El compromiso de las firmas por ser cada día más responsables con su entorno mediante buenas prácticas exige pensar en un marco legal que trascienda la buena voluntad que surja de los cuadros gerenciales y los conmine a respetar un conjunto de estándares que tengan a los derechos de las personas en el centro de escena, tanto dentro como fuera de su negocio.

Cuando hablamos de Derechos Humanos, su connotación resuena en muchos ámbitos de nuestras vidas. Podríamos decir que desde el punto de vista institucional, dichos derechos tienen un alto impacto, especialmente cuando los Estados los violan. En ese sentido, la Argentina dio cuenta de un gran debate a propósito de la violación de los Derechos Humanos, especialmente durante la última dictadura militar (1976-1983). Sin embargo, el impacto de estos derechos (y su respeto) se diluye en su percepción en el ámbito de las relaciones al interior la sociedad civil y, más aún, en el vínculo entre personas y empresas.
El rol de las corporaciones en el despliegue de los Derechos Humanos no es un dato menor. Tanto sea por su peso en las relaciones económicas, políticas e incluso sociales, las empresas tienen para sí un campo de acción que define y redefine dichas relaciones.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, destaca este rol de las empresas, en dos aspectos. Por un lado «por la cantidad de gente que ocupan. Hablamos de relaciones entre la gente y de una cultura empresarial» que vincula el mundo de los negocios con las personas. Asimismo, esa relación tiene que ver con la cantidad de horas de trabajo de un empleado o empleada en su empresa. «La gente pasa mucho más tiempo en sus lugares de trabajo que en sus casas», remarca el funcionario.
Las empresas ocupan un rol central en la definición de los Derechos Humanos y su respeto. Sin embargo, asociar dichos derechos al mundo de los negocios resulta difícil. Así lo reconoce el coordinador general de Valor RSE + Competitividad de AMIA, Fernando Passarelli. «No solo en nuestro país sino en el mundo, unificar la mirada sobre los Derechos Humanos y actividad empresarial es un desafío. Parece difícil que la búsqueda de maximización del lucro contemple cuestiones como el bien común que por décadas estuvieron ajenas a la actividad empresarial», remarca el especialista. Sin embargo, considera que «empieza a haber cambios de paradigmas, públicos nuevos y organismos internacionales que van cobrando protagonismo».
El gran marco en el cual se da este debate incipiente se comenzó a forjar con los Principios Rectores Sobre Empresas y Derechos Humanos, elaborador por el profesor John Ruggie y adoptados en 2011 por Naciones Unidas como directrices de trabajo en la materia.
La directora Nacional de Cultura Cívica en Derechos Humanos, Romina Sarmiento, aclara que dichos principios todavía no son vinculantes para las empresas, por lo que su cumplimiento queda aún en la esfera de la buena voluntad de las propias firmas. En ese sentido, el Relator especial de las Naciones Unidas para la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, Alfredo de Zayas, aseguró que «la autorregulación nunca funcionó. Necesitamos normas vinculantes».
En el mientras tanto, y ante un rol del Estado que se reconoce como vital para dicho cumplimiento de los Derechos Humanos, iniciativas como, por ejemplo, la Red Argentina del Pacto Global reúne a las principales empresas de nuestro país, asumiendo el compromiso voluntario de respectar los Derechos Humanos al interior de sus actividades y en la relación con el entorno social y ambiental. 
En palabras del coordinador de Valor RSE de AMIA, Fernando Passarelli, se trata de que las empresas garanticen el cumplimiento de los Derechos Humanos dentro y fuera de su actividad, especialmente en la cadena de valor de la misma, ese largo entramado de proveedores que poseen las firmas a lo largo del cual muchas veces el firme cumplimiento de leyes y principios éticos se va diluyendo, eximiendo de responsabilidades a las empresas, con especial preocupación en la acción las firmas transaccionales.
En ese sentido, Amnistía Internacional advierte que, más allá del impacto positivo que provocan las multinacionales, al crear «puestos de trabajo, las nuevas tecnologías que mejoran las condiciones de vida, y la inversión en la comunidad», muchas de ellas se valen de «normativas nacionales poco eficientes y mal aplicadas», especialmente en países subdesarrollados, con débiles marcos legales en donde «las empresas que operan a través de las fronteras intervienen a menudo en la comisión de graves abusos, como el trabajo forzoso o el desalojo de comunidades de sus tierras y su reasentamiento forzoso en otros lugares».
La clave para el cumplimiento de los Derechos Humanos en la actividad empresaria pasa fundamentalmente por el rol protagónico del Estado en el control de dicho acatamiento. En ese sentido, La Argentina lanzó a finales del año 2017 el Plan Nacional de Derechos Humanos, entre cuyos objetivos figura «impulsar políticas públicas destinadas a proteger, respetar y remediar según los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos».
Se trata, ni más ni menos, que de una resignificación del alcance de los Derechos Humanos que, como venimos sosteniendo, en la Argentina quedó encapsulado en la peor noche dictatorial de nuestro país hasta el retorno democrático de 1983.
Sin embargo, los esfuerzos por ampliar el alcance de la vigencia de los Derechos Humanos resultan insuficientes. Más allá de la voluntad política, hay una suerte de barrera generada por la propia idiosincrasia empresarial. Así lo reconoce Claudio Avruj desde la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Cambiemos, al tiempo que señala la importancia de generar «una cultura distinta» en el respeto de dichos principios.
Fernando Passarelli de AMIA es más crudo en el análisis de estos escollos: «Los departamento de Legales de las empresas ven en estos temas un gran riesgo. Tiene que ver con cómo los jueces han interpretado los litigios en el pasado en el marco del respeto a los Derechos Humanos. Todo lo que represente un riesgo y un costo es un problema» para las compañías», según la mirada del directivo.
Pese a todo lo que queda por avanzar en el respeto a los Derechos Humanos en la actividad empresarial, el camino ya está trazado y se lo está recorriendo.
Para Avruj, la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) fue un paso fundamental en el comienzo de la visibilización de esta problemática, aunque sea insuficiente. «La RSE tiene que ver con acciones que la empresa empieza a realizar para insertarse en la sociedad. Pero eso no quiere decir que cuide hacia su interior lo que pregona hacia afuera».
En este camino andado, el funcionario del gobierno de Mauricio Macri destaca una mayor sensibilización en la cuestión entre los cuadros gerenciales. «Hay una apertura de las empresas pero fundamentalmente del Estado que debe estar a la vanguardia y no a la retaguardia de este tema. Él debe potenciar estos cambios con medidas» políticas, resaltó Avruj.
Una mirada que es coincidente en el sector privado, desde donde la capacitación de los hombres y mujeres del sector corporativo en una agenda amplia de derechos a cumplir por parte de las empresas, más allá de su búsqueda de lucro, constituye uno de los principales reaseguros de que las firmas sean más «derechas» y «humanas» en el ejercicio de su actividad, en el cuidado de su personal y de la cadena de proveedores, además de un cabal respeto de su entorno social y ambiental.
Cumplir la ley es una acto obligado para las empresas; ir más allá de ella, dando aún más derechos a sus empleados y empleadas y ser más amigable con su entorno que lo que la ley exige es mucho más que actuar a derecho. Es responder a una demanda social que no hará más que fortalecer la relación entre firmas y sociedad, potenciando la competitividad entre las empresas, las que ya están haciendo esfuerzos por demostrar cuál es más respetuosa de su entorno, más allá de las ganancias que obtengan.