A propósito de la investigación judicial que intenta determinar irregularidades en la puesta en marcha del programa lanzado por el kirchnerismo, CIPPEC pone de manifiesto la necesidad de hacer visible la situación de miles de recién nacidos que necesitan ayuda del Estado.
por Gala Díaz Langou y Carolina Aulicino (*)
Para garantizar el desarrollo pleno de la primera infancia es fundamental asegurar que las familias más vulnerables tengan un kit de elementos esenciales para los cuidados del recién nacido, promover los controles prenatales, el parto respetado y el alta conjunta. Qunita fue lanzado con estos objetivos. Pero las irregularidades cometidas durante su licitación y su elevado costo -más de 3 veces el costo del modelo finlandés en el cual se inspira- oscurecieron esta discusión de fondo.
Actualmente, el Gobierno está revisando estas cuestiones y la calidad del kit, una tarea ineludible. Pero no se debe dejar de lado la discusión más amplia sobre la importancia de avanzar en un kit de primera infancia que, con estándares de calidad, asegure que todos los niños tengan acceso a insumos básicos para su crianza y desarrollo. Desde CIPPEC estimamos su costo anual: un 0,02% del PBI estimado para 2016, un 1% de lo que el Estado invierte actualmente en subsidios a la energía.
Los desafíos que presenta la primera infancia no se agotan en este punto. Es necesario avanzar hacia un abordaje integral que implica fortalecer políticas de salud y nutrición, asegurar tiempo y dinero para que las familias tomen decisiones respecto al cuidado, y servicios de cuidado y educación inicial de alta calidad.
La primera infancia es crucial en el desarrollo físico, intelectual y socioemocional. Todos los niños, incluyendo los más pequeños, tienen derecho al desarrollo pleno de sus potencialidades. Dejar librado el desarrollo de la primera infancia al contexto, las capacidades y los recursos de las familias supone negar este derecho básico y reproducir la desigualdad. Es necesario que el Estado desarrolle políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de los niños.
En los últimos años, la Argentina avanzó en materia legislativa y de políticas: se destacan la Ley 26.061/05 de protección integral, la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo (transferencias monetarias condicionadas), el Plan SUMAR (cobertura universal de salud) y la obligatoriedad de la sala de 4 años.
Pero enfrentamos importantes desafíos. La reducción de la tasa de pobreza general se vio acompañada por un proceso de infantilización: los niños y niñas entre 0 y 4 años son quienes más enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Y esta brecha está creciendo. Esto pone en el centro de la escena algunos retos cruciales en términos político-institucionales y fiscales, como los derivados del desigual acceso a derechos según la condición laboral de los trabajadores, o las heterogéneas capacidades subnacionales y locales.

La reducción de la tasa de pobreza general se vio acompañada por un proceso de infantilización: los niños y niñas entre 0 y 4 años son quienes más enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Y esta brecha está creciendo.

Además, supone un importante cambio cultural hacia una mayor corresponsabilidad en materia de primera infancia, que involucre tanto a las familias, como a la comunidad, al mercado y al Estado, y que implique una redistribución más justa de los roles en los hogares. Instalar estos temas en el centro de la agenda pública es una tarea urgente e ineludible. La prioridad debiese ser absoluta.
(*) directora y coordinadora del Programa de Protección Social de CIPPEC