Mientras la oposición empuja la aprobación del proyecto de ley para generar «un millón de puestos de trabajo», los números del gasto público muestran que el Estado ya destina ingentes cantidades de dinero a la ayuda social, con dudosos resultados.
La aprobación en el Senado argentino del proyecto de ley para crear «un millón de puestos de trabajo» disparó la discusión sobre si el gobierno de Mauricio Macri está destinando los fondos suficientes para contener la crisis social desataca por la crisis económica. La iniciativa opositora propone dar el beneficio en el marco del plan asistencial Argentina Trabaja. Asimismo, prevé la creación de un Consejo de la Economía Popular, con mayoría de las organizaciones sociales, que definirá un Salario Social Complementario (SSC) cuyo monto se determinará en base a un índice de precios de una canasta popular que definirá el mismo Consejo. También se establece que la Asignación Universal por Hijo se incremente en un 15%.
Un informe del Instituto para el Desarrollo Argentino (IDESA) contrasta este reclamo con los fondos que el gobierno actual prevé destinar a ayudas sociales, contemplados en el Presupuesto 2017:
- El Ministerio de Trabajo proyecta asignar $6,4 mil millones a planes de empleo y capacitación laboral.
- El Ministerio de Desarrollo Social proyecta asignar $128 mil millones en planes asistenciales.
- ANSES tiene proyectado gastar $363 mil millones en la Asignación Universal por Hijo, el plan Progresar y las jubilaciones sin aportes (moratorias).
Según IDESA, estos datos muestran que la cantidad de recursos asignados a ayudas sociales «es muy grande. Se trata de casi 500 mil millones de pesos. Representan un 26% del total de ingresos públicos del Estado nacional. Es decir, 1 de cada 4 pesos que recauda el Estado nacional van a planes asistenciales».
Al sumar los gastos que las provincias y los municipios realizan con la misma finalidad se podrían cubrir todas las necesidades de los sectores pobres. Para el Instituto para el Desarrollo Argentino «si todo el dinero que se asigna a planes asistenciales efectivamente llegara a las familias de más bajos ingresos, el INDEC no debería reportar gente con ingresos por debajo de la línea de pobreza».
Asistencialismo en la mira
Con el proyecto impulsado por organizaciones sociales y partidos opositores queda de manifiesto que la asistencia social pareciera ser el único modo de dar soluciones a los sectores más vulnerables. Experiencias como el Plan Trabajar en la década del 90 y el Plan Jefas y Jefes de Hogar de los 2000 mostraron el carácter emergente de estas ayudas como así también demuestran la insuficiencias de dichas ayudas. Para IDESA, ambos planes «demostraron que estas herramientas son rústicas, limitadas y altamente permeables a ser usadas para fines espurios. Los principales beneficiarios de este tipo de planes no son las familias pobres sino los lideres que se apropian de fondos públicos para acumular poder ejerciendo el rol de intermediarios en la gestión del gasto asistencial».
Menos superposición de planes, más empleos
Uno de los aspectos más cuestionables de los planes sociales es la superposición de los mismos. Dicha yuxtaposición «multiplica los gastos administrativos, posibilita el desvío de fondos a población no pobre y facilita las prácticas clientelares», advierte IDESA.
Sin dudas, la generación de empleo es una de las llaves fundamentales para el fortalecimiento del tejido social (especialmente en sus áreas más debilitadas). Para lograrlo, cabe esperar que la dirigencia política se siente a una mesa a discutir opciones genuinas para crear puestos de trabajo, mediante una amplia reforma impositiva, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, además del ordenamiento de las cuentas públicas y la redefinición del régimen de coparticipación federal de impuestos.
