El Gobierno tendrá por delante una instancia decisiva en la puja con las empresas británicas por la explotación de hidrocarburos en las islas.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias orales en las que analizará el pedido de la Argentina para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas. La presentación del gobierno de Javier Milei apunta contra el proyecto Sea Lion, impulsado por empresas que operan en la zona bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas del archipiélago.

La decisión, firmada por el presidente del organismo, Maurice Kamga, pone en marcha una etapa clave del procedimiento de urgencia. Con sede en Hamburgo, el tribunal deberá determinar si corresponde dictar medidas provisionales para detener las actividades petroleras hasta que se constituya el tribunal arbitral que tratará el fondo de la controversia.

Según informó el organismo, las audiencias serán públicas y se transmitirán en vivo por internet. Durante las jornadas, los jueces evaluarán si existe jurisdicción inicial para intervenir, si la urgencia justifica adoptar medidas y si los pedidos argentinos resultan proporcionales.

La resolución llegó una semana después de que la Argentina presentara formalmente su solicitud, el 13 de octubre. El reclamo busca que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de la explotación petrolera, deje de utilizar información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos argentinos y se abstenga de otorgar nuevos permisos que puedan agravar el conflicto.

Qué busca frenar la Argentina

El proyecto Sea Lion está ubicado a unos 198 kilómetros al norte de las Malvinas, en un área de 541,40 kilómetros cuadrados. La operación está a cargo de Navitas Petroleum, de origen israelí, que controla el 65% del emprendimiento, y de la británica Rockhopper Exploration, que posee el 35% restante.

Las empresas tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y proyectan iniciar la producción durante el primer trimestre de 2028. Según los reportes citados en la presentación argentina, la campaña de perforación de la primera etapa podría comenzar a principios de 2027, con trabajos de infraestructura en marcha para preparar la llegada de los equipos.

El desarrollo contempla 23 pozos distribuidos en seis centros de producción, además de instalaciones submarinas y un buque destinado a la producción, el almacenamiento y la descarga de petróleo. Para el Gobierno argentino, el avance del emprendimiento sin su consentimiento constituye una explotación unilateral de recursos en un área cuya soberanía está en disputa.

La presentación también cuestiona la experiencia operativa de las compañías. El documento sostiene que Navitas y Rockhopper no tienen antecedentes como operadoras de un campo petrolero offshore en producción, un planteo que la Argentina vincula con los riesgos ambientales de las actividades previstas.

El argumento ambiental y el riesgo de derrames

Uno de los ejes centrales del reclamo es la protección del medio marino. La estrategia jurídica permite a la Argentina sostener que el Reino Unido debe cumplir obligaciones ambientales internacionales sin que el tribunal tenga que pronunciarse sobre la soberanía de las islas.

El escrito cita antecedentes del arbitraje del Mar del Sur de China para argumentar que las obligaciones de protección ambiental se aplican a todos los Estados en las áreas marítimas y que su cumplimiento no depende de resolver previamente las disputas territoriales.

Entre los elementos presentados, el Gobierno incluyó antecedentes de incidentes durante exploraciones petroleras y datos de planes de contingencia elaborados por las propias empresas. Uno de esos documentos, presentado por Premier Oil ante las autoridades de facto de las islas, estimó que un derrame podría alcanzar aguas argentinas en cuestión de semanas o incluso días, según el tipo de crudo.

La presentación también pide que el Reino Unido deje de impedir que la Argentina cumpla sus obligaciones ambientales y que no adopte nuevas decisiones que profundicen la controversia. Según el planteo oficial, los posibles daños al medio marino podrían ser irreversibles, lo que justificaría la urgencia de una intervención judicial.

La respuesta británica y el antecedente de las licencias

La disputa se intensificó luego de que las autoridades de facto de las Malvinas extendieran por cinco años distintas licencias de producción de hidrocarburos. La decisión se tomó el 21 de septiembre de 2026, una semana antes de que la Argentina iniciara formalmente el arbitraje.

El Gobierno argentino considera que esa ampliación de permisos constituye una modificación unilateral que puede agravar el conflicto. Por eso, uno de los pedidos cautelares apunta a impedir nuevas medidas de ese tipo mientras avance el procedimiento internacional.

El Reino Unido, por su parte, confirmó que participará del arbitraje, pero rechazó que la notificación argentina invalide las licencias o exija detener las actividades petroleras. La ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo ante la Cámara de los Comunes que el inicio del procedimiento no modifica la autoridad regulatoria de las islas y afirmó que las actividades de desarrollo de hidrocarburos continuarán bajo la posición británica.

Además, el Gobierno británico anunció la activación de la legislación de Protección de Intereses Comerciales, que permite impedir que empresas y personas del Reino Unido sean obligadas a cumplir regulaciones extraterritoriales de otros países. El secretario de Negocios, Jonathan Reynolds, advirtió que su administración actuará si la Argentina intenta obstaculizar lo que considera actividad comercial legítima. El canciller Ed Miliband también calificó de inaceptables los intentos de presionar a empresas e individuos.

Kumaran, en tanto, afirmó que el Reino Unido está preparado para tomar medidas adicionales si la situación continúa. Sin embargo, la ministra señaló que su país considera vinculantes las medidas provisionales que dicte el tribunal y que cumplirá con sus obligaciones internacionales.

Los antecedentes del tribunal internacional

La vía elegida por la Argentina tiene precedentes en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En 2015, durante la controversia entre Ghana y Costa de Marfil, el organismo ordenó que Ghana no realizara nuevas perforaciones petroleras en el área marítima disputada, aunque permitió que continuaran las operaciones que ya estaban en marcha.

Otro antecedente es el caso de la fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 por una acción judicial vinculada con acreedores de la deuda argentina. En esa oportunidad, la Cancillería recurrió al tribunal y obtuvo una orden para la liberación inmediata e incondicional del buque.

En el caso actual, una decisión favorable a la Argentina sería de cumplimiento obligatorio para el Reino Unido. Una vez constituido el tribunal arbitral, ese cuerpo podrá mantener, modificar o dejar sin efecto las medidas provisionales que se adopten durante esta etapa.

La vicepresidencia del organismo está a cargo, desde el 1 de octubre, de la jueza argentina Frida María Armas Pfirter, elegida para el período 2026-2029. Su nacionalidad no impide su participación en el caso, ya que el estatuto del tribunal no establece una recusación automática por ese motivo.