Comienza mañana en la ciudad de Catamarca el proceso oral y público que sentará en el banquillo a seis policías. La víctima tenía 20 años cuando murió el 14 de marzo de 2012 luego de recibir torturas salvajes en la Comisaría 7. Los uniformados deberán responder por vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por Lucio Casarini

«Se aproxima el día en que finalmente mi hijo Diego Iván Pachao tendrá la justicia que necesita para que su almita descanse en paz. Diez años y cuatro meses de impunidad absoluta!!! Los policías siempre tienen el respaldo de los tres poderes del Estado, es por esto que seguimos lamentando torturas, abusos, muertes en manos del aparato represor, asesino. Dios quiera que al juzgar debidamente a los homicidas de mi hijo toda nuestra sociedad tome conciencia y luchemos unidos y podamos derribar este sistema perverso, corrupto, criminal. Otro Diego asesinado, no!!! Queremos a nuestros jóvenes libres, que disfruten de su vida como merecen. Por Diego Iván Pachao y todas las víctimas de impunidad: justicia, justicia, justicia!!!»

Claudia Liliana Véliz publicó estas palabras en Facebook mientras se acerca el comienzo del proceso oral y público que sentará en el banquillo a seis policías acusados por la muerte de su hijo Diego, que tenía 20 años cuando murió el 14 de marzo de 2012 luego de ser torturado en la Comisaría 7. Los uniformados deberán responder por vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La madre, que es quien impulsa la querella, será representada por la abogada Natalia Soledad Rodríguez. Esta ocupa desde hace pocos días el lugar de sus colegas José Furque y Beatriz Monllau.

Los imputados son Gustavo Eduardo Bulacios, Claudio Yani Nieva, Ramón Ariel Quevedo, Ricardo Darío Barrera, Ricardo Varela y Jorge Montivero, quienes nunca fueron pasados a disponibilidad ni investigados por su propia fuerza como establece el reglamento interno. La causa inicialmente incluyó a once uniformados y también a Duilio Gallo Canciani, médico de Policía a quien acusaron de no haber registrado los hematomas de los golpes que causaron la muerte de Diego. Con el paso de los años, el proceso se fue dilatando. Como consecuencia, el galeno y siete efectivos resultaron sobreseídos por extinción de la acción penal.

La Corte de Justicia de la provincia decidió en marzo remitir el expediente del caso del Juzgado Correccional a la Cámara Penal 2 para la realización del juicio oral y público. Lo hizo en respuesta a un planteo efectuado por la fiscal Olga Pereyra, caratulado: «Cuestión de competencia planteada por el Juzgado Correccional N° 2 en causa N° 154/21 -Bulacios, Gustavo Eduardo y Otros -Vejaciones, etc».

«Surge evidente de la lectura del requerimiento de citación a juicio -que no es otra cosa que el relato de los hechos y su alificación-«, dice el fallo de la Corte catamarqueña, «circunstancias que exceden la competencia del Juzgado Correccional respecto de los hechos que le endilgan a los imputados, numerarios policiales y al encuadre legal de la conducta por el delito de vejaciones, lo que se agrava. (…) Sabido es que un juzgado correccional no puede conocer ni juzgar aquellos delitos cuya pena exceda la competencia material asignada, es decir, de cinco años.»

«Ante la eventual modificación de la calificación actual -vejaciones e incumpliendo a los deberes de funcionario público-«, agrega el dictamen del máximo tribunal provincial, «por una más severa, corresponde que intervenga el tribunal de competencia superior. Por ello, la Corte resuelve declarar que la Cámara en lo Criminal de segunda nominación es el tribunal competente para entender en las presentes actuaciones».