El proyecto de recortes del gobierno sobre jubilaciones, pensiones y planes sociales caminó hacia el precipicio del fracaso, al querer imponer una medida con muy bajo consenso social. Recuerdos de tiempos políticos en donde la apelación a la ley también terminó confrontando con la consideración popular.

La línea que separa a lo legal de lo legítimo suele ser invisibles a ojos poco atentos. Pero que la hay, la hay. Los sucesos en torno a la Reforma Previsional traen al presente una dicotomía de antaño, especialmente en el campo de la filosofía política.
Lo que los poderes imponen legalmente no siempre tiene aceptación social (y no habrá legitimidad reconocida para dicha decisión). Así pasó con los sucesivos y frustrados planes económicos del alfonsinismo en los 80; así pasó con los recortes jubilatorios y salariales en tiempos de la Alianza gobernante en el 2001; así pasó en tiempos del kirchnerismo con la resolución 125…
Lo legal, lo decidido por el poder político con el códice institucional de una República en la mano, no siempre es lo que la sociedad termina reconociendo como válido.

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Cuando hablamos de legitimidad estamos refiriéndonos al proceso por el cual la sociedad acepta como válidas las instituciones políticas: Como señalaba el sociólogo argentino Torcuato Di Tella, hay una «creencia» de que ellas son las indicadas para dirigir los destinos de ese grupo humano.
Las elecciones democráticas son las que permiten que los partidos políticos y/o alianzas electorales accedan al poder y tengan la oportunidad de lograr dicha legitimidad. Fue lo que Cambiemos obtuvo en 2015 (y así sucedió en transiciones políticamente calientes como la llegada al poder de Néstor Kirchner en 2003, con apenas el 22 por ciento de los votos y un segundo lugar en la primera vuelta electoral o la de Raúl Alfonsín, en 1983, con una gran elección ganada al peronismo pero con un país que todavía vomitaba sangre tras la larga noche de barbarie institucional de la dictadura militar).
Dicha oportunidad otorgada actual gobierno de Mauricio Macri le concedió el privilegio que todo gobierno detenta: el de poder accionar políticamente para llevar soluciones a muchos conflictos que la sociedad necesita resolver y hasta tomar decisiones que, incluso, el cuerpo social sabe que terminará pagando con un precio más alto al deseado, pero que estima necesario. Así, el actual gobierno de Macri viene aplicando un sostenido ajuste económico (especialmente en materia de tarifas de servicios públicos) que a la sociedad argentina le cuesta pagar. Sin embargo, hubo (y hay) un consenso social sobre, por ejemplo, el retraso en materia de tarifas fruto de años de la demagogia económica del kirchnerismo, especialmente en esta cuestión. Un gobierno puede tomar una decisión infeliz popularmente pero aceptada socialmente.
Sin embargo, no sucede lo mismo con la Reforma Previsional. El empecinamiento del gobierno en lograr un proyecto de recorte de hasta 100 mil millones de pesos en jubilaciones, pensiones y planes sociales se estrelló con el creciente rechazo social a dicha medida. Pero no es una simple colisión entre legitimidad y legalidad.
Lo legal del asunto (cuestionable para los constitucionalistas si no era destrababa la cuestión del «empalme» entre la vieja fórmula de actualización y la nueva) queda teñido de una legitimidad rara avis surgida del acuerdo político que Cambiemos firmó con los gobernadores.
Dicha legitimidad queda socavada por la propia legitimidad devaluada de los gobernadores, malos administradores de la «cosa pública» y depositarios de un poder político que no atiende, ni con eficacia ni con responsabilidad, las más urgentes y más profundas de las necesidades de la sociedad argentina, en clave provincial.
Esa liga del poder concentrado (feudal en algunos casos) puso la firma en un documento propuesto por un gobierno que llegó al poder con el compromiso de fundar un nuevo modo de hacer política, lejos de las viejas, rancias y fracasadas fórmulas políticas del acuerdo y las prebendas.
Desde los ojos de la opinión pública centralizada en los grandes medios nacionales (con base en Buenos Aires) quedó la impresión de que desde el cielo comenzó a caer una sorpresiva lluvia política, cuyos promotores (gobierno nacional y provinciales) decían que era agua, mientras la sociedad entendía que era otro líquido de procedencia dudosa.

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Todo lo que sobrevino dentro y fuera del Congreso fue parte de una historia escrita de antemano.
La violencia en las calles, tanto la de grupos de choque, manifestantes y especialmente de las fuerzas de seguridad, compuso el último capítulo de un verdadero fracaso político (con el bonus track de los diputados a los manotazos dentro del recinto, dando cuenta de que nada bueno podía surgir de un día prefigurado como violento).
La responsabilidad política se advierte cuando está ausente.
Con el modo con que el gobierno quiso imponer la reforma y con el posterior anuncio de un «bono compensatorio» para las prestaciones recortadas, todo quedó muy en claro: lo legítimo del rechazo a la medida terminó plasmándose en una ley emparchada, acomodada al estado de situación social.
Aunque los costos políticos puedan ser elevados, las victorias sociales (lo legítimo) siempre son mejores a las políticas (lo legal).