El homenaje al fotógrafo asesinado en 1997 en donde hoy funciona el Archivo Nacional de la Memoria revela la miopía ideológica que aún impera en la sociedad argentina al entender el alcance de los derechos ciudadanos, más allá del accionar genocida que tuvo el Estado argentino, especialmente durante la última dictadura militar. El recuerdo de Cabezas en lo que fue el lugar emblemático del secuestro, tortura y desaparición de personas (además de la apropiación de menores nacidos en cautiverio) bien podría servir para instalar un debate postergado en la Argentina sobre el rol que deben cumplir los derechos humanos en la actualidad.

La secretaría de Derechos Humanos del actual gobierno de Cambiemos decidió rendir homenaje al fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado por una banda de policías bonaerenses al servicio del fallecido empresario Alfredo Yabrán, en 1997. A 21 años de aquel crimen que golpeó en las entrañas del poder político y económico argentino, el Estado decidió reivindicar a la figura del fotoperiodista de la revista Noticias, asesinado por haber revelado públicamente la figura del otrora empresario poderoso del menemismo.
El acto, sencillo y a la vez emotivo, me despertó curiosidad. Primero, por haberse realizado 21 años después y en un lugar por demás emblemático como es la ex ESMA, símbolo de las peores atrocidades cometidas por la última dictadura cívico-latrocinio-militar. Y una primera respuesta al interrogante la dio Gabriel Michi, amigo personal de José Luis Cabezas y compañero de trabajo por entonces, persiguiendo a los poderosos que buscaban mantener su anonimato lo más privado posible, mientras se servían de todo tipo de favores públicos del Estado de turno.
«Es muy importante (que el homenaje) se haga en la ex ESMA porque el ataque a José Luis fue el peor ataque a la libertad de expresión desde que volvió la democracia, una de las peores violaciones a los derechos humanos. Que no haya tenido un espacio en donde reconocerlo era una deuda pendiente. No sé por qué no se hizo antes el homenaje, pero es un justo reconocimiento», explicó el periodista rodeado de parte de las fotos profesionales y personales de Cabezas, desplegadas en el espacio que ocupa el Archivo Nacional de la Memoria en donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada.
El asesinato de Cabezas fue una violación a los derechos humanos porque, además de ser un crimen, significó el intento de por acallar a la prensa en su tarea de revelar lo oculto del poder. Con balas y fuego se pretendió silenciar la libertad de expresión.
Por eso, aquel suceso, en mi modesta opinión, nos hecha en cara el no haber asumido el gran desafío de entender la vigencia de los derechos humanos (y la violación de los mismos) aún hoy en día y más allá de aquella noche trágica que se extendió desde 1976 a 1983. Y ahí es donde me surgió otra inquietud, relacionada con el sentido acotado de los derechos humanos durante el kirchnerismo. En realidad siempre fue una pregunta que me hice en relación con aquel apego por vincular la cuestión casi exclusivamente a las atrocidades cometidas desde mediados de la década del setenta hasta el retorno democrático.
A propósito del tema, el secretario de Derechos Humanos de Cambiemos, anfitrión del homenaje a José Luis Cabezas, fue lapidario sobre lo sucedido en los 12 años de gobiernos kirchneristas. «Soy muy crítico de cómo durante la década pasada se cerró la discusión sobre los derechos humanos y la agenda se centró únicamente en los años 70, con lo que para mí fue un relato que no permitió una lectura real sobre la verdad. Cuando estudiamos el golpe militar uno tiene que analizar qué se perdió con la dictadura. La libertad, las vidas, la persecución, pero también se perdió el trabajo, el libre desempeño de la prensa. la libre circulación la libertad de estudio», describió el funcionario.
Pensar hoy en derechos humanos, en definitiva, es salir de aquel «setentismo» amañado que prendió y fuerte durante el kirchnerismo, seguramente porque desde 1983 hasta el quiebre económico, político y social de 2001 el estado de emergencia perpetuo no había permitido debatir a fondo esta cuestión.
«Hoy, que tenemos a un tercio de la población en la pobreza, tenemos que entender que está limitada en sus derechos; acceso a la justicia, a la educación, a la movilidad, al trabajo, al medioambiente… Se requiere un debate profundo. Respetar el concepto de «Memoria, Verdad y Justicia», bregar porque no se olvide, que actúe la Justicia y que la agenda (sobre los derechos humanos) se amplíe», agregó Avruj una vez finalizado el homenaje a Cabezas en la ex ESMA.
Quedará para los más críticos considerar si la agenda de derechos humanos del kirchnerismo fue una estrategia oportunista desde el punto de vista de lo político. Bien o mal intencionada, aquella propuesta caló hondo en la sociedad argentina y dio sus frutos con la anulación de las denominadas «Leyes del Perdón» (Punto Final y Obediencia Debida) y permitió poner en marcha un proceso de juicio y castigo a los autores intelectuales y materiales de los peores vejámenes cometidos durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

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Uno del tópicos más claros en donde se advierte hoy la deuda de la democracia con los derechos humanos, por ejemplo, es en el reconocimiento territorial a los pueblos originarios. El caso Maldonado apenas si sirvió para visibilidad dicha situación de postergación de los derechos de dichos pueblos sobre tierras que vienen reclamando. La desidia del Estado en reconocer esta situación viene arrastrándose desde hace muchos años y, a duras penas, se asumió un compromiso político para completar el relevamiento de los territorios en disputa y, eventualmente, entregar títulos de propiedad a quienes los reclaman como suyos.
También existe una larga lista de cuestiones sobre las cuales planean fantasmalmente los derechos humanos, pero sin tocar superficie: igualdad de género, la violencia contra la mujer, el acceso a la educación y salud de calidad… en estas y otras problemáticas se advierte que allí también deben garantizarse los derechos humanos. Y ese reconocimiento implica que debe ser el Estado el que los haga presentes y los sostenga.