El Gobierno celebró la sanción del proyecto que tuvo uno de los debates tributarios más calientes del año y que llevó más de seis meses de negociaciones.

La aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal en el Senado cerró uno de los debates tributarios más sensibles del año. La norma, que demandó seis meses de negociaciones, apunta a incentivar el uso de ahorros no declarados, los llamados “dólares del colchón”, sin que los contribuyentes queden automáticamente bajo investigación de ARCA, el organismo que reemplazó a la ex AFIP.

El eje de la iniciativa es modificar el esquema de control fiscal vigente, bajo el argumento de que los parámetros penales y de información habían quedado desactualizados por la inflación. Con ese marco, el Gobierno busca que parte de esos dólares hoy fuera del sistema se vuelquen a la economía formal, en especial al mercado de bienes registrables, como autos e inmuebles.

Cambios penales, menos controles y un “perdón” fiscal

La ley introduce modificaciones en la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario. El cambio más relevante es la suba de los montos a partir de los cuales una conducta pasa a considerarse delito. La evasión simple se eleva de 1,5 a 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada pasa de 15 a 1.000 millones. También se actualizan los valores vinculados a la falsificación de facturas, que ahora será delito desde los 100 millones, y las deudas de contribuyentes con beneficios fiscales, que se fijan en 200 millones.

En paralelo, se incrementan los umbrales desde los cuales bancos, escribanos y otras entidades deben informar operaciones a ARCA, lo que reduce el volumen de datos que recibe el organismo recaudador.

La norma incorpora además un mecanismo de regularización: ARCA no presentará denuncia penal si el contribuyente cancela la deuda y los intereses. En los casos donde la denuncia ya esté iniciada, la acción penal se extinguirá con el pago de la deuda, los intereses y un adicional del 50%. A esto se suma la reducción del plazo de prescripción de deudas impositivas, que baja de cinco a tres años.

Régimen Simplificado de Ganancias: beneficios y advertencias

Uno de los pilares de la ley es la creación del Régimen Simplificado de Ganancias. Podrán optar por este esquema quienes tengan ingresos anuales inferiores a 1.000 millones de pesos y un patrimonio menor a 10.000 millones, siempre que no estén categorizados como grandes contribuyentes.

En este sistema, ARCA deja de analizar el patrimonio y el nivel de consumo del contribuyente. El impuesto se calcula únicamente en función de los ingresos facturados y los gastos deducibles. Si el monto determinado se paga en tiempo y forma, la declaración jurada tiene efecto liberatorio y bloquea futuros reclamos por Ganancias. Esto habilita, en los hechos, a usar dólares no declarados para comprar bienes sin quedar bajo controles automáticos, ya que tampoco las escribanías, concesionarias o tarjetas de crédito deberán reportar esas operaciones.

El tributarista Sebastián Domínguez aclaró que este beneficio no es generalizado: “Solo alcanza a quienes se adhieran al Régimen Simplificado. No beneficia a monotributistas ni a responsables inscriptos que no opten por este sistema”.

Sobre ese punto, Fernando López Chiesa, del estudio Lisicki Litvin & Abelovich, advirtió que para un monotributista el cambio implica salir de su régimen actual y asumir uno más complejo y costoso. “El costo puede ser entre dos y tres veces mayor. Haría falta un esquema transitorio para facilitar el pase”, señaló. Los empleados en relación de dependencia también quedan afuera, salvo que opten por el régimen y presenten declaraciones juradas anuales.

Domínguez remarcó además que la ley no equivale a un blanqueo. “La declaración jurada tiene presunción de exactitud, pero si aparece una ‘discrepancia significativa’, como una omisión de ingresos superior al 15% del impuesto, ese bloqueo fiscal se cae”, explicó. Según el especialista, aunque ARCA reciba menos información, puede detectar inconsistencias por denuncias o datos de terceros y realizar ajustes en Ganancias.

Desde otra mirada, el tributarista Mariano Ghirardotti destacó que la actualización de los montos penales permitirá descomprimir los tribunales, al dejar fuera de la órbita penal causas por cifras consideradas hoy irrelevantes. También señaló que el nuevo esquema podría reducir gastos en contadores, ya que ARCA propondrá la liquidación del impuesto.

El punto más criticado fue el aumento de las multas automáticas por incumplimientos formales, que pasan de montos simbólicos a sanciones de hasta 200.000 pesos. Ghirardotti advirtió que el impacto puede ser desproporcionado para pequeños contribuyentes. Tras las quejas, el ministro Luis Caputo aseguró que ARCA buscará moderar su aplicación: “No puede tener la misma multa una fiambrería que una gran empresa”, afirmó.

Así, la Ley de Inocencia Fiscal abre una nueva etapa en el control tributario, con menos información automática y mayores incentivos para declarar ingresos, aunque con advertencias claras sobre sus límites y riesgos.