La organización Amnistía Internacional pidió al presidente Mauricio Macri que se frene la iniciativa. Consideran que dichas libertades ya están consagradas en la constitución y advierten que el derecho a la «objeción de conciencia» puede derivar en casos de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente de las minorías.
La organización de defensa de los derechos humanos a nivel global, Amnistía Internacional, manifestó su «alarma y preocupación» por el proyecto del gobierno de Mauricio Macri sobre «Libertad Religiosa», enviado al Congreso para su tratamiento.
La institución remitió una carta al propio presidente a varios de sus funcionarios, en la que se advierte que la iniciativa gubernamental, que alega buscar consagrar una protección más completa a la libertad religiosa, constituye un «derecho que ya se encuentra garantizado en nuestro país. En primer lugar, el artículo 14 de la Constitución Nacional consagra la profesión libre de culto, protegiendo la libertad religiosa y de conciencia. A su vez, el artículo 19 establece incluso que nadie será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe».
Asimismo Amnistía posa sus preocupaciones sobre el artículo 7 del proyecto sobre Libertad Religiosa: «Este apartado proclama de manera explícita el derecho a la objeción de conciencia, de las personas y de las instituciones. Específicamente, establece que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica” incluyendo a los funcionarios públicos».
Para la organización de defensa de los derechos humanos «este articulado constituye un retroceso sustantivo porque revierte la excepcionalidad del instituto de la “objeción de conciencia”, pasando ésta a ser casi la regla. En efecto el texto solo instituye como requisito que la creencia religiosa sea “sincera” presumiendo la “buena fe” del objetor por la existencia de dicha norma religiosa».
A modo de ejemplos, Amnistía Internacional advierte que la «libertad de conciencia» tal como la contempla el proyecto del gobierno podría provocar serias situaciones aún en la vida cotidiana:
- Un docente podría negarse a impartir una clase sobre la “teoría de la evolución” por encontrarse en pugna con su creencia religiosa, cercenando el derechos de niños, niñas y adolescentes a la educación.
- Pone en vilo la ley de Educación Sexual Integral, porque cualquier docente podría limitar la enseñanza religiosa a la moral sexual cristiana o moral de cualquier otra religión.
- Un juez de paz o un registro civil podría negarse a casar a un matrimonio entre parejas del mismo sexo basándose en principios morales o religiosos, violando el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas.
- Una obra social podría negarse a proveer anticonceptivos aun existiendo una obligación legal para hacerlo y violando los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adultos.
Finalmente, Amnistía Internacional advierte que la iniciativa del gobierno de Mauricio Macri «lejos de tender a fortalecer un Estado laico que otorgue libertades a sus individuos, busca favorecer un Estado pluriconfesional, con fuerte injerencia de las religiones en el ejercicio de los derechos de las personas y lo público».
Ante esta situación, la institución exigió al gobierno «revisar la norma en cuestión» ya que «echa por tierra todos estos derechos constitucionalmente protegidos, comprometiendo, asimismo, la responsabilidad internacional del Estado argentino», además de reclamar un «debate abierto, participativo y trasparente sobre la temática en cuestión».
