El presidente Mauricio Macri dio un decidido paso hacia adelante en su segundo discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso argentino. Lo hizo con el estrategia de obturar las problemas que lo rodean en la gestión, visibilizando al kirchnerismo como su rival electoral y procurando reencausar a Cambiemos en la siempre titánica empresa de gobernar a la Argentina.
Macri tomó de entre las opciones de relanzamiento de su gestión una tal vez inspirada en Elisa Carrió, quien pensó, redactó y publicó una suerte de manual de la ética política argentina en tiempos en los que el kirchnerismo emergía como movimiento político que se llevaría puesto todo lo que tuviese por delante.
Por el año 2004, Carrió le mostraba a los argentinos que la salida de la década del 90 había tenido costos altos, y no sólo en términos económicos. Los costos habían sido morales. Por eso proponía en su Contrato Moral, una serie de requisitos para que nuestra sociedad recupere la senda de los valores republicanos y humanitarios que supo tener, no siempre, pero sí en varios momentos de su historia.
Por entonces, «Lilita» nos contaba cómo debía restituirse moralmente la Argentina. La dirigente le ponía un precio moral al hacer política, aún cuando esa apuesta implicase riesgos como es darle a la política un atributo que ella no posee; la política tiene su propia moral.
En un contexto de acusaciones cruzadas con la oposición por casos de conflictos de intereses entre lo público y lo privado de la actual gestión y los reproches del oficialismo a la corrupción pasada durante el kirchnerismo, Mauricio Macri advirtió que, cuando se llega al poder prometiendo pureza ética en la gestión, la intolerancia ante el menor atisbo de corrupción se eleva hasta niveles de hipocresía (las críticas de la oposición, especialmente desde el kirchnerismo así lo demuestran).

Polémicas como la de los Panamá Papers, Correo y ajuste jubilatorio (por sólo citar los más resonantes) llevaron al Presidente a un escenario de caída de su imagen pública (Una vez más la política, reacciona ante las encuestas y no antes por olfato o por percepciones propias). Para contrarrestar esos efectos adversos en la percepción pública de su gestión, el Presidente reaccionó dando un salto hacia adelante proponiéndole a la Asamblea Legislativa un marco legal endurecido para castigar los conflictos de interés que surjan entre el hacer política y tener negocios con el Estado.

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Los cristianos de fe siempre tienen presente la frase de Jesús: «Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra». La pregunta es si la corrupción llegó a su fin con la derrota del kirchnerismo en 2015; si antes o después de la era K hubo o habrá más o menos corrupción; si en la Argentina sólo hay corrupción cuando hay peronismo…
La corrupción no se estrenó en 2003 con la asunción de Néstor Kirchner ni se guardó en un ropero con el fin de ciclo de Cristina, el 10 de diciembre de 2015. Y tampoco se puede afirmar con justicia que sólo hay corrupción en la Argentina cuando gobierna el peronismo. En todo caso, podemos hablar de apariencias en su manifestación pública y mediática (o bien de la magnitud dineraria de la misma).
Queda claro que si Macri blandea el dedo acusatorio de la corrupción del otro le caerán nuevas acusaciones por desmanejos propios de su gestión. Ese ida y vuelta será de suma cero.
Si Macri plantea una revolución de la ética, debe convocar a un gran pacto político con todas las fuerzas partidarias, en torno a la transparencia en la gestión pública, pasada, presente y futura.
Si Macri quiere ser el Presidente que encabece una revolución en ese sentido hay que poner sobre la mesa todo lo actuado hasta aquí por todos a aquellos que hayan tomado la lapicera para firmar decisiones de gobierno.
Y en el acuerdo, claro, también debe haber un compromiso de los empresarios, esa dirigencia del mundo privado que siempre que haya corrupción pública es porque pagó las coimas; el caso Odebrecht en Brasil deja bien claro cómo actúa.
No se trata de bombardear al capitalismo, sino de cuestionar al que se vale del Estado para hacer de él un buen negocio privado y de castigar al funcionario que permite esa acción corrupta, para así obturar una de las éticas más perniciosas que tiene este sistema.
Sin dudas, en tiempos del menemismo esa praxis del negocio personal a costas del beneficio público fue aplaudida por muchos. Esos mismos, tras el fin del reinado menemista, cuestionaron al caudillo riojano, ese morocho patilludo que fue blanqueado su piel aclarando sus ojos mientras repartía negocios públicos a almas privadas.

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Por las circunstancias que sea, esta semana Macri se paró al frente a la oportunidad de encabezar una revolución de la ética. No siempre los dirigentes políticos dan saltos más allá de sus propios límites, buscando solucionar los problemas con acciones de Estado, cuando los problemas los viven en primera persona.
En este punto, voy a animarme a comparar a las posibilidades que Macri tiene entre sus manos con las que tuvo alguien que hizo y mucho por la institucionalidad de la Argentina.
Esa figura fue la de Roque Sáenz Peña, miembro del conservadurismo que reinó en la Argentina entre 1880 y 1930, a fuerza de exportaciones de granos, fraudes electorales y goce económico para pocos, en medio de una población de hambre y analfabetismo.
En ese caldo de derroches dinerarios y fraude político, partidos como la Unión Cívica Radical nacían como movimientos revolucionarios que reclamaban un país para todos. Pedían que ese granero del mundo no repartiera dinero a unos pocos beneficiarios de las bondades de aquel sistema. Las presiones populares de finales de siglo XIX y principios del siglo XX provocaron una demanda social que fue advertida por Sáenz Peña. Aquel dirigente conservador tomó la pluma y con trazo decidido le vio vida a la famosa Ley de Voto Universal, en coautoría con Indalecio Gómez.
La llamada Ley Sáenz Peña fue la puerta por la que pasó el amplio movimiento popular que encabezado por el radicalismo, que permitió que por primera vez en la historia democrática argentina un partido de masas como la UCR se hiciera gobierno.
Tal vez hoy Macri tenga la oportunidad histórica de ser una especia de Roque Sáenz Peña. Habiendo sido un miembro de la Patria Contratista que amasó jugosos contratos y concesiones públicas, tal vez haya advertido la matriz de acumulación obscena que representa hacer negocios privados relativamente fáciles a costas de las arcas públicas. Y todo esto mientras las deudas sociales de la Argentina siguen acumulando intereses.
Ojalá que Macri sea quien haya entendido que la Argentina, más que revoluciones productivas o de la alegría, necesita una revolución ética, liderada por quien sea capaz de convocar a todos los sectores a reconocer sus pecados pasados y comprometerse a acciones comunes libres de mañas éticas y políticas.
Poco importa si los negocios familiares lo comprometen. ¿Acaso hay dirigentes conocidos que puedan dar cuenta de una transparencia personal intachable? ¿Acaso la familia Macri es la única que hizo un millonario negocio propio con dinero público?
Si el presidente se decide a jugar fuerte por una revolución ética, incluso costará poca plata. Como siempre decimos, la Argentina no saldrá adelante con más dinero. Saldrá adelante con menos corrupción de los funcionarios públicos y de los empresarios privados que se sirven de los fondos estatales.
La revolución ética es casi gratis económicamente pero puede redundar en grandes logros éticos-políticos…
No le pidamos a Macri ser un intachable; sí debemos exigirle que tenga mano firme para guiar al país en un gran compromiso dirigencial en el que la prioridad sea el interés ciudadano. Ahí Macri será igual o más que Sáenz Peña. Por ese camino, el actual presidente tendrá la oportunidad de dejar de ser dirigente devenido en presidente, y aspirar a ser un estadista, que revalide su condición no sólo por haber derrotado al kirchnerismo en las urnas sino por haber vencido la concepción corrupta que tenemos los argentinos del hacer negocios y de hacer política, o de hacer ambas a la vez y del mismo modo pernicioso.