Qué cambia para las personas tras la nueva reglamentación.

Un plenario de comisiones del Senado firmó dictamen favorable al proyecto de una nueva ley de discapacidad, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados. La iniciativa busca establecer un régimen permanente que reemplace la actual emergencia en el área, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre. Entre sus principales disposiciones contempla mantener las pensiones no contributivas, actualizar sus montos por inflación y establecer un nomenclador universal de prestaciones con aranceles unificados.

El despacho fue firmado durante una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano. La senadora Alicia Kirchner, presidenta de esta última comisión, defendió la necesidad de avanzar con el tratamiento para evitar que el vencimiento de la normativa vigente deje al sector sin cobertura.

“Hay personas que nos han dicho de agregar esto o lo otro, pero el 31 de diciembre vence la ley y es fundamental que le demos sanción. Toda ley es perfectible, pero hoy tenemos que garantizar la mayor cobertura”, sostuvo.

Por su parte, el senador Carlos Linares retiró una propuesta para prorrogar la emergencia y manifestó su preocupación por la situación de las personas con discapacidad y los prestadores. “Es lo más cercano que tenemos, pero no es lo ideal”, señaló. También reclamó previsibilidad sobre los recursos que se asignarán al sector en el Presupuesto 2027.

Qué establece el proyecto de ley de discapacidad

El texto consensuado mantiene las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y establece al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso al beneficio. También incorpora un mecanismo de actualización que busca evitar que los ingresos de los titulares pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

Uno de los puntos centrales es la compatibilidad entre las pensiones y el empleo formal. De esta manera, las personas con discapacidad podrán conservar el beneficio aunque consigan un trabajo registrado o estén inscriptas en un régimen tributario, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La iniciativa también contempla el acceso a las prestaciones básicas de salud previstas en la Ley 24.901 a través del Programa Incluir Salud. Para financiar el sistema, se establecen partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud y compensaciones del Tesoro en caso de que los recursos asignados resulten insuficientes.

Además, se incorpora un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado, con el objetivo de establecer criterios comunes para los servicios destinados a las personas con discapacidad.

Controles, auditorías y deudas con los prestadores

El proyecto incluye mecanismos de fiscalización más estrictos sobre las pensiones. La Secretaría Nacional de Discapacidad tendrá a su cargo auditorías periódicas mediante el cruce de información con organismos como ANSES, ARCA, Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

Ante la detección de incumplimientos objetivos, se podrá disponer la suspensión preventiva de un beneficio. Sin embargo, el procedimiento deberá garantizar notificaciones y mecanismos de rehabilitación provisoria para los titulares, bajo un esquema de debido proceso inclusivo.

Otro de los aspectos contemplados es la deuda que el Estado mantiene con prestadores del sistema. Si existen obligaciones pendientes al momento de la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y completar las cancelaciones en un plazo máximo de 90 días.

Cruces políticos durante el debate en el Senado

La reunión también estuvo atravesada por diferencias entre legisladores del oficialismo y la oposición. La senadora Alejandra Vigo reclamó modificaciones al proyecto, una postura que generó cuestionamientos entre otros integrantes del plenario por la urgencia de avanzar con la iniciativa antes del vencimiento de la emergencia.

Durante el encuentro también hubo intercambios entre la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y legisladores peronistas. La discusión sumó las intervenciones de Juliana di Tullio, Bruno Olivera Lucero y Joaquín Benegas Lynch, entre otros representantes.

Bullrich defendió la propuesta al considerar que permitirá establecer una respuesta permanente y brindar previsibilidad después de los conflictos registrados en el área. También destacó la compatibilidad entre pensiones y empleo formal, además de la incorporación de controles y beneficios para empleadores.

Con el dictamen firmado, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento en el recinto del Senado. La discusión legislativa tendrá como eje la posibilidad de establecer un nuevo marco normativo antes del 31 de diciembre, cuando vence la actual emergencia en discapacidad.