La medida se suma a las acciones iniciadas en los últimos días contra compañías relacionadas con el proyecto petrolero.
El Gobierno de Javier Milei anunció este martes la apertura de nuevos procedimientos sancionatorios contra personas y empresas que estarían vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas. La medida se suma a las acciones iniciadas en los últimos días contra compañías relacionadas con el proyecto petrolero Sea Lion.
A través de un comunicado difundido en X, la Oficina del Presidente informó que se dispuso el inicio de procedimientos contra 15 nuevos sujetos, tanto personas físicas como jurídicas, por presuntas infracciones a las prohibiciones establecidas en el artículo 2° de la Ley 26.659.
Según precisó el Gobierno, estos nuevos expedientes se suman a los procedimientos iniciados previamente contra otros 45 actores que estarían relacionados con el desarrollo de actividades hidrocarburíferas que la Argentina considera ilegítimas en su plataforma continental.
Por el momento, no fueron difundidos los nombres de los 15 nuevos involucrados. La medida se conoce un día después de que el Ejecutivo anunciara una denuncia penal contra cinco compañías vinculadas con la exploración y extracción de petróleo en el área de las Islas Malvinas.
La presentación judicial alcanzará a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de directivos, representantes y otras personas que pudieran estar involucradas.
La denuncia será presentada ante la Justicia Federal porteña y estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La acción está relacionada principalmente con el proyecto Sea Lion, desarrollado en aguas al norte del archipiélago.
Las empresas involucradas cuentan con permisos otorgados por el Reino Unido. Sin embargo, para el Gobierno argentino esas autorizaciones no tienen validez, debido al reclamo de soberanía que mantiene la Argentina sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
En su comunicado, la Oficina del Presidente sostuvo que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía” y aseguró que continuará identificando a los actores que participen de las actividades cuestionadas.
El Ejecutivo también afirmó que avanzará con los correspondientes sumarios y que utilizará las herramientas administrativas, diplomáticas y judiciales disponibles para intentar frenar la explotación de los recursos naturales en el área en disputa.
La ofensiva del Gobierno se produce en paralelo con otras decisiones vinculadas con la política de defensa. Milei instruyó incorporar al Presupuesto 2027 prioridades relacionadas con la seguridad nacional, entre ellas el desarrollo de la Base Naval Integrada, mientras la Casa Rosada volvió a colocar el reclamo por Malvinas entre sus principales ejes de política exterior.
