La norma aprobada hace cuatro años contemplaba la creación de un organismo que reúna información sobre personas condenadas por delitos sexuales. Impulsan otras iniciativas complementarias para que esos datos sean públicos.
Con la Argentina conmovida por la muerte de Micaela García, emergieron realidades que muestran que la ley, una vez más, está a la altura de las circunstancias, pero no la dirigencia política y mucho menos la Justicia.
Sucede que el Registro Nacional de Datos Genéticos creado por la ley 26.879 sancionada en julio del año 2013 todavía no fue puesto en marcha. Es decir, durante los dos últimos años de la gestión de la ex presidente Cristina Fernández y en el año y medio del actual Jefe de Estado, Mauricio Macri, la política miró para otro lado, priorizando vaya a saber qué políticas públicas de prevención de muertes seguramente evitables.
La ley aprobada hace cuatro años contemplaba crear un registro con información -desde nombre y domicilio hasta fotos y apodos- y material genético de todas las personas condenadas con sentencia firme por delitos sexuales. Dos años después de que el proyecto fue aprobado en el Senado, el debate se reactivaba en Diputados tras la muerte de Ángeles Rawson.
La líder y fundadora de la agrupación Madres del Dolor, Silvia Irigaray, recordó que por entonces, «después de siete años luchando para conseguir el registro, nos dejaron contentas con la ley pero nunca más se hizo nada». Asimismo remarcó que hace un año y medio mantuvieron una reunión con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y que fue entonces cuando descubrieron que el registro nunca se había implementado. «Casi por casualidad le preguntamos cuántas personas había en el registro y ahí nos dijo que nunca se puso en práctica», agregó.
En ese sentido, Irigaray fue contundente: «Con el registro, esto no pasaba. El 95 por ciento de los violadores lo hicieron antes. Si nosotras que somos madres podemos verlo, cómo no lo ve un juez. Este hombre es un horrible omnipotente», disparó la referente de las Madres del Dolor en relación al juez Carlos Rossi, quien ordenó liberar al principal sospechoso por la muerte de Micaela.
Sobre la morosidad en la puesta en marcha del registro, Irigaray señaló: «A nosotros Garavano nos dijo que estaba en marcha, pero pasó un año y medio y no se hizo nada. Yo creo que Micaela va a ayudar a que este registro empiece a funcionar».

La desidia, también en Entre Ríos

En la provincia en donde murió Micaela García, la política también miró para otro lado. Sucede que la ley provincial 10.015 de Entre Ríos, sancionada en el año 2011, que creó un Registro de Violadores que almacena datos sobre la identidad y genética de los condenados por delitos sexuales, tampoco fue reglamentada. Así lo recordó el ex convencional constituyente de Entre Ríos, Juan Carlos Arralde, en declaraciones al diario El Entrerriano.
«El de Micaela García se trató de un crimen evitable, si el sistema, la prevención y las responsabilidades institucionales hubieran estado activas para que estos horrores no sucedan», advirtió el ex legislador provincial.
«Nos espantamos luego de que suceden estos horrores, pero quienes deben estar delante de los hechos, anticiparse a lo que pueda suceder, a prevenir estas atrocidades no cumplen la función: luego son los primeros en solidarizarse con las familias de las víctimas. ¿Cuántas violaciones o asesinatos más debe soportar la sociedad para que el Estado haga algo? Pintarnos la cara o salir a ocupar plazas gritando NI UNA MENOS no alcanza si el Estado no se hace cargo de una de sus funciones críticas: prevenir y reprimir el delito?, afirmó Arralde.

Un Registro, pero de acceso público

En medio del dolor por la muerte de Micaela García y con un enérgico repudio y pedido de juicio político contra el juez Carlos Rossi, el diputado de la UCR de Córdoba, Diego Mestre, recordó su proyecto de ley para que exista un Registro de Violadores de carácter público, de libre acceso, distinto al contemplado por la ley 26.879 que es de acceso solamente para funcionarios judiciales.
En una entrevista que mantuve en el programa Ventana Abierta de FM Milenium, Diego Mestre consideró que la decisión del juez Rossi de liberar a Sebastián Wagner pese a los informes que sugerían lo contrario «son errores garrafales y no pueden justificarse. Rossi debería dar un paso al costado. (El ministro de Justicia, Germán) Garavano ya salió a pedir la renuncia de Rossi y la comparto», reclamó el legislador.

La realidad, nuevamente y con dolor, vuelve a golpear las puertas de la realidad de la dirigencia política. El #NiUnaMenos alcanzó para visibilizar una realidad cruda y subterránea que ahora conocemos. Resta ahora que las políticas públicas se encarguen de ella, sin shows legislativos sino con acción política, fuera del gran escenario mediático.