El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte ordenó a los clubes entregar contratos, transferencias y documentación sobre préstamos y sponsoreos vinculados a la financiera de Maximiliano Vallejo. Si no cumplen, podrían avanzar con allanamientos.
La Justicia Federal avanzó sobre Racing, San Lorenzo y Argentinos Juniors en la investigación por las operaciones de Sur Finanzas, la financiera de Maximiliano Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte dispuso órdenes de presentación para que los clubes entreguen documentación relacionada con préstamos, sponsoreos y movimientos financieros. La medida busca reconstruir la trazabilidad del dinero y determinar el origen y destino de los fondos que circularon por las entidades investigadas.
Qué les pidió la Justicia a Racing, San Lorenzo y Argentinos
Las órdenes judiciales alcanzan a los tres clubes y contemplan la entrega de estados de cuenta, transferencias, contratos, comprobantes de pago y documentación bancaria, financiera y comercial.
La Justicia busca analizar especialmente los movimientos realizados después de que las entidades fueran autorizadas a volver a operar sus cuentas bancarias y, en algunos casos, sus cuentas comitentes. La investigación apunta a determinar qué ocurrió con los fondos durante ese período y quiénes fueron sus eventuales destinatarios.
Los préstamos de Sur Finanzas a los clubes
En el caso de San Lorenzo, un informe elaborado por el propio club registró $1.640 millones en préstamos de Sur Finanzas, distribuidos en ocho transferencias. Además, hubo otros $300 millones relacionados con un adelanto de derechos de televisión gestionado por la AFA, operación que la institución diferenció de los préstamos.
Por su parte, Argentinos Juniors habría recibido $600 millones, según sostuvo judicialmente la defensa de Ariel Vallejo. Esos fondos habrían sido destinados al pago de salarios y a obras en la tribuna. En cuanto a Racing, Vallejo había comprometido un sponsoreo de un millón de dólares por año para la institución.
La Justicia ahora busca contrastar esas operaciones con la documentación financiera y comercial que será incorporada al expediente.
La causa contra Sur Finanzas
Maximiliano Vallejo y sus socios están investigados por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta. Según fuentes judiciales citadas en la causa, también se investiga la posible existencia de infracciones a la ley cambiaria por unos 100 millones de dólares.
Vallejo negó los cargos durante su declaración indagatoria. La investigación tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, bajo el expediente 50.354/2025.
Qué busca determinar el juez Rodríguez Ponte
El objetivo principal de las nuevas medidas es seguir el recorrido del dinero y reconstruir los movimientos financieros de las empresas y entidades alcanzadas por la investigación. En su resolución, el magistrado señaló la necesidad de conocer la trazabilidad del dinero, activos, acciones y títulos vinculados con las personas jurídicas investigadas.
Las medidas también alcanzan a otras empresas, entre ellas Godel Quilmes SA, Pagos y Transferencias SA, Cobro Express Buenos Aires SA, Pagos Dica SA, Núcleo Transportadora SA, Fundraiser SAS, Cobranza Integral SA y AGA Group SRL.
La amenaza de allanamientos
Las órdenes de presentación permiten a la Justicia reclamar formalmente documentación y elementos considerados relevantes para la investigación. Si los destinatarios se niegan a entregarlos, el magistrado puede disponer medidas coercitivas, entre ellas allanamientos.
Las diligencias estarán a cargo de la División Unidad Operativa Federal Ezeiza de la Policía Federal Argentina, que deberá reunir documentación bancaria, financiera y comercial.
El juez también habilitó la realización de las medidas en horarios inhábiles, teniendo en cuenta la complejidad y el volumen de documentación que podría ser necesario obtener.
La Justicia busca reconstruir el circuito del dinero
Las medidas forman parte de una nueva etapa de la investigación. En diciembre de 2025 se habían dispuesto distintas restricciones financieras sobre varias de las entidades ahora alcanzadas.
Posteriormente, la Justicia autorizó progresivamente a esas instituciones a volver a operar sus cuentas bancarias y, en determinados casos, sus cuentas comitentes. Ahora, Rodríguez Ponte busca conocer qué operaciones realizaron después de esas autorizaciones y hacia dónde se dirigieron los fondos.
La documentación obtenida será cruzada con la información que ya figura en el expediente para establecer si los préstamos, acuerdos comerciales y sponsoreos vinculados con Sur Finanzas presentan movimientos financieros de relevancia para la causa.
Por el momento, la resolución no atribuye responsabilidad penal a Racing, San Lorenzo ni Argentinos Juniors. Las medidas tienen como objetivo reunir documentación y profundizar una investigación que continúa en curso.
