
La renuncia de Marco Lavagna y la medida del Gobierno de suspender el nuevo IPC disparó comparaciones con el kirchnerismo y su gestión del INDEC.
La salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC volvió a encender una alarma conocida en la Argentina: la posible injerencia política en el organismo encargado de medir la inflación. El episodio tomó mayor dimensión luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que tanto él como el presidente Javier Milei rechazaron la nueva metodología que Lavagna pretendía implementar para el cálculo del índice de precios.
Desde el Ejecutivo niegan una intervención directa, pero el desacuerdo público sobre la forma de medir la inflación y el posterior recambio en la cúpula del instituto estadístico volvieron a colocar bajo la lupa la credibilidad y la autonomía del INDEC.
El rechazo al nuevo índice y la explicación oficial
Caputo sostuvo que el conflicto no tuvo motivaciones políticas, sino estrictamente técnicas. En declaraciones a LN+, explicó que el índice propuesto por Lavagna se apoyaba en la Encuesta Nacional de Hogares 2017-2018, un período que, según remarcó, quedó desactualizado tras la pandemia y los cambios profundos en los hábitos de consumo.
🗣️ "Lavagna se fue en condiciones amigables"
Luis Caputo se refirió a la salida del ex titular del Indec, tras la negativa a cambiar el cálculo del IPC.
📌 En +Nación con @majulluis pic.twitter.com/0hkAHki0uV
— La Nación Más (@lanacionmas) February 4, 2026
Para el ministro, avanzar ahora con esa modificación implicaría comparar precios actuales con patrones de consumo que ya no representan la realidad de los hogares argentinos. En ese sentido, afirmó: “Probablemente los patrones de comportamiento de hoy difieren más con los de 2018 que los de 2018 con los de antes”, y defendió la decisión de mantener la metodología vigente hasta completar el proceso de desinflación.
La postura oficial es que el cambio debe hacerse, pero en otro momento y con una base estadística más actualizada. Bajo esa lógica, el Gobierno busca evitar que una modificación en plena transición económica distorsione la lectura de los datos.
La salida de Lavagna y el trasfondo político
La discusión técnica, sin embargo, quedó atravesada por una decisión política: la salida del director del INDEC. Caputo negó que se trate de una intervención encubierta y aseguró que “no hay nada que ocultar”. Según su versión, Lavagna había anunciado la implementación del nuevo índice para enero, pero el escenario político y financiero del último año terminó complicando ese plan.
“Hubo un ataque político que pegó en el riesgo país y en la inflación. Marco sentía que iba a quedar mal si no lo aplicaba”, explicó el ministro, al justificar el desenlace del conflicto.
El reemplazo de Lavagna por Pedro Lines también fue presentado como un movimiento estrictamente técnico. Caputo lo definió como “un técnico brillante y respetadísimo” y sostuvo que el cambio no generó impacto negativo en los mercados. Desde el Palacio de Hacienda atribuyen las recientes tensiones financieras a factores internacionales y descartan una pérdida de confianza en el organismo estadístico.
Pese a esas explicaciones, el trasfondo político resulta inevitable. El INDEC carga con un historial de descrédito por la manipulación de datos durante los primeros gobiernos del kirchnerismo, por lo que cualquier modificación en su conducción o en la metodología despierta sospechas inmediatas.
Inflación, pobreza y una disputa que se amplía
Para el Gobierno, el debate gira en torno a cuándo y cómo actualizar un índice clave. Para sectores de la oposición, en cambio, el caso reabre la pregunta sobre si la Casa Rosada busca incidir en la medición de la inflación en un momento central de su programa económico.
El dirigente opositor Sebastián Galmarini, cercano al exministro de Economía Sergio Massa, fue uno de los que expresó duras críticas en redes sociales, al considerar que la salida de Lavagna forma parte de una maniobra para condicionar los datos oficiales.
Se llama intervenir el@INDECArgentina https://t.co/rdRlXcGTjE
— Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) February 5, 2026
La polémica se amplió además a la medición de la pobreza. En medio de la tensión, el gobernador bonaerense Axel Kicillof difundió un informe de un centro de estudios vinculado a su espacio político que cuestiona las cifras oficiales. Según el Centro de Estudios Derecho al Futuro (Cedef), la baja de la pobreza informada por el INDEC no reflejaría la situación real.
El trabajo sostiene que, tomando datos oficiales de salarios y jubilaciones, la pobreza no habría disminuido sino que habría aumentado cerca de un 9% en cantidad de personas entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2025.
Más allá de la discusión estadística, el conflicto deja al descubierto una tensión de fondo: la necesidad de modernizar los métodos de medición y, al mismo tiempo, preservar la credibilidad de un organismo cuya historia vuelve cualquier cambio especialmente sensible. Aunque el Gobierno insiste en que no hubo intervención, la salida de Lavagna y el freno al nuevo índice dejaron una señal clara: el momento y las condiciones del cambio no serán ajenos a la estrategia política. En un país donde los números siempre fueron poder, la discusión difícilmente pase inadvertida.

