría son mujeres, niñas adolescentes y adultas. Son miles de almas de las cuales no sabemos nada. Sin embargo, hoy los ojos están sobre el caso de Santiago Maldonado.
Es saludable que una sociedad, castigada por la desaparición forzada de personas, discuta y se pregunte hoy sobre la situación del joven artesano. Lo que objetamos es qué rol y cómo lo ejerce el Estado a la hora de organizar su búsqueda, más allá de su responsabilidad sobre si alguno de sus estamentos lo hizo desaparecer o no.
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Esta semana se conmemoró el Día Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas. Ante la ausencia de un Estado presente, la viveza criolla y el oportunismo político hicieron de las suyas. Los gremios docentes coparon aulas (no importa si fueron muchas o pocas) e hicieron una fuerte bajada de línea política sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Es decir, cuando el Estado debió estar presente en las aulas, visibilizando esa y otras miles de desapariciones, su silencio fue aprovechado por el oportunismo político de los gremios nucleados en Ctera.
«Cocodrilo que se duerme es cartera», dice el refrán. Hay que ver si al Estado, bajo la actual conducción política de Cambiemos, le importa y cuánto convertirse en marroquinería en materia de Derechos Humanos.
El caso Maldonado colándose en las escuelas reviste una gravedad mucho más allá del episodio. La pregunta es, si lo gremios lograron copar aulas sin que las autoridades educativas nacionales, provinciales y municipales advirtieran a tiempo el asunto, ¿cuántas otras veces habrá habido intervención de los sindicatos colando vaya a saber qué contenidos en las aulas donde estudian nuestros chicos? ¿Habrá sanciones para docentes y los gremios que los incentivaron a esta jugada política dentro de las aulas?
Soy uno de los millones de argentinos y argentinas que está de acuerdo en hablar de la desaparición de Maldonado, de López y de las demás desapariciones en la Argentina. Hay que contarles a nuestros chicos que, luego de la larga noche de la última dictadura con sus 30.000 desaparecidos, aquella práctica, aunque no de manera sistemática, se sigue dando.
Una discusión que tuvo color político e ideológico particular en tiempos del kirchnerismo, cuando la preocupación por hablar de los Derechos Humanos quedaba arbitrariamente restringida al período que fue de 1976 a 1983, con casi nulas referencias a la violación de los mismos antes o después de aquel nefasto período. No importa: habíamos logrado que se volviera hablar de la violación de los derechos humanos por mezquina que haya sido su visibilización.
No es casual que aquella concientización (adormecida, por lo menos en tiempos de Cambiemos) pareció reverdecer con la fuerza de un reclamo en tono político por la desaparición de Santiago Maldonado; aquella «batalla cultura» hoy parece todavía ser el madero del cual se sostienen los detractores del macrismo.
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Y hablando de ausencia del Estado, cabe hacer mención un hecho que tal vez sea como el gran continente que comprenda no sólo la desaparición de Santiago Maldonado sino la protesta mapuche y la de otros pueblos originarios.
La ley 26.160 del año 2006 declaró la emergencia para la posesión de tierras de indígenas y prohíbe desde entonces su desalojo. La norma, atenta a las tensiones territoriales por los reclamos de los pueblos originarios y el negocio inmobiliario sobre millones de tierras ancestrales, creaba un relevamiento de estas poblaciones. Sin embargo, a pesar de dos prórrogas en el tiempo, el Estado sólo censó la mitad de estas comunidades.
La ley declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y suspende la ejecución de desalojo de esas tierras. Pero, porque la Argentina es un gran campo con peros sembrados, el 23 de noviembre de 2017 vencerá esta ley (vigente gracias a prórrogas sucesivas desde hace más de 10 años) y diversas organizaciones piden su prórroga.
Gracias a esta normativa, existe el Instituto Nacional de Asunto Indígenas, INAI por sus siglas. Según un estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN), a 2012 el organismo todavía no contaba con capacidad para cumplir sus funciones. En este mismo informe, el INAI se defendió y se excusó diciendo que las comunidades son muy dinámicas (o movedizas, por decirlo con un termino vulgar) y que le es difícil concretar el relevamiento.
Por su parte, el capítulo argentino de Amnistía Internacional señaló en un informe que la ley “no reconoce ni avanza en la titulación de tierras”, aunque sí “constituye un paso previo positivo muy importante para que las comunidades indígenas puedan identificar su territorio y puedan obtener los títulos de propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Como se lee a simple vista, cuando el Estado no se hace cargo de lo que tiene que atender, los conflictos estallan.
Casos como el de Maldonado no hace más que mostrarnos la desidia argentina, en este caso, al tener que ordenar el territorio (a medias y sin responsabilidad política), y al tener que reconocer los derechos que el propio Estado se comprometió a otorgar y, todavía, no lo hizo y no sabemos si lo quiere hacer.
Cambian los gobiernos y la odisea argentina sigue inexorable.
