La condena a un taxista acosador y la detención y sanción de dos conductores temerarios son dos casos pequeños pero relevantes para entender que la restitución de un estado de derecho también puede lograrse mediante el castigo al delito menor, mientras se persigue al gran crimen, más por su significado social que por su gravedad penal.
Pequeños hechos transformados en noticia reflejan un real sentido de la Justicia, aún siendo acontecimientos que, por su dimensión humana, aparentan no trascender más allá de la esfera de lo privado.
Uno de esos casos es el de la joven que logró que condenaran al taxista que la acosó en la calle. El conductor profesional fue castigado por haber acosado a una joven en la vía pública. La resolución se logró no sin particularidades.
Fue la propia joven la que tuvo que explicarle al policía de la cuadra que lo que estaba haciendo el «tachero» era un acto que violaba la ley. Era una contravención. Pero ni el efectivo de la Ciudad tenía en claro de qué se trataba el asunto ni la Fiscalía tenía un panorama despejado sobre cómo sancionar al conductor profesional. El caso terminó en condena para el taxista y la obligación de hacer un curso de concientización sobre la violencia de género y el acoso sexual.
Aunque ante nuestros ojos y entendimiento pareciera ser un hecho pequeño y aislado, es un delito y debe ser sancionado. Cada resolución judicial, sin dudas, contribuye a un marco social en el cual reina la certeza de que, quien transgrede la norma, recibirá una castigo.
Este castigo aún del delito menor como principio del fortalecimiento del Estado de derecho (o buen su restitución) fue explicado no sin polémica por la denominada Teoría de la Ventana Rota. En ella justamente se basó la política se seguridad llamada Tolerancia Cero, de mala prensa especialmente por los excesos de la acción policial en las calles de Nueva York, en tiempos del alcalde Rudolph Giuliani.
La teoría de la Ventana Rota parte de una consigna clara: castigar severamente cualquier infracción legal sin importar la gravedad de la falta cometida. Pero el fin no es sancionar por sancionar (aunque en la práctica así haya sido): su objetivo es reducir al mínimo la distancia entre el delito cometido y la sentencia judicial (algo que en la Argentina se fue transformando en un interminable proceso demorado que se emparcha controversialmente mediante la llamada prisión preventiva).
En el año 1982, los investigadores James Wilson y Georges Kelling, publicaron su teoría. Basados en la «Safe and Clean Neighborhoods Act» de Nueva Jersey de 1973, decían:
«Consideren un edificio con unas pocas ventanas rotas. Si las ventanas no se reparan, los vándalos tenderán a romper unas cuantas ventanas más. Finalmente, quizás hasta irrumpan en el edificio, y si está abandonado, es posible que sea ocupado por ellos o que enciendan fuegos dentro. O consideren una acera. Se acumula algo de basura. Pronto, más basura se va acumulando. Finalmente, la gente comienza a dejar bolsas de basura de restaurantes de comida para llevar.»
Llevando esta teoría al terreno cotidiano de las calles de cualquier gran ciudad, digamos: Si el responsable de una infracción no es condenado, y mucho menos inmediatamente, en próximas ocasiones no vería ningún impedimento en repetirla e incluso pasar a una transgresión de mayor escala.
Mientras debatimos en torno a la Teoría de la Ventana Rota, a diario uno casi que se tropieza con el delito cotidiano; se ve en la calle la constante violación de normas de conducta y de las mismísimas leyes urbanas.
- Autos parados en doble fila.
- Vehículos estacionados obstruyendo rampas de las veredas.
- Peatones cruzando por cualquier lado.
- Camiones y camionetas estacionados en cualquier lugar a cualquier hora del día descargando cualquier tipo de mercaderías.
- Patrulleros policiales violando las normas de tránsito.
- Ambulancias violando la luz roja sin siquiera llevar su sirena encendida.
- Motos andando por donde se les da la gana, sin control alguno.
Y ahí está la clave: Todos hacemos lo que queremos mientras nadie se ocupa de controlarnos y mucho menos de sancionarnos.
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Ahora, bien.
Seguramente hacia el rincón de la progresía debe haber unos cuantos cuestionando este razonamiento. Dirán con fundamentos que una sociedad no es justa al castigar sólo el delito pequeño dejando en segundo plano al gran delito, a ese que se comete con los guantes blancos puestos, a escondidas de la mirada de la gran platea pública de los medios.
Debo reconocer que una sociedad se apega aún más a la norma sobre todo cuando ve hacerlo a sus figuras públicas. Hablamos de dirigentes políticos, empresarios, celebridades del espectáculo, del deporte y más allá. Existe un sano contagio de las buenas prácticas que se ve, por ejemplo, en innumerables campañas solidarias.
Pero no es menos cierto que la sociedad, nosotros mismos, jugamos en esto de manera hipócrita. Porque mientras alzamos el dedo de la crítica hacia nuestros referentes sociales, políticos y mediáticos por sus fechorías cometidas, reveladas, mediatizadas y polemizadas, millones de argentinos siguen dando una batalla cotidiana por hacer de la ley un artículo decorativo en grandes libros de derecho. Repudiamos el delito grande, el que es noticia, mientras escondemos el propio, pequeño y aparentemente insignificante, pero no menos delito.
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En ese «microcrimen» se inscribe el caso de la empleada de la Fundación Favaloro que se burló del técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto. La mujer fue sancionada por la institución por haber «gastado» al DT por el partido perdido ante su histórico rival, River Plate. Fue una cargada y nada más. Pero es una burla y una falta de respeto. Los mellizos Barros Schelotto tienen un largo historial de bravuconadas y excesos de provocación, especialmente dentro de una cancha de fútbol. Pero nada justifica una cargada de este tipo, más aún dentro de una institución fundada por uno de los argentinos que más respectó inspira a sus connacionales y al mundo médico, como es su fundador, el doctor René Favaloro.
Empecemos a castigar lo pequeño, y lo grande caerá por su propio peso.
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Otro ejemplo fue la decisión política de castigar a los responsables de la demencial picada de camionetas 4×4 en la 9 de Julio. La detención de ambos conductores y sus respectivas sanciones constituye un auténtico acto de Justicia. Lamentablemente tuvo que trascender el caso por decisión de estos dos conductores indolentes.
Los mecanismos habituales debieron haber funcionado sin que el impacto mediático los estimulara a cumplir su tarea. Pero afortunadamente la presión mediática y la opinión pública enderezaron el asunto. Esto es una muestra de que mientras de que la política corre detrás de la sociedad, solucionando problemas a demanda, en vez de adelantarse.
Mientras tanto, habrá que seguir presionando desde el lugar de cada uno. Como ciudadano. Apostando a que los funcionarios entiendan que, para saber qué le pasa a la sociedad no hay que tocar un timbre o hacer una encuesta. Hay que vivir como el promedio de la sociedad misma, con todo lo que eso representa.
Sin que la lejanía entre el funcionario y sus votantes, obligue a los alcahuetes a editar el célebre «Diario de Irigoyen» que siempre todo lo resuelve, culpando a los otros y exculpando a los propios.