El Gobierno argentino rechazó la medida por considerarla una violación a la soberanía nacional y anunció que se apelará la decisión.

En un nuevo giro del juicio por la expropiación de YPF, la jueza estadounidense Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino entregar los teléfonos celulares y comunicaciones privadas de funcionarios y exfuncionarios nacionales. La medida se enmarca en el proceso de discovery, impulsado por los fondos de inversión Petersen y Eton Park, que buscan embargar activos estatales como compensación por la estatización de la petrolera en 2012.

La orden incluye el acceso a mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y otras plataformas de mensajería, tanto oficiales como personales, de figuras clave como el actual ministro de Economía Luis Caputo, su antecesor Sergio Massa, el asesor presidencial Santiago Caputo, y otros exfuncionarios como Guillermo Michel, Gabriel Rubinstein y José Ignacio de Mendiguren.

Los demandantes intentan demostrar que YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas y otras entidades estatales actúan como “alter ego” del Estado argentino, lo que permitiría responsabilizar directamente al país por sus decisiones y avanzar sobre sus activos.

Desde el Gobierno argentino, la Procuración del Tesoro rechazó la medida por considerarla una violación a la soberanía nacional y anunció que se apelará la decisión. Argumentan que la orden judicial contraviene leyes de Estados Unidos y Argentina, y que ya se han entregado más de 100.000 páginas de documentación en el marco del litigio.

La jueza Preska fijó una nueva audiencia para el próximo 6 de agosto, donde se definirán los criterios de búsqueda y las palabras clave que deberán incluir los documentos solicitados.