Exigen mediante un amparo que la actividad sea declarada esencial en el contexto de la cuarentena. Acudirán a la instancia interamericana. Pertenecen al grupo Abogados en Emergencia Somos Todos. por Lucio Casarini «Venimos en calidad de abogados en ejercicio de la profesión e invocando representación de todos los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a interponer acción de amparo colectivo contra el Poder Judicial de la Nación y contra el Poder Ejecutivo Nacional». Así comienza la medida presentada el 6 de mayo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Juzgado 3, Tucumán 1388, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La carátula se titula «Contreras, Claudia Elizabeth, y otros» (expediente CAF 9921/2020). Es iniciativa del grupo Abogados en Emergencia Somos Todos. «Se solicita que el Poder Ejecutivo Nacional dicte en forma urgente un decreto de necesidad y urgencia que incorpore expresamente la justicia como actividad esencial». «Se ordene el inmediato restablecimiento de la prestación del servicio de justicia mediante la urgente, inmediata y definitiva implementación, puesta en funcionamiento y aplicación de las modalidades de teletrabajo». «Asimismo se garanticen las condiciones de higiene y salubridad atento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud». «Es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia. El servicio de justicia no puede seguir interdictado. Hacerlo implica la renuncia consciente por el Estado Argentino de su misión de garantizar tan elemental prestación necesaria para la protección de los derechos y libertades del hombre». «Comprometiendo la responsabilidad internacional del país, por violación de la Convención Americana y de la interpretación que de sus arts 8 y 25 efectúa la Corte Interamericana». «Asimismo, se realizará la denuncia correspondiente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que se expida de la grave situación institucionales que está viviendo nuestro país donde uno de los poderes se ve privado de su libertad: el Poder Judicial». «Se debe garantizar el acceso irrestricto a la justicia conforme los artículos 8 y 25 del pacto de San José de Costa Rica que tienen jerarquía constitucional y que se transcriben a continuación: Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez (…). Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces (…).» [caption id="attachment_12700" align="aligncenter" width="880"] Abogados porteños: «Mantener paralizada la justicia es un auténtico disparate»[/caption]

Teletrabajo para enfrentar la crisis

«El 20 de abril pasado el relator especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial, Diego García Sayán», argumenta el amparo de los abogados porteños, «emitió opinión sobre los desafíos de la justicia ante la emergencia del coronavirus». «Son necesarias acciones urgentes para fortalecer el apoyo y las garantías para el funcionamiento de una justicia independiente de la independencia de la justicia y su acercamiento a la gente alentando para ello pasos creativos», dijo el peruano García Sayán según cita el amparo. «La crisis de salud mundial está erosionando la estabilidad económica y social, el riesgo de aumento de la violencia y la delincuencia y en general, la estabilidad institucional». «Una racionalización inmediata a lo esencial de los servicios que prestan los sistemas de justicia en torno a asuntos que pueden considerarse prioritarios son decisiones urgentes a adoptar por un sistema judicial independiente», sigue García Sayán. «La priorización resulta inevitable dada la crisis global y las limitaciones institucionales y presupuestales; esta es una opción inevitable y urgente para prevenir la exclusión social y para garantizar la protección de los derechos humanos. «Las tecnologías informáticas y el uso del teletrabajo para enfrentar la crisis actual procesando casos de abusos debe ser urgentemente puesto en funcionamiento», continúa García Sayán. «La innovación y el teletrabajo son esenciales, especialmente para tribunales y jueces que tienen que conocer casos de derechos humanos». «Las cuarentenas y las distancias sociales no deben impedir que el sistema judicial funcione y que lo haga respetando el debido proceso», abunda García Sayán. «La situación actual plantea la exigencia de ponerse al día y de hacerlo ya con el teletrabajo. En particular, para que tribunales, jueces y fiscales puedan lidiar con asuntos que puedan referir a derechos fundamentales en riesgo o a la previsible situación de inseguridad ciudadana». «Es de lógica elemental sostener que no puede someterse a un largo proceso sino a uno que revista el carácter de sumarísimo», retoman los abogados porteños, «la determinación de la necesidad de que el servicio de justicia se brinde con regularidad, aun mientras duren las condiciones excepcionales que importa la pandemia mundial de Covid-19». «Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho: La noción derechos de incidencia colectiva (art. 43, Constitución Nacional) no se limita a la más tradicional de sus versiones (es decir, los llamados intereses difusos), sino que abarca otras situaciones en las que el bien tutelado pertenece de modo individual o divisible a una pluralidad relevante de sujetos, la lesión proviene de un origen común, y las características del caso demuestran la imposibilidad práctica o manifiesta inconveniencia de tramitar la controversia a través de los moldes adjetivos tradicionales (litisconsorcio, intervención de terceros, acumulación de acciones, etc.)». «El Presidente de la Nación el 10/4/2020 en conferencia de prensa televisada y reflejada en todos los medios periodísticos del país, con motivo de anunciar la extensión de la medida de aislamiento hasta el 26/4/20, expresó que ‘nadie sabe cuándo terminará este martirio’, dejando a las claras que nos encontramos frente a la posibilidad concreta de que el estado de cosas se prolongue por un largo período». [caption id="attachment_12701" align="aligncenter" width="460"] Diego García Sayán, relator especial de Naciones Unidas sobre independencia judicial.[/caption]

En condiciones de brindar el servicio

«A estas alturas no brindar el servicio de justicia con regularidad resulta un auténtico disparate», denuncia el amparo de los abogados porteños, «que vulnera derechos constitucionales y supralegales, que por este amparo se buscan proteger». «El servicio de justicia resulta esencial para el pleno funcionamiento del estado de derecho y que no puede prestarse a parcialmente como se lo viene haciendo desde el 16 de marzo pasado. Debe ser prestado en forma total y completa». «Si bien en un primer momento y frente a la urgencia que imponía el avance del virus, la reducción de la actividad del Poder Judicial a cero, entre tanto se generaran las condiciones necesarias para seguir funcionando, podía ser una medida atendible, hoy ya existen esas condiciones». «En una interesante recopilación efectuada en la publicación de Abogados.com.ar se hace un análisis de los medios electrónicos para poder ejercer nuestra profesión a distancia y como estos medios electrónicos han agilizado los tiempos judiciales». «El pasado 13 de diciembre se cumplieron 8 años desde el dictado de la primera de las acordadas de la Corte Suprema tendiente a modernizar la gestión de los expedientes judiciales en trámite ante el Poder Judicial de la Nación». «Desde el 2011 al 2015, la Corte avanzó progresivamente sobre dos funciones: la organización de un sistema de notificaciones por medios electrónicos y la disponibilidad online de todas las actuaciones de un expediente judicial». «Si bien estos cambios fueron modestos respecto de lo que se podía esperar de una auténtica modernización del trámite de los expedientes, lo cierto es que constituyó un importante avance entonces». «El Poder Judicial se encuentra en condiciones de brindar el servicio de justicia con regularidad mediante el trabajo domiciliario o a distancia de sus dependientes, con la intervención a distancia del resto de los operadores judiciales». «Mientras por un lado se generaron todas las condiciones para mantener con regularidad el servicio de justicia, preservando adecuadamente la salud mediante el teletrabajo, se limita en los hechos varios derechos constitucionales». «La Justicia no resulta un servicio más del Estado: es uno de los tres poderes sobre los que se cimenta el sistema republicano». «El Estado Nacional en esta emergencia se ha ocupado de asistir mediante diversas medidas a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, y lógicamente los abogados no nos encontramos alcanzados por ninguna de ellas». «Tampoco en su mayoría estamos alcanzados por los beneficios destinados a las pymes, fundamentalmente aquellas que resultan ser empleadoras». Para los abogados porteños: «Mantener paralizada la justicia es un auténtico disparate»]]>