Los ataques contra fiscales y el fallo de la Corte Suprema argentina sobre el beneficio del 2×1 para condenados por delitos de lesa humanidad ponen en debate la difícil tarea de «hacer justicia» en un país de profundas arbitrariedades y de «estados de excepción», en contraposición con la formalidad legal y muchas veces utópica del imperativo categórico del «ajustarse a derecho».
Dos episodios ponen de manifiesto la permanente (aunque no siempre perceptible) vigencia y centralidad de la crisis de la administración de Justicia en la Argentina.
Por un lado, los ataques al fiscal Fernando Castasegna (uno de ellos envuelto en sospechas sobre su veracidad) ocuparon los principales espacios en los medios de comunicación. El protagonista es un funcionario del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires con espesas investigaciones a cargo, sobre trata de personas, corrupción policial y negociados de abogados «caranchos».
Mientras que la Justicia investiga los dos episodios que tienen al fiscal como protagonista, recobra toda su dimensión el rol protagónico que debieran tener los fiscales en nuestro país, no solo por ser víctimas de amenazas o de muerte (esto último, claro, a propósito de la todavía no esclarecido violento fallecimiento del fiscal especial Alberto Nisman): Los fiscales son protagonistas (o debieran serlo) en una República de plena vigencia de su institucionalidad. Y son los fiscales los que, en todo caso y en última instancia, tienen la llave para restituirla. Los ejemplos son muchos en el mundo y en la Argentina, hace tiempo y hoy en día.

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Uno de los sucesos internacionales que más lustre le dieron al papel de los fiscales fue el juicio a los jerarcas nazis, en el denominado Juicio de Nuremberg. Fue la tarea temeraria de los fiscales la que permitió recopilar los datos del horror perpetrado por el nazismo.
Otro temerario fiscal que quedó en la historia es el que cimentó la condena a Al Capone, aquel capo mafia estadounidense de sangre italiana, condenado por evadir impuestos aunque no por la tonelada de crímenes que ordenó.
Viniendo un poco más en el tiempo y en nuestro propio país, el recordado fiscal Julio Strassera fue el artífice de la condena a los jerarcas de la última dictadura, condenados en aquel recordado y denominado Juicio a las Juntas.
Más acá todavía aparecen los ejemplos del rol decisivo de los fiscales en el Mano Pulite italiano o el de los fiscales en el Lava Jato brasileño.
Y en nuestra historia argentina, también tenemos que rendir reconocimiento al fiscal Pablo Lanusse, quien sufrió el apriete y la tortura por haberse metido con la mafia del oro.
Y no podemos dejar de lado a la figura del fallecido fiscal Alberto Nisman. Designado para investigar exclusivamente los motivos del atentado a la AMIA, Nisman llevó adelante una investigación con pocos resultados a lo largo de los años de su tarea. Pero con una denuncia sobre el final de sus días de vida que apuntó al corazón del kirchnerismo para, horas después, terminar con un balazo en la cabeza, en circunstancias que aún se siguen investigando.
Son los fiscales, antes que los jueces, quienes tienen la llave de la Justicia, de hacer una buena, claro, y la pieza que abre las puertas a una era de institucionalidad un poco más decorosa.
En un país con pleno estado de derecho son los fiscales los que deben encabezar las investigaciones cruciales que todo sistema jurídico sano tiene y debe tener. Tantos años de manoseo sobre el sistema judicial, desde tiempos de la última dictadura hasta hoy, no ha hecho más que horadar la credibilidad del sistema judicial. El que se degradó, en definitiva, fue el concepto mismo de justicia, su valor supremo para un país que se considere justo, de plena Justicia. Entonces aparecieron las redentoras investigaciones de nosotros, los periodistas, y de los políticos de ocasión que surgieron como verdaderos superhéroes o superheroínas.
De lo que no nos dimos cuenta es de que tanto el periodismo convertido en «cuarto poder» y la dirigencia política en fiscales justicieros fueron y son protagonistas ante el estado de putrefacción del sistema judicial argentino. Jueces y fiscales no están haciendo su trabajo.

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Y después tenemos el tan comentado y opinado fallo de la Corte, sobre el beneficio del 2×1 a los responsables de delitos de lesa humanidad.
No nos vamos a meter en los considerandos jurídicos del asunto. Me reconozco poco entendido del tema. Pero sí me voy a animar a dar una mirada política del asunto. Porque no caben dudas de que el fallo más que jurídico es po-li-ti-co.
Lo es por tres motivos iniciales que son los tres votos a favor del beneficio al represor paramilitar Luis Muiña. Los pronunciamientos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti los vamos a dejar de lado. Su designación por parte del actual gobierno hasta podría explicar su pronunciamiento. Tampoco vamos a considerar los votos en disidencia del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y de Carlos Maqueda; estos dos supremos, en última instancia, votaron como doctrinariamente lo venía haciendo la Corte sobre estos temas. La lupa va a ir sobre la jueza Elena Highton de Nolasco.
La jueza cortesana, en este caso, voto a favor del beneficio del 2×1. Pero no hizo lo mismo en otras resoluciones ante cuestiones similares. La jueza argumentó que en dos fallos precedentes había rechazado que la Corte tratara cuestiones de beneficio mediante la reducción de penas, en casos de delito de lesa humanidad. Pero lo que no hizo la doctora Highton de Nolasco fue auto recordarse (y más bien prefirió olvidar) que en junio de 2009, en respuesta al pedido de un médico de la ex-ESMA, Jorge Magnacco, había sido muy clara: «La acción penal no se encuentra prescripta a la luz de nuestra legislación sustantiva».
¿Pasamos en limpio? Hace 8 años, la hoy todavía jueza de la Corte reconocía que no se podía conmutar pena alguna para un condenado por un delito de lesa humanidad. Es decir: no se puede reducir la condena para alguien, cuyos delitos cometidos se siguen cometiendo.
El propio constitucionalista, Daniel Sabsay, un incuestionable antikirchnerista militante, mostró su sorpresa por el borocotazo de la jueza Highton de Nolasco.
Para que no queden dudas: este no es un cuestionamiento jurídico al fallo de la Corte Suprema sobre el 2×1. Los fallos aunque no nos gusten se acatan. Lo que hay que advertir es la sumisión del Máximo Tribunal de Justicia al poder político de turno. Es decir: que la Corte se amolde ante el actual gobierno en curso sin que este haya presionado necesariamente a los jueces del Máximo Tribunal (como pareciera que sucedió en este caso). El riesgo es que el voto de Elena Highton de Nolasco haya sido una reverencia al poder político desde lo más alto del Poder Judicial.
Hace muy pocas semanas atrás, esta jueza decidió hacer un bollo con el marco jurídico que determina el límite de edad jubilatoria para ser magistrado o magistrada. Con acuerdo implícito pero no menos evidente del gobierno que no objetó su decisión, la cortesana permanece en funciones con una clara muestra del poco sentido ético de su decisión.
El premio para Highton fue muy grande; tal vez este giro de 180 grados con su voto, ahora a favor del 2×1 para un responsable por delitos de lesa humanidad, sea parte del agradecimiento al gobierno.
La Corte no falló en este resonado tema ante una vació legal inminente o en un contrapunto jurídico que comprometa los derechos de determinados ciudadanos. Este pronunciamiento llega fuera de tiempo jurídico, pero no del tiempo político.
Es una decisión que, es cierto, se para sobre la enorme demora en condenar y en dejar firmes las condenas a los represores. La dilatación de los tiempos, cierto regodeo de grupos de defensores de los derechos humanos con relatos sin fin de las víctimas de los horrores cometidos durante la última dictadura, y el beneficio para los funcionarios judiciales designados ad hoc para los juicios de lesa humanidad… todo conspiró para que los tiempos se estiraran hasta el infinito y que aparecieran entonces, planteos de reducción de condena, por ejemplo mediante el 2×1.

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El temor de este fallo de la Corte es que entre en una espiral de deslegitimación. Esta decisión la puede herir, especialmente en su credibilidad. Y le estará marcando el fin de ciclo a una de las pocas y muy buenas decisiones que tomó en su momento el kirchnerismo, Néstor Kirchner, aclaramos, cuando promovió la remoción de los jueces de la Corte adicta al menemismo para dar paso a la conformación de uno de los Tribunales más independientes que tuvo la Argentina en toda su historia judicial. Con los Lorenzetti, con los Zaffaroni, con las Argibay, con los Fayts y demás… Una Corte plural que no se casó con el gobierno de turno. Y que sufrió duros embates del kirchnerismo, por momentos asfixiantes, como lo fue durante la discusión por la Ley de Medios o en el debate por la idoneidad del fallecido Carlos Fayt.
Si queremos un país institucionalmente más o menos ordenados, con este fallo de la Corte, por lo político y no necesariamente por lo jurídico, le estaremos errando al viscachazo. O peor aún, el tiro puede salir por la culata.
Porque no es lo mismo hacer Justicia que ajustarse a derecho.