Mazidah, una mujer de 30 años, tuvo que ser hospitalizada tras recibir 100 bastonazos en la espalda por supuesto adulterio en la provincia de Aceh. Ella apeló y espera una respuesta. Representantes civiles locales denuncian una salvaje caza de brujas en nombre de la moral.

por Lucio Casarini
«Estar a solas con alguien del sexo opuesto que no es cónyuge ni pariente». Ese es el delito que según el tribunal de la Sharia —ley islámica— cometió Mazidah, una ciudadana de 30 años, en Lhokseaumawe, ciudad de la provincia de Aceh. La castigada —únicamente se conoce su nombre de pila— tuvo que ser atendida en un hospital como consecuencia del castigo, que consistió en 100 bastonazos en la espalda.
La organización civil local Solidaritas Perempuan (en castellano, Solidaridad de las Mujeres) dice en Solidaritasperempuan.org que la afectada, que niega haber violado ley alguna, apeló a una instancia superior y espera una respuesta. La entidad denuncia que la población de Aceh sufre una salvaje caza de brujas en nombre de la moral pública y privada.
El tormento de Mazidah fue aplicado en público, delante de una multitud de cientos de personas, que incluía niños, y frente a la mezquita local. El encargado de ejecutarlo fue un agente con el rostro tapado. El ciudadano virtualmente descubierto en compañía de Mazidah recibió flagelaciones similares.
«Suponen una violación a derechos fundamentales y a menudo son aplicadas de forma abusiva por las autoridades públicas e incluso por particulares», dice Human Rights Watch, sobre algunas de las normas de la Sharia vigentes en Aceh; por ejemplo, las relativas al adulterio y la vestimenta. «El gobierno central y el gobierno provincial de Aceh deberían tomar medidas inmediatas para revocarlas».
El dictamen de la organización civil con sede central en Nueva York puede leerse en su informe Policing Morality: Abuses in the Application of Sharia in Aceh, Indonesia (Patrullando la moralidad: Abusos en la aplicación de la Sharia en Aceh, Indonesia), disponible en Hrw.org.
La provincia de Aceh es la única que ha establecido formalmente la Sharia —vigente en Arabia Saudita y otras naciones islámicas— dentro de Indonesia, un estado de mayoría musulmana con una legislación relativamente secular. En Aceh, las mujeres deben vestirse tapándose prácticamente desde la cabeza hasta los pies, el consumo de alcohol está por completo prohibido y numerosas ofensas, desde dialogar en privado con personas del sexo opuesto fuera del matrimonio o la familia, hasta las apuestas y la homosexualidad, se castigan con hasta 150 azotes públicos por infracción. Asimismo, los convictos pueden padecer multas económicas y la cárcel.
Aceh introdujo la ley islámica en 2001, tras recibir una autorización especial del gobierno central indonesio, que con esta medida intentó calmar el movimiento separatista. A partir de entonces, la policía de la Sharia recorre la provincia asaltando todo, desde viviendas particulares y habitaciones de hotel, hasta playas, en la búsqueda de actividades supuestamente inmorales. En simultáneo, Aceh se ha convertido en un modelo para otras regiones del país que buscan imponer sus propias ordenanzas basadas en la ley islámica.

Crímenes en nombre de la moral

«Escuché ruido, como de una multitud furiosa», dice Rosmiati, una ciudadana de Aceh que fue atacada en su casa por sus propios vecinos, que la acusaron falsamente de adulterio. «Eran decenas de hombres…; rompieron la puerta, entraron, y sin decir nada, golpearon a Nurdin; sangraba por la nariz». Nurdin es un conocido que había ingresado minutos antes a la casa de la mujer, al caer la tarde, para decirle algo. «Agarraron algunas de nuestras cosas, como nuestros teléfonos y cargadores, y un pequeño televisor; uno de ellos manoseó mis pechos, como si yo fuera una mujer fácil descubierta en algo ilícito con un hombre; estaba tan avergonzada…».
«Después de que me liberaron de la custodia policial bajo sospecha de adulterio quise irme de Aceh…», sigue Rosmiati. «Fue difícil para mí, pero más para Nurdin; el líder del pueblo le dijo que ya no podía quedarse y que tenía que entregarle todas sus pertenencias y dinero para sacrificar una vaca o un cordero y cocinarlo, como compensación por avergonzar al pueblo».
El relato integra el mencionado informe Patrullando la moralidad, de Human Rights Watch, que pone en evidencia numerosos atropellos, como que estas leyes se aplican de forma selectiva o arbitraria. Por ejemplo, casi nunca involucran a personas acaudaladas y con conexiones políticas. Además, mientras que las disposiciones sobre la indumentaria —que prohíben asimismo mostrar la silueta o usar transparencias— deberían aplicarse por igual a ambos sexos, en la práctica imponen restricciones mucho más onerosas para las mujeres.
Paralelamente, los policías de la Sharia se valen de una interpretación muy abierta de la ley de adulterio para vigilar actividades ambiguas, como sentarse y charlar en un espacio tranquilo con una persona del sexo opuesto con la que uno no está casado ni relacionado, independientemente de si existan evidencias de intimidad.
Entre tantos crímenes cometidos en nombre de la moral, Human Rights Watch documenta interrogatorios agresivos, la imposición del matrimonio como condición para que la persona sospechosa sea puesta en libertad y la violación sexual de mujeres por los agentes estatales en los lugares de detención. Por otra parte, representantes de la ley islámica a veces obligan a las ciudadanas adultas y niñas a someterse a exámenes de virginidad.
En ocasiones, pobladores comunes también identifican, detienen y castigan, por propia iniciativa, a los considerados sospechosos. En varios casos, esas personas determinaron sin ninguna formalidad institucional que ciertos vecinos eran culpables de adulterio, y los atacaron, golpeándolos severamente o, por caso, quemándolos con cigarrillos.
Esos agresores no tuvieron que rendir cuentas en ningún momento por estas ofensas. Sin embargo, algunos de los acusados enfrentaron castigos, incluyendo matrimonios forzados, expulsión de su ciudad y multas arbitrarias, fijadas por líderes informales y sin ajustarse al debido proceso.
Amnistía Internacional, entidad civil con sede central en Londres, se ha declarado también «seriamente preocupada» por la situación en Aceh. Considera que el azote puede equivaler a tortura, y contraviene la Constitución de Indonesia y el derecho internacional de los derechos humanos, y puede causar lesiones físicas y mentales a largo plazo. Además, AI se opone a la penalización de las relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio, pues suponen una violación del derecho a la privacidad.