El informe anual sobre la materia objeta la influencia que el gobierno de la ex presidenta, Cristina Fernández, ejerció sobre la Justicia. También alerta sobre la corrupción oficial, la tortura policial y la violencia de género.
El informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado que dio a conocer el gobierno de los Estados Unidos denuncia al gobierno anterior por buscar «influir de manera sistemática en la Justicia» y alertó sobre la corrupción oficial, la tortura por parte de la Policía federal y provincial y la violencia de género como los principales problemas de derechos humanos que sufrió la Argentina en 2015.
En el capítulo dedicado a la Argentina, el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que la «influencia» que buscó ejercer el gobierno de Cristina Kirchner en la Justicia se dio por medio la maniobra del Consejo de la Magistratura de quitarle el puesto de juez sustituto a Luis María Cabral antes de que fuera a votar por la constitucionalidad del memorándum de entendimiento que la Argentina selló con Irán por la causa del atentado a la AMIA. A la vez, el informe detalló que la justicia federal de apelaciones descalificó al juez Claudio Bonadio para continuar su investigación sobre el presunto lavado de dinero y malversación de fondos públicos que afectan a las empresas de Lázaro Báez en conexión con la ex presidenta Cristina Kirchner.
En cuanto a la «corrupción oficial», el Departamento de Estado destacó los casos judiciales que tuvieron a Ricardo Jaime y al ex vicepresidente Amado Boudou como protagonistas.
En el informe estadounidense también se alertó de que en 2015 hubo un «uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, duras condiciones en las prisiones, arrestos y detenciones arbitrarias, ineficacia judicial, acciones que amenazaron la libertad de la prensa, abuso infantil y antisemitismo».
Los abusos más frecuentes que menciona el documento respecto al capítulo argentino fueron «la extorsión, y la protección de implicados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero, y la promoción de la prostitución».
Por otra parte, también alertó que la muerte del fiscal de la unidad AMIA, Alberto Nisman, sigue sin resolverse.
En el orden internacional, el documento también hizo una fuerte crítica a la violación a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela , entre otros países de la región.