Kazuo Ishikawa fue condenado a la horca por un crimen que no cometió. Aprendió a leer y escribir, se asesoró y logró revertir el castigo. Después de más de medio siglo y sometido al régimen de libertad condicional, sigue reclamando su absolución.

por Lucio Casarini
«Solo hay una manera de que te salves; necesitás estudiar para poder apelar tu inocencia ante el pueblo de Japón a través de una carta; no hay otra forma de que puedas sobrevivir». Estas palabras de un guardia carcelario tuvieron un efecto providencial en Kazuo Ishikawa. «Tuve la suerte de haber conocido a ese vigilante del presidio que me mostró la importancia de la alfabetización», dice el protagonista de esta historia, actualmente de 89 años. En el momento del hecho que le imputaron tenía 24. El propio agente se tomó el trabajo de instruirlo culturalmente. «Era un recluso condenado a muerte, pero el guardia creyó en mi inocencia».
Las citas mencionadas de Kazuo Ishikawa y las que continúan están en la página virtual del Centro de Información de Japón sobre Inocencia y Pena de Muerte (Jiadep.org) en un artículo titulado ‘El caso Sayama: ¿Algún final a la vista?’ (The Sayama Case: Any End in Sight?). Sayama es el nombre de la localidad en la que ocurrió en 1963 el homicidio en cuestión, que tuvo como víctima a una estudiante de 16 años. También es el lugar en que vivía Ishikawa. Se trata de una población de los alrededores de Tokio, la capital japonesa.
El caso Sayama y la persona de Kazuo Ishikawa se convirtieron en símbolos del reclamo de justicia en el país. «Puede molestar que lo diga, pero me alegro de haber sido involucrado en este lío», dice Ishikawa. «Si no hubiera sido arrastrado a este caso, no habría aprendido a leer o escribir, ni sabría que hay un movimiento para erradicar la discriminación», agrega en referencia a la Liga de Liberación Buraku (Bll.gr.jp), a la que pertenece y que lo asesora desde la época en que esperaba turno para la horca.
«No podía ir a la escuela cuando era pequeño porque yo era un buraku», recuerda, mencionado su origen, la casta de los burakumin, que es la clase social más baja de Japón; los integrantes de este grupo sufren un estigma similar al que padecen los intocables en la India. «Comencé a trabajar como criado en la infancia; la mayoría de las personas buraku no pueden ir a la escuela».
La Liga de Liberación Buraku resultó determinante para que los jueces revirtieran el castigo capital, que fue cambiado por el de trabajos forzosos. «Creo firmemente que la pena de muerte debería ser abolida», dice Ishikawa. «Debemos abolir la pena de muerte y la matanza errónea de acusados». El veredicto que ordenó quitarle la vida se apoyaba una confesión obtenida tras un mes de torturas aplicadas por la policía.
«Confesé un crimen que nunca cometí», se defiende Kazuo Ishikawa. «Alegué mi inocencia por un mes; firmé la confesión el día treinta después de mi arresto», sigue. «La tortura más severa fue mantenerme despierto por la noche; a la mañana siguiente, a las ocho en punto, comenzaba el interrogatorio y me golpeaban cuando me quedaba dormido», recuerda. «Me golpeaban en la cabeza; ahora no me queda cabello, pero también me tiraron del pelo; esto (pone los puños a ambos lados del cráneo) fue lo más doloroso de todo; me daban con los puños en la cabeza; eso era realmente doloroso; al final se volvió insoportable».
El expediente con que lo acusaron fue inventado de forma descarada. «No me interrogaron porque no sabía nada sobre el hecho», explica. «La policía armó una historia como si yo hubiera confesado el homicidio y armó la declaración; yo no sabía leer ni escribir entonces, así que no tenía idea de lo que redactaron; solo les di mi huella digital y escribí mi nombre; eso es todo».
Kazuo Ishikawa se vio involucrado en el caso porque tomó el lugar de un hermano. «Mi hermano mayor fue arrestado», recuerda. «Nuestra familia habría estado en un gran problema si detenían al principal sostén de la casa; le dije a la policía que me llevaran en su lugar».
Las autoridades necesitaban encontrar a un culpable sí o sí porque un crimen anterior había quedado sin resolver. «Mi hermano en realidad tenía una coartada; estaba en su casa la noche del asesinato», continúa. «Yo [también] tengo una coartada», agrega. «Durante las horas que se dijo que se había cometido el crimen, yo estaba cenando con mis padres, dos hermanas menores y un hermano menor; pueden respaldarme con eso, pero la policía dijo que su declaración no podía utilizarse como evidencia porque eran de mi familia».

La peor violación de los derechos humanos

Seis de cada diez seres humanos viven en países donde rige la pena de muerte. Japón, Estados Unidos, China e India son algunos de los algo más de 50 estados nacionales que aplican este castigo. Unos 100 estados —entre los que se cuenta la Argentina— lo han abolido totalmente. Otros 30 países prevén la medida en su sistema legal pero son abolicionistas en la práctica. Unas pocas naciones la han descartado para delitos comunes, aunque la mantienen para circunstancias especiales, como crímenes de guerra.
Después de tres décadas en prisión, en 1994, Kazuo Ishikawa obtuvo una libertad restringida. «Todavía estoy en libertad condicional; se supone que ni siquiera debo expresar mi inocencia hasta que se demuestre».
La absolución de Ishikawa sería un fallo histórico. «Mi inocencia es tan clara que [los jueces] pueden tomar una decisión en cualquier momento», se ilusiona. «El Tribunal Superior de Tokio reconoció una serie de pruebas; con esto, mi verdad se hizo aún más evidente», sigue. «La policía retiene una montaña de indicios; una vez que los revelen, se demostrará que soy inocente», denuncia. «La policía se niega a revelar la evidencia por temor a que más de 10 millones de personas de las comunidades buraku en todo el país la denuncien por discriminación», explica. «La institución también está tratando de mantener limpio el historial de sus oficiales superiores».
El debate sobre la pena de muerte es constante en todo el mundo. Los abolicionistas creen que es la peor violación de los derechos humanos, porque la vida es el derecho más importante y la pena capital lo viola sin necesidad e inflige a los condenados una tortura psicológica. Con frecuencia califican la norma de castigo cruel, inhumano y degradante. La organización Amnistía Internacional considera que es «la negación definitiva e irreversible de los derechos humanos». La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aconsejado «restringir progresivamente el número de delitos por los que se podría imponer la pena de muerte, con la intención de abolir este castigo».
«No tenía idea de cómo funcionaba el sistema; yo era ignorante; ni siquiera sabía la diferencia entre abogados, policías, jueces y fiscales», dice Kazuo Ishikawa. «Pude aprender a leer y escribir, que es un tesoro que no podía comprar», se emociona. «Necesitamos cambiar un sistema que permite acusaciones apócrifas; la policía japonesa puede retener a un sospechoso durante días, a diferencia de [lo que ocurre en] otros países»
El método de ejecución de la pena de muerte varía con los lugares: horca (Japón, estado de Washington en los Estados Unidos, Afganistán, Irán y otros), disparo de arma de fuego (Estados Unidos —algunos distritos—, China, Vietnam, Bielorrusia, Corea del Norte, Indonesia, Yemen), inyección letal (Estados Unidos —método más común—, Guatemala, Tailandia, China, Vietnam), electrocución e inhalación de gas (Estados Unidos —algunos distritos los prevén como alternativa—) y decapitación (Arabia Saudita).
«La pena de muerte forma parte del mismo paradigma social que la guerra, ambos son utilizados por el Estado para imponer el control a través de la violencia», es la visión de Helen Prejean, una monja católica estadounidense conocida por su campaña contra este castigo. «Tenemos un mecanismo selectivo para elegir a los condenados», dijo la hermana Prejean durante una visita a Japón, en diálogo con el diario Japan Times (Japantimes.co.jp). «Me pregunto: si alguien matara a tres mendigos de Tokio ¿despertaría la misma pasión?».
El Centro de Información de Japón sobre Inocencia y Pena de Muerte registra al menos 150 casos de ciudadanos condenados a la horca por error en las últimas décadas. La organización Amnistía Internacional sostiene que el sistema de justicia japonés tiende a confiar mucho en las confesiones y que la mayoría de los condenados a muerte han recibido su castigo sobre la base de confesiones extraídas bajo coacción. La misma entidad denuncia que los sospechosos son retenidos en celdas policiales hasta 23 días sin representación legal financiada por el estado. Por lo general, son interrogados durante 12 horas al día, no pueden estar presentes abogados, no se hacen grabaciones y se los somete a una presión constante. Una vez que se los declara culpables, es muy difícil obtener un nuevo juicio y los presos pueden permanecer bajo pena de muerte durante muchos años.
Amnistía Internacional también denuncia abuso físico, falta de sueño y denegación de comida, agua y uso de un inodoro. Otra crítica es que los reclusos japoneses permanecen años y décadas en el llamado corredor de la muerte sin ser informados de la fecha de su ejecución. El consecuente estrés intenso y prolongado provoca en muchos condenados el deterioro de su salud mental.
«En el pasado pensé en suicidarme, pero si lo hacía seguiría siendo culpable y no podría reclamar mi inocencia», dice Kazuo Ishikawa. «Debo continuar con esta lucha para buscar la verdad, pensé; es por eso que todavía estoy aquí de pie».