La delegación argentina concluyó su alegato ante el Tribunal del Mar y ratificó el pedido para frenar las perforaciones británicas: cuándo se conocerá el fallo.
La Argentina concluyó su presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) y ratificó su pedido de medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por el Reino Unido en aguas circundantes a las Islas Malvinas. Durante el cierre de la segunda audiencia, la delegación nacional también reiteró su disposición a retomar las negociaciones bilaterales para resolver la controversia.
El alegato final estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, quien sostuvo que durante las audiencias quedaron demostrados los cuatro elementos necesarios para justificar la intervención del tribunal: la competencia prima facie del futuro tribunal arbitral, la plausibilidad de los derechos argentinos en disputa, el riesgo de un perjuicio irreparable y la urgencia de adoptar medidas antes de que se constituya ese órgano.
En concreto, Buenos Aires solicitó que el Reino Unido suspenda las perforaciones y la instalación de infraestructura de producción vinculadas a Sea Lion en la cuenca norte de las Malvinas. También pidió que Londres se abstenga de utilizar información obtenida durante las tareas de exploración en detrimento de los derechos argentinos, que deje de obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la Argentina y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.
Antes de finalizar su intervención, Oyarzábal reafirmó la voluntad argentina de reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido y de alcanzar acuerdos provisionales de carácter práctico mientras continúe sin resolverse la disputa.
El diplomático también cuestionó el comportamiento de la delegación británica durante el procedimiento. Señaló que Londres no presentó una memoria escrita dentro del plazo establecido, intentó modificar su prueba documental minutos antes de la última jornada y excedió en más de 15 minutos el tiempo asignado para sus exposiciones.
Además, objetó las declaraciones testimoniales incorporadas por el Reino Unido, al considerar que no constituían pruebas de hechos, sino alegatos de personas con intereses directos en el resultado del proceso.
Ante la posibilidad de que la delegación británica incorporara argumentos nuevos durante su turno de réplica, Oyarzábal dejó abierta la posibilidad de solicitar autorización al tribunal para presentar una respuesta por escrito, dado que la Argentina ya no tendría otra oportunidad de intervenir oralmente.
Los cinco puntos de conflicto entre Argentina y el Reino Unido
La segunda ronda de audiencias en Hamburgo volvió a exponer las diferencias entre ambos países sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. La discusión no se limita a la soberanía de las Islas Malvinas, sino que comprende cinco cuestiones centrales que enfrentan las posiciones jurídicas de Buenos Aires y Londres.
El primer desacuerdo está relacionado con la competencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La Argentina sostiene que su presentación se refiere al cumplimiento de obligaciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), mientras que el Reino Unido considera que el reclamo tiene como fundamento una disputa territorial que excede las atribuciones del organismo.
La segunda controversia gira alrededor de la explotación unilateral de recursos naturales en un territorio cuya soberanía permanece en disputa. Buenos Aires invoca la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1976, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúe la controversia.
Londres, en cambio, defiende la legalidad de Sea Lion bajo la legislación de las islas y sostiene que las actividades de exploración cuentan con antecedentes de más de dos décadas. Durante las audiencias, uno de sus representantes cuestionó la urgencia del reclamo argentino al recordar que las perforaciones se realizan desde 1998.
El tercer eje enfrenta el argumento británico de la autodeterminación de los habitantes de las islas con el reclamo argentino sobre los recursos naturales de la plataforma continental. El Reino Unido invoca el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los votantes respaldó la continuidad del archipiélago como territorio británico.
La delegación argentina distingue entre los derechos e intereses de los habitantes y la explotación de los recursos de un área cuya soberanía está en discusión. Durante su exposición, Oyarzábal afirmó: «Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa». También sostuvo que esos recursos «pertenecen al pueblo argentino: unos 46 millones de personas».
El cuarto punto está vinculado con la urgencia de las medidas solicitadas. La Argentina advierte que los trabajos preparatorios del proyecto ya comenzaron y que la plataforma de perforación Noble Endeavour tiene previsto iniciar operaciones en Sudamérica durante enero de 2027.
El Reino Unido, por su parte, sostiene que las perforaciones no comenzarán antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción efectiva de hidrocarburos recién se concretará en 2028. Para entonces, según su planteo, el tribunal arbitral encargado de resolver el fondo de la controversia ya estará constituido.
Por último, existe una diferencia sobre el riesgo ambiental de la explotación petrolera. Buenos Aires advierte sobre la posibilidad de derrames que podrían alcanzar sus aguas en un plazo de 30 días y sostiene que debería coordinar la respuesta ante un eventual accidente.
Londres rechaza ese planteo y se apoya en la evaluación de impacto ambiental del proyecto, que calificó los riesgos de perturbación del lecho marino como «muy bajos a bajos». También cuestionó que la Argentina no haya presentado pruebas concretas de un daño inminente.
Qué debe evaluar el Tribunal del Mar antes de resolver
Para conceder las medidas provisionales, el TIDM debe verificar tres condiciones principales. La primera es que el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR tenga, al menos de manera preliminar, competencia sobre la controversia. La segunda es que exista una situación de urgencia. La tercera es que los derechos que la Argentina busca proteger sean plausibles desde el punto de vista jurídico y de los hechos.
La discusión sobre la jurisdicción concentra buena parte de la estrategia británica. La fiscal general del Reino Unido, Ellie Reeves, sostuvo que el reclamo argentino está relacionado con la soberanía territorial y que esa cuestión no puede ser resuelta por el Tribunal del Mar.
La posición argentina rechaza esa interpretación. El planteo de Buenos Aires no busca que el organismo determine quién tiene la soberanía sobre las islas, sino que ordene preservar los derechos sobre la plataforma continental mientras la disputa continúa su curso en los ámbitos correspondientes.
Para fundamentar su posición, la delegación nacional también recurrió a dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas: la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países, y la 31/49 de 1976, que instó a evitar decisiones unilaterales.
Sobre el riesgo de perjuicio irreparable, Oyarzábal remarcó que los hidrocarburos son recursos no renovables y que su extracción no puede revertirse. La Argentina sostiene que esperar hasta la intervención del tribunal arbitral podría dejar sin protección efectiva los derechos que busca preservar.
Los tres escenarios que analiza el Gobierno argentino
Tras finalizar las audiencias, el Gobierno contempla tres posibles resultados para la presentación ante el Tribunal del Mar.
El primero sería una aceptación integral del pedido argentino, con una orden al Reino Unido para suspender las actividades vinculadas a Sea Lion hasta que el tribunal arbitral adopte una decisión sobre el fondo de la controversia.
El segundo escenario contempla una aceptación parcial de los argumentos de Buenos Aires. En ese caso, el organismo podría disponer algunas de las medidas solicitadas, con un alcance que dependerá de los puntos que considere acreditados.
El tercer desenlace sería un rechazo del planteo argentino por considerar que no se cumplen las condiciones necesarias para intervenir de manera provisional. Esta posibilidad fue considerada menos probable por los especialistas consultados por Infobae.
Uno de ellos sostuvo que el Tribunal del Mar concedió medidas provisionales en todos los casos en los que recibió solicitudes de este tipo, aunque aclaró que no siempre otorgó exactamente lo que habían pedido los Estados. Sobre la presentación argentina, expresó: «Yo creo que realmente estamos muy bien».
Milei siguió las audiencias y la princesa Ana llegó a Malvinas
El presidente Javier Milei siguió el desarrollo de las audiencias desde Buenos Aires. Según supo Infobae, el mandatario compartió un mensaje con integrantes de su gabinete después de la primera jornada: «Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia».
La delegación argentina está encabezada por María Ibarzábal Murphy, secretaria legal y técnica de la Presidencia; Mario Oyarzábal y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania. También participan funcionarios de Economía, Cancillería y la Procuración del Tesoro, junto con especialistas en derecho internacional como Marcelo Kohen y Nico Schrijver.
Por el lado británico, la representación incluye a la fiscal general Ellie Reeves, los abogados Sally Langrish y Paul McKell y funcionarios de la administración de las islas. También siguen las exposiciones desde la sala los directivos de las empresas involucradas en Sea Lion: Ian Ramsay, de Navitas Petroleum, y Samuel Moody, de Rockhopper Exploration.
En paralelo, la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, llegó a las Malvinas el 9 de noviembre, un día antes del comienzo de las audiencias en Hamburgo. Su viaje desde Leicestershire había comenzado la noche del 8 de noviembre, según informó el registro oficial de actividades de la Casa Real británica.
Cuándo se conocería la decisión sobre el proyecto Sea Lion
La expectativa está puesta ahora en la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que deberá determinar si corresponde adoptar medidas provisionales antes de que se constituya el tribunal arbitral del Anexo VII.
De acuerdo con el estatuto y el reglamento del organismo, la decisión debería conocerse aproximadamente un mes después de la presentación argentina. Ese plazo vence el viernes 13 de noviembre, aunque no se descarta que el pronunciamiento se extienda hasta el lunes siguiente.
El proyecto Sea Lion está ubicado a unas 107 millas náuticas (198 kilómetros) al norte de las Islas Malvinas, en un bloque de 541 kilómetros cuadrados. Operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, contempla una fase de producción de 35 años y la perforación de 23 pozos, con inicio de las tareas previsto para los primeros meses de 2027.
Un eventual fallo favorable a la Argentina también tendría consecuencias en el plano diplomático. Según un funcionario de Cancillería consultado por Infobae, si el tribunal reconoce la existencia de una controversia que requiere protección jurídica, quedaría debilitada la posición británica de que no existe una disputa pendiente con Buenos Aires por la soberanía de las Malvinas.
