La organización internacional Frontline Defenders recopiló 312 crímenes, con un muy bajo índice de detención de sus autores, lo que se asocia a la complicidad de los Estados con estos ataques.

Según el informe del grupo Frontline Defenders, durante 2017, de los 312 asesinatos documentados de activistas, solo un 12 por ciento desembocaron en arrestos de criminales De este modo, la organización, denuncia que la constante impunidad con la que son beneficiados los asesinos de los activistas, quienes sufren sobre sus hombros otra amenaza: la de la criminalización de sus actividades, por la que son acusados de delitos ficticios, encarcelados y torturados en prisión para silenciar su voz.
La violencia contra los activistas, según Frontline, una red internacional que aglutina a más de 20 organizaciones de todo el mundo, se concentra en cuatro países (Brasil, Colombia, México y Filipinas), donde existe un modelo específico y predominante de crimen: el que es perpetrado contra los defensores de los derechos territoriales de las poblaciones indígenas «y siempre en el contexto de los megaproyectos internacionales que realizan las industrias del sector de la extracción». Las fuerzas de seguridad son cómplices con su silencio o, en el peor de los casos, con su participación.
Y, aunque el grupo señala «algunas victorias» en 2017 (como por ejemplo en Camerún, Sudán e incluso en Turquía donde, a pesar de la purga ordenada por el presidente del país contra sus opositores, campañas de movilización lograron revocar las condenas de algunos activistas), la situación en términos generales sigue siendo muy grave.
Frontline Defenders estima que nueve de cada diez de los activistas asesinados habían sido amenazados de muerte previamente. Esto significa que las fuerzas de seguridad podrían haber intervenido para salvar sus vidas. Es la marca de la impunidad, según el grupo, y por extensión de las prácticas de criminalización contra los defensores de los derechos humanos.
«En todas las regiones del mundo, la criminalización ha sido la medida más común para impedir la labor de los activistas y deslegitimarlos a los ojos de sus propias comunidades. Se les amenazó con la cárcel o peor, bajo cargos de ‘atentar contra el Estado’ o ‘secesión’, que acarrean la pena de muerte», según Frontline.

La cuestión machista, en el asunto de los derechos humanos

Un dato que no deja de llamar la atención es que, en las amenazas contra las activistas humanitarias, existe un fuerte componente machista. Un caso es el de la activista y abogada malasia Siti Kasim, a quien amenazaron a través de Internet con violarla o desfigurar su cara con ácido.
Peor aún fue el caso de Ebtisam al Saegh, activista bahreiní, quien denunció que fue violada por varios policías cuando estaba bajo custodia de los efectivos por colaborar con agencias de Naciones Unidas.
También las madres son amenazadas, como le ocurrió a la colombiana María Leonilda Ravelo Grimaldo, cuya hija fue encañonada por dos hombres en una motocicleta.
«El agravante de la dinámica de género ha sido una constante en todos los países investigados a lo largo de 2017», lamentó Frontline Defenders.
Finalmente, advirtieron que el triunfo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su respaldo a autócratas como su par filipino, Rodrigo Duterte, pusieron en más dificultades a los defensores de los Derechos Humanos. Turquía y Egipto también endurecieron la persecución contra los defensores de los derechos civiles, y China y Rusia siguen la misma tendencia opresora que ya venían mostrando años anteriores.
fuente: Cuatro