Los aspirantes a la presidencia argentina dicen que garantizarán el sostenimiento de las políticas impulsadas desde 1983 por Alfonsín y fortalecidas por el kirchnerismo.

Con continuidad, aunque con matices, los candidatos presidenciales argentinos prometen sostener la política de derechos humanos que el kirchnerismo impulsó desde 2003.

Así lo sostiene el periodista Jaime Rosemberg, en una nota publicada en el diario La Nación.

Los voceros de Daniel Scioli son claros al afirmar que la política implementada en esa área por Néstor y Cristina Kirchner fue y es «exitosa». Por lo tanto, dicen, se seguirá con los juicios a militares y la relación con las organizaciones de derechos humanos; se buscará preservar los «sitios de la memoria» y la educación en derechos humanos impulsada en los últimos doce años en las escuelas públicas y en las Fuerzas Armadas.

El sciolismo afirma que se seguirá con los juicios a militares y la relación con las organizaciones de derechos humanos; se buscará preservar los «sitios de la memoria» y la educación en derechos humanos impulsada en los últimos doce años en las escuelas públicas y en las Fuerzas Armadas.

Tanto Macri como Massa coinciden en continuar con el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura, sus referentes afirman que no debería tener prioridad la mirada retrospectiva.

Rosemberg destaca que, para los tres candidatos, los juicios por violaciones de los derechos humanos son un compromiso irrenunciable. «Vamos a ratificar su continuidad. Como dijo Daniel, ni un milímetro atrás», afirmó Guido Carlotto, secretario de Derechos Humanos bonaerense y candidato a ser la referencia de un eventual gobierno sciolista.

Para los tres candidatos, los juicios por violaciones de los derechos humanos son un compromiso irrenunciable.

Santiago Cantón, director ejecutivo del centro Robert Kennedy y referente de Massa, asegura: «Está fuera de toda duda que los juicios deben continuar». No obstante, hace una salvedad: «No alcanza decir «es un tema de la Justicia». Hay que comprometerse dotando a la Justicia de recursos para que se realicen los juicios y se hagan con más celeridad, no sólo por las víctimas, sino también por el derecho de todo acusado a que se decidan sin demoras sus responsabilidades», afirmó.