Una jueza consideró que se ponía en riesgo la estabilidad laboral de los empleados.
La jueza federal de San Martín, Martina Forns, suspendió mediante una medida cautelar el Decreto 461/2024, por el cual el presidente Javier Milei había dispuesto la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
La resolución judicial ordena al Poder Ejecutivo «abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo» vinculado al decreto, como reubicaciones, traslados o cesantías de personal.
El fallo surge a partir de un amparo presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) y tiene una vigencia de seis meses.
Forns argumentó que se configuran los requisitos de una medida cautelar: «verosimilitud en el derecho y peligro en la demora», y consideró que el decreto «vulnera las normas y garantías laborales vigentes».
También cuestionó el artículo 33 del decreto, que subordina los movimientos de personal a la aprobación de la Secretaría de Transformación del Estado:
«Conlleva la subordinación de las decisiones relativas al personal […] a la exclusiva discrecionalidad de dicha Secretaría.»
Y agregó:
“Dicha disposición vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales.”
El Gobierno nacional puede apelar la medida ante la Cámara Federal de San Martín.
