La ayuda a los más necesitados es una de las acciones más reconocidas en nuestra sociedad, aunque no siempre se sostenga en el tiempo, y sin un estímulo decisivo de parte del Estado, con normativas que solidifiquen la acción del voluntariado, más allá de la acción individual y desinteresada.
En el Día Nacional de la Solidaridad que se celebra en la Argentina cada año el 26 de agosto (en homenaje al natalicio de la Madre Teresa de Calcuta) cabe reflexionar acerca de la voluntad de ayuda de los argentinos y del compromiso por construir un futuro a fuerza de ayuda los más necesitados.
Habitualmente, cuando hablamos de solidaridad, nos referimos a ese acto desinteresado por el otro, muchas veces con necesidades que, con nuestra acción, podemos cubrir. Sin embargo, el espíritu de los solidario trasciende esta esfera de la caridad, entendida como tarea de ayuda en la cultura cristiana.
El concepto de lo solidario, etimológicamente, responde a acciones circunstanciales durante las cuales adherimos a la causa de alguien (o algunos, o muchos). Sin embargo, desde el punto de vista del derecho y de la sociología, la solidaridad explica acciones perdurables en el tiempo («modo de derecho u obligación in solidum«, define la Real Academia Española) que van dándole forma a un cuerpo social estable en el tiempo.
No es casual que regímenes previsionales como el argentino sean calificados como «solidarios»: un sistema de aporte jubilatorios que todos los trabajadores realizan, cuya asignación «solidaria» atiende a los que más necesitan, priorizando recursos para ellos en detrimento de los contribuyentes que mejores ingresos tienen.

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¿Puede haber una caridad o una acción de misericordia que sea solidaria? No necesariamente; si es esporádica y ejercida ante la conmoción por el sufrimiento ajeno no necesariamente pueda serlo. Si se sostiene y consolida en el tiempo, más allá de la ayuda puntual, ahí estaremos hablando de solidaridad.
Pasando en limpio: una acción puntual de ayuda no necesariamente es un acto solidario, pero es un primer y un gran paso para descubrir en la solidaridad ese formidable vínculo con el otro a partir de sus necesidades; es como ayudar a un amigo que solo conocemos en su adversidad, en su momento crítico; es compartir su problema y aportar a su solución, aunque sea de manera parcial.
El estímulo del Estado
Todo lo dicho constituye una mirada de la solidaridad desde la perspectiva individual y ciudadana. Sin embargo, el estímulo de la ayuda al otro tiene que estar dado fundamentalmente por instituciones desde el Estado.
En la Argentina, la ley de voluntariado del año 2003 (reglamentada recién en 2010) dio reconocimiento a la tarea desinteresada de miles de personas que realizan ayuda social. Como suele hacer cada norma, define el marco legal de acción de tarea de los voluntarios y marca derechos y obligaciones (una necesidad planteada fundamentalmente desde el punto de vista legal, teniendo en cuenta la particularidad del vínculo entre voluntarios e instituciones de ayuda, cuya relación fue foco de debate sobre el tipo de relación jurídica constituida entre las partes).
Sin embargo, la normativa no incentiva a la tarea mediante compensaciones laborales ni de otra índole a los voluntarios y nada abreva en la búsqueda de marcos de trabajo solidario que se complementen sin alterar las obligaciones laborales y profesionales de los voluntarios.
En síntesis, más allá de la predisposición individual e incluso colectiva de poner en marcha una labor solidaria, hace falta más estímulo desde el Estado, capacitando en el voluntariado desde la educación primaria hasta reconociendo mediante compensaciones la tarea solidaria que realizan los trabajadores formales y los profesionales independientes.
Sin estímulo oficial, seguiremos teniendo granes acciones de caridad y de ayuda, pero lejos de ser auténticamente solidarias, sostenibles en el tiempo e institucionalizadas desde el derecho y reconocidas desde lo social.
La solidaridad como acción política
En definitiva, lo que es necesario destacar es que la acción solidaria tiene y debe tener un alcance e impacto social amplio y duradero, es decir, debe ser un acto estrictamente político, por su dimensión y trascendencia en la vida de toda una comunidad.
Muchas organizaciones (probablemente una gran mayoría) niegan que sus acciones colisionen con las decisiones políticas de los gobiernos. Sin embargo, su trabajo muchas veces compensan la ausencia de políticas públicas, las complementan y las reemplazan ante su ausencia.
Tal vez podamos discutir si la acción solidaria debe ser una acción partidaria en nombre del Estado (este debate se dio en la Argentina a propósito de la tarea de ayuda de la agrupación La Cámpora, en tiempos del kirchnerismo). En lo que sería conveniente ponernos de acuerdo es en el rol político del voluntariado, por su influencia decisiva en «lo público», concepción tal como la concibieron y legaron hasta nuestros días los griegos en su polis.