Tiene las firmas del premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel; el abogado Eduardo Barcesat; el exjuez Carlos Rozanski, y la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida.
Un colectivo de dirigentes y agrupaciones presentó ante la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei, a quien acusan de mal desempeño de sus funciones y la comisión de varios delitos en el ejercicio del poder.
La propuesta de los cercanos al kirchnerismo ingresó a la Cámara Baja y deberá pasar a la Comisión de Juicio Político, aunque tiene muy pocas chances de prosperar. No sólo porque el espacio a fin ya no tiene mayoría en la comisión, sino que necesita del apoyo de los dos tercios de los presentes en el recinto, una mayoría agravada que Unión por la Patria no posee.
En la denuncia acusan al mandatario de “la instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos”, la posible comisión del delito de “apología del crimen” y de “abandono de personas”.
A su vez, lo señalan por el incumplimiento de los deberes de funcionario público por el desfinanciamiento y el desmantelamiento de los recursos asignados al Plan Nacional Argentina contra el Hambre que, aseguran los autores del pedido de juicio político, habría puesto “en peligro la vida y la salud de miles de personas que asisten cotidianamente a los comedores comunitarios”.
Además, cuestionan al Presidente por la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (la Dadse) y su consecuente desfinanciamiento de “los subsidios para la adquisición de medicamentos y elementos de tecnología médica para pacientes oncológicos”.
El escrito lleva la firma del premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel; la exembajadora argentina ante Venezuela y declarada militante chavista Alicia Castro; el abogado Eduardo Barcesat; el exjuez Carlos Rozanski, y la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, entre otros.
Los firmantes también cuestionan a Milei por el dictado del decreto de necesidad y urgencia 70/23 porque, sostienen, “configura, inexcusablemente, mal desempeño y amerita la necesidad de examinar las violaciones a la normativa penal que derivan de su dictado y menguada pero efectiva vigencia”.
Con información de La Nación
