El tribunal escuchará durante las primeras audiencias la lectura del requerimiento de elevación a juicio.
Este jueves a las 9:30, de manera virtual, el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) dio inicio al juicio oral por la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, considerada por la justicia federal como “la mayor maniobra de corrupción de los últimos veinte años”. La principal acusada es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien será juzgada junto a otros exfuncionarios y 60 empresarios por presunta participación en una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a contratistas del Estado entre 2003 y 2015.
El tribunal, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cañero y Germán Castelli, escuchará durante las primeras audiencias la lectura del requerimiento de elevación a juicio, que se estima se extenderá por al menos cuatro jornadas. La fiscal general Fabiana León representará al Ministerio Público Fiscal, que sostiene que se trata de “la investigación de hechos de corrupción más extensa en la historia judicial argentina”.
En total, son 86 los imputados, entre ellos los exfuncionarios Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, Ricardo Jaime, y empresarios como Carlos Wagner (ESUCO y expresidente de CAMARCO) y Ernesto Clarens (Inverness S.A.).
Según el dictamen fiscal, la expresidenta habría actuado como jefa de una asociación ilícita, rol que también se le atribuye al fallecido expresidente Néstor Kirchner. La organización habría operado de forma permanente durante más de una década, con un esquema de recaudación de sobornos centrado en la adjudicación de obras públicas, contratos ferroviarios y concesiones viales.
El fiscal Carlos Stornelli, en su pedido de elevación a juicio, estructuró la acusación en cuatro ejes: los cobros registrados por el chofer Oscar Centeno, la adjudicación irregular de contratos de transporte, la cartelización de la obra pública y la participación de empresarios en el circuito de pagos ilegales.
El Ministerio Público sostiene que existían dos canales de recaudación: uno directo, en el que funcionarios recogían dinero en efectivo de manos de empresarios, y otro indirecto, operado por intermediarios como Clarens y Wagner. Ambos circuitos habrían funcionado de manera complementaria dentro de una misma estructura jerarquizada, con epicentro en el extinto Ministerio de Planificación Federal.
La causa, instruida por el fallecido juez Claudio Bonadio, se basa en los registros manuscritos de Centeno y en múltiples confesiones de imputados colaboradores. El juicio representa un hito en la historia judicial argentina por su magnitud, cantidad de imputados y relevancia institucional.
