La postal grotesca y provocadora del otorgamiento de derechos ciudadanos a un robot por encima de los reconocidos a las mujeres de Arabia Saudita potencia el debate en el mundo sobre la prometida igualdad en el acceso a dichos derechos, especialmente para grupos sociales vulnerables.

Recurrentemente y cada vez con más intensidad (por suerte) hablamos y debatimos  sobre los derechos de aquellos grupos sociales que, por distintas razones, no les son reconocidos.
En un estado tan evolucionado de la cultura humana, el reconocimiento de los derechos de las personas suena a una obviedad, como si ellos debieran ser reconocidos «por que sí». Pero no siempre es de este modo. Y no en todo los países esto se cumple del misma manera.
Vayamos al caso de Arabia Saudita, señalado como uno de los países que mejor explican el retraso en materia de derechos humanos. Allí hay una histórica tradición sociocultural de postergación de las mujeres. Son múltiples las historias de mujeres castigadas hasta físicamente por aparecer públicamente sin ocultar su cuerpo. Recién este año se les permitió a ellas poder manejar su propio auto, sin la compañía de ningún hombre.
En un país que apenas si permite que las mujeres caminen solas por la calle y que (desde no hace mucho) vayan a una cancha de fútbol, la provocación llegó al extremo. Y el desafío vino del propio Estado, al entregar la primera carta de ciudadanía a un robot, con identidad de mujer, a la que se la llamó Sophía. Toda una provocación.
La robot presentada en sociedad como una mujer tiene piel hecha de una silicona especial. Imita más de 60 gestos y expresiones humanas. Sus ojos poseen cámaras que registran y analizan su entorno. El desarrollo fue presentado en el Future Investment Initiative, un evento tecnológico internacional que se celebró en Riad. Allí se informó que Sophía es oficialmente una ciudadana saudita. La robot no llevaba ninguna de las vestimentas obligatorias para el uso por parte de las mujeres que viven en ese país. Otra provocación.

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El caso de este robot mujer pone sobre la mesa de discusión la cuestión de los derechos humanos. Pero también de otros derechos, como el de los robots.
Como ya lo mencionábamos meses atrás, a principios de año el tema de los derechos de máquinas se instaló como fuerza de debate en el reconocido Foro de Davos. En febrero pasado, el debate por la presencia de los robots en la vida humana vino dado por un planteo sobre la cuestión de género, especialmente en el ámbito del trabajo. Varias CEO de multinacionales con presencia planetaria emitieron la voz de alerta. Estas líderes empresarias advirtieron que la cada vez mayor presencia de robots en el ámbito laboral le está quitando el trabajo a ellas. Lo que remarcaron es que, al ocupar predominantemente los puestos de menor calificación, las mujeres los están perdiendo a manos de máquinas inteligentes. Las jefas de empresas globales realizaron su reclamo en momentos en los que el mundo corporativo ya habla de la Cuarta Revolución Industrial. Es la Revolución de los robots, que sustituyen a las personas en ciertas tareas. Y lo hacen mediante la automatización y la inteligencia artificial.
Las nuevas tecnologías apuntan a marginar a los sectores sociales más vulnerables. Como viene sucediendo desde mediados del siglo XX, la mecanización de la producción agropecuaria empujó a millones de personas a abandonar el campo para buscar oportunidades, como sea, en las grandes ciudades o con suerte alrededor de ellas.
Hoy la robotización de la producción mundial vuelve a poner contra las cuerdas a grupos sociales con sus derechos reconocidos a medias. Hoy ese grupo es el de las mujeres.
Estas son las mismas que, mientras tanto, batallan por la igualdad de derechos más allá de la industria y de los robots. En la Argentina, por ejemplo, son miles las mujeres que ni siquiera tienen un documento de identidad que diga quiénes son: estamos hablando de algo tan simple y obvio como un DNI. Aunque parezca mentira, muchos argentinos y argentinas no lo tienen, son NN, son invisibles ante el Estado.
Solo al hablar de los más chicos, que es donde se ve con más claridad la situación de «desaparecido legal», encontramos a cerca de 180.000 menores de edad sin documentos en la Argentina. Es probable que sus madres no tengan su DNI, y menos aún entienden la necesidad de que sus hijos lo tengan. Pero aún poseyéndolo, miles de mujeres argentinas carecen de sentido sobre sus derechos.
Como lo señala Alejandra Martínez, directora ejecutiva de la Fundación Microjusticia Argentina, ganadora del premio mujeres solidarias de la Fundación Avon, por esta precariedad legal se van colando dramas sociales, incluso algunos de magnitud, como la violencia de género.

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Hoy que tanto venimos hablando de derecho, como por ejemplo en torno a la violación de las leyes, pensemos por un instante dónde está planteada la gravedad del asunto. Reflexionemos dónde está la verdadera crisis del Estado de Derecho; Si ella reside en las violaciones de la ley por parte de funcionarios de gobierno (o del propio Estado) o bien por la negación de derechos a grupos sociales relegados, como los colectivos de mujeres, niños indocumentados, personas discapacitadas y de más de grupos vulnerables.
La violación de las leyes y la negación de acceder a ellas, seguramente son dos caras de la misma moneda de la crisis del dicho estado de derecho que, por una u otra razón, lo va torciendo.