Los detalles del proyecto que buscar fijar la hoja de ruta económica para el próximo año y cuáles son los puntos que generan mayor rechazo en diversos sectores políticos.
La Libertad Avanza afrontará este miércoles, desde las 14, una jornada clave en la Cámara de Diputados, cuando intente aprobar los proyectos de Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. La sesión también servirá para medir el alcance de los acuerdos políticos construidos por el Poder Ejecutivo con los gobernadores provinciales.
El oficialismo obtuvo este martes el dictamen de mayoría en comisión, en una reunión encabezada por Bertie Benegas Lynch, lo que habilitó el tratamiento en el recinto. La votación del Presupuesto permitiría cerrar dos años consecutivos de prórrogas del último cálculo de gastos aprobado durante la gestión de Alberto Fernández, sancionado en diciembre de 2022.
Fuertes críticas de la oposición al Presupuesto 2026
El proyecto enviado por la Casa Rosada prevé para 2026 un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar a $1423 para diciembre, aunque la cotización ya superó ese nivel. En materia de gasto, incorpora un aumento del 5% en jubilaciones, del 17% en salud y del 5% en pensiones, mientras que para las universidades nacionales estima recursos por 4,8 billones de pesos.
Uno de los puntos más conflictivos apareció con la inclusión del artículo 75, que dispone la derogación de las leyes 27.793, de emergencia en discapacidad, y 27.795, de financiamiento universitario. La cláusula motivó el rechazo de Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda, además de disidencias dentro de bloques aliados al oficialismo.
En ese contexto, el director del Banco Provincia y referente del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, lanzó duras críticas contra el proyecto oficial: «El proyecto de presupuesto del gobierno de Javier Milei es un dibujo. Todos los parámetros y sus proyecciones son falsas o desactualizadas. Recesión, tipo de cambio, inversión, balanza comercial, superávit e inflación. Todo humo», afirmó.
El proyecto de presupuesto del gobierno de @JMilei es un dibujo.
Todos los parámetros y sus proyecciones son falsas o desactualizadas. Recesión, tipo de cambio, inversión, balanza comercial, superávit e inflación.
Todo humo 💨
Las metas fiscales incumplibles, con caída de… https://t.co/qLG0X6m3OD— Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) December 16, 2025
En la misma línea, sostuvo: «Las metas fiscales son incumplibles, con caída de ingresos y recaudación, con un superávit ficticio y una dinámica de ajuste cíclico permanente”. Además, advirtió que “vienen más ajustes sobre recursos provinciales, jubilados, discapacidad, salud, obras y todos los servicios” y concluyó: “Este gobierno está construyendo una verdadera bomba de deuda futura».
Entre las firmas en disidencia parcial figuró la de Innovación Federal, bloque liderado por Alberto Arrúa, cuyo integrante en la Comisión de Presupuesto es el exgobernador Oscar Herrera Ahuad. Desde Unión por la Patria, Eduardo Valdés cuestionó el artículo y sostuvo que las derogaciones son inconstitucionales ya que, “las leyes de presupuesto no podrán contener disposiciones de carácter permanente ni modificar o derogar leyes vigentes”.
Inocencia Fiscal y Compromiso Nacional, las otras apuestas oficiales
El proyecto de Inocencia Fiscal consiguió dictamen de mayoría con 44 firmas en un plenario conducido por Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, presidentes de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal. Durante el debate, Rodríguez Machado afirmó: “Durante años el contribuyente fue tratado como un sospechoso permanente. Este proyecto pone fin a esa lógica y establece reglas claras donde el Estado debe probar y no perseguir”.
Desde el punto de vista técnico, la iniciativa reorganiza el Régimen Penal Tributario, redefine los criterios para configurar delitos fiscales y prioriza la intervención penal en casos de evasión relevante, con el objetivo de descomprimir el sistema judicial. También incorpora mecanismos para la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regulariza su situación y fija límites a los procesos cuando las facultades del fisco se encuentran prescriptas.
En paralelo, el Gobierno impulsa el proyecto denominado Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca establecer por ley el déficit cero y evitar la sanción de normas sin financiamiento. La reforma del Código Penal propone penas de 1 a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta para funcionarios que autoricen gastos sin recursos acreditados, y sanciones de 3 a 10 años para autoridades del Banco Central, extendiendo la regla fiscal a toda la administración pública.
La iniciativa generó fuertes críticas. La diputada Karina Banfi, desde su monobloque Adelante Buenos Aires, expresó que “en principio yo estoy de acuerdo en que haya una cultura de parte de este Congreso a que llevemos adelante proyectos y leyes ajustadas a tener un resultado financiero equilibrado”, aunque advirtió que “tiene artículos que son inconstitucionales, se entromete en funciones exclusivas del Congreso; trata de disciplinar desde el Poder Ejecutivo al Congreso”.
En la misma línea, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, afirmó: “Este proyecto no pasa un curso no de primer año de derecho constitucional en cualquier universidad. Detrás de un objetivo que muchos compartimos, como el equilibrio fiscal, se esconde un verdadero mamarracho constitucional y legislativo, totalmente desproporcionado con el fin que persigue”.
